Exigencias para habilitar el servicio

Ivana Fux

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Más de veinte empresas constructoras y desarrolladoras de la ciudad y un par de funcionarios municipales se reunieron durante casi cuatro horas con las autoridades de Litoral Gas. El encuentro surgió a instancias de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Santa Fe. El objetivo, plantear la preocupación de las empresas ante las exigencias -para algunos, ya excesivas- de la prestadora, a la hora de solicitar la conexión del gas en nuevos edificios.

En la práctica, la operatoria habitual implica que la empresa constructora hace un pedido de “factibilidad” a Litoral Gas para levantar el edificio; la prestadora lo concede, pero a cambio, exige una serie de obras complementarias o de expansión. Ese juego de contrapartidas encierra algunas particularidades y extrañezas que fueron abordadas en la reunión. Por ejemplo, que la mayoría de los trabajos reclamados no están siquiera en el área geográfica o de influencia del edificio que se construye. Es posible, entonces, que la empresa que levantó una torre en el centro, tenga que hacer obligatoriamente una cuadra de cañería en algún barrio del norte o en cualquier otro lugar de la ciudad.

Otro aspecto que preocupa a los empresarios, y que fue advertido también en el sur provincial (ver aparte), es que el valor de las obras exigidas no se condice con el volumen de consumo que el nuevo edificio está demandando a la prestadora. Sostienen que las obras que reclama Litoral Gas son cada vez de mayor envergadura y costo, lo cual encarece sobre manera el valor final de un departamento. Los plazos que la prestataria impone para las obras también inquieta; en general, se plantean cuatro meses, lo cual suele resultar demasiado exiguo.

La suma de dificultades, en algunos casos, demora la habilitación de las obras; en otros, las paraliza, y en todos, recarga el precio final para el eventual propietario..

La discusión

Durante la reunión, los funcionarios de Litoral Gas rechazaron la hipótesis de que estén intentando financiar a través de empresas privadas, obras de expansión que correspondería ejecutar a la prestataria del servicio. Explicaron que su función es, en realidad, la de “distribuir” el servicio y no la de ejecutar obras. Y se ampararon en el congelamiento de las tarifas; expresaron que de acuerdo con el contrato firmado hace veinte años, en la medida en que la tarifa no sea rentable y no supere determinados montos, ellos no están obligados a hacer inversiones. El resultado de esa ecuación económica, según dijeron, arroja actualmente “ganancias cero”.

Enfatizaron que no se trata de un problema de carencia de gas o energía, sino de cómo transportar ese servicio. Dijeron, además, que al plantearse la ciudad técnicamente como una trama cerrada por donde fluye el gas, en la medida en la que esa trama crece, si no se garantiza vehiculización y presión suficiente, se le estará restando calidad del servicio a otro sector de la ciudad.

La controversia que genera la exigencia de obras costosas vs. el argumento de tarifas congeladas es uno de los ejes de la discusión que, lejos de agotarse, prevé nuevos capítulos. Las partes convinieron seguir analizando el tema, evaluando las explicaciones y sopesando las diferentes propuestas que puedan surgir en ese ámbito de debate. El tema será retomado en una nueva reunión la semana que viene.

El dato

Estimación

De acuerdo con el dato que aportaron los funcionarios municipales que asistieron a la reunión, se estima que en los próximos tres años y medio, la ciudad de Santa Fe sumará unos “cinco mil” usuarios nuevos. “Es prácticamente un pueblo entero; la cosa se va a complicar cada vez más”, arriesgó a El Litoral uno de los participantes del encuentro. Por el municipio estuvieron Eduardo Navarro, secretario de Planeamiento Urbano; y Eduardo Castellitti, secretario de Ordenamiento Territorial.

Quién se beneficia

• La semana pasada, el vicegobernador Jorge Henn acompañó un planteo de la cooperativa rosarina La Cabaña ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás). La empresa, recuperada en 2007 por sus trabajadores y dedicada a la elaboración de productos lácteos, denunció que la prestadora le exige “una excesiva suma de dinero” -más de un millón de pesos- para la conexión del servicio, cuando el gasoducto pasa a “veinte metros de la fábrica”. Frente a ello, Henn aseguró que “se están costeando con el bolsillo del privado obras de expansión de redes. Toda obra de expansión -acotó- tiene como principal beneficiario a Litoral Gas, que no hace obras de inversión y se beneficia económicamente”.

Consultado por El Litoral, Henn reconoció que Litoral Gas es una empresa que “distribuye” el gas, pero insistió en advertir que “es ella la que se beneficia económicamente cuando el servicio de gas está concedido”. Además, consideró que “debe existir un estudio técnico que sustente el planteo de la prestataria sobre las obras que exige, para saber si realmente son necesarias”.

El vicegobernador apuntó que “todo lo que está pasando en la provincia, incluso la trágica explosión en la ciudad de Rosario, marca claramente la caída de un esquema de privatizaciones originado en el menemismo, que salió con los famosos diputruchos, y que no le ha servido al usuario para tener más obras de expansión”.

Por último, recordó que el 70% de los capitales de Litoral Gas corresponden al grupo Suez, y dijo que otra “irracionalidad de la ley es que la empresa también tiene poder de policía, entonces, posee allí una herramienta fuerte para digitar la realización de una determinada obra”.

“Se están costeando con el bolsillo del privado obras de expansión de redes”, dijo Henn.

Foto: Archivo El Litoral