Algunos de los funcionarios elegidos por Ebrahim Raisi, como el primer vicepresidente y el jefe de ministros, forman parte de la lista de sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. A su vez, otro de ellos es reclamado por la Justicia argentina, debido a su participación en el atentado contra la AMIA. Sobre él pesa un pedido de captura internacional.