Senadores nacionales reclamaron que, antes de reglamentar el nuevo marco regulatorio, se convoque a sectores afectados por el recorte al biodiésel y el etanol.
Alejandra Vucasovich. Crédito: Archivo El Litoral
Senadores nacionales de la oposición solicitaron al secretario de Energía de la Nación, el neuquino Darío Martínez, que convoque a los “sectores afectados” tras la sanción de la ley que impuso un marco regulatorio de biocombustibles, y que limita el uso de biodiésel de soja y de etanol de maíz en los consumos del mercado interno.
“Veríamos con agrado que, previo al dictado de la respectiva reglamentación, convoque a consulta a todos los sectores afectados a fin de poder conocer, evaluar y mitigar el impacto negativo del nuevo régimen en nuestras provincias”, dice la nota remitida al funcionario nacional.
Durante la sanción de la norma, el peronista santafesino Roberto Mirabella mencionó la posibilidad de atenuar efectos en el marco de la reglamentación, compromiso que incluso señaló el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.
La nota opósitora lleva las foirmas de legisladores de la UCR y del Pro, y entre ellos de la santafesina Alejandra Vucasovich, reemplazante de Carlos Reutemann en la Cámara alta del Congreso.
“Tal como lo hicimos saber en el exiguo debate en el Senado de la Nación, esta ley resulta un retroceso en una política pública que llevaba ya más de 15 años de vigencia y cuya modificación no ha contado con el amplio consenso político que, en pos de mayor previsibilidad y estabilidad hubiera requerido.
“Este nuevo marco regulatorio de la actividad -sostienen en la nora a Martínez- además de modificar las condiciones en que se hicieron grandes inversiones en nuestras provincias, confiere una discrecionalidad riesgosa al Poder Ejecutivo para reducir aún más los porcentajes de corte de los combustibles, sumando así mayor imprevisión y arbitrariedad, todo lo contrario a lo que necesita cualquier sector de la economía para desarrollarse”.
Sostienen que “esta severa afectación de las inversiones existentes en nuestras provincias, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y de calidad, con el consecuente impacto social que su eliminación va a acarrear en diversos pueblos de nuestro interior”.
Retroceso ambiental