Por Redacción EL

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El Congreso Nacional emprende esta semana una agenda de alto contenido político, con un temario que abarca la definición de la nueva Ley de Alquileres y dos sesiones especiales pedidas por la oposición para plantear formalmente sus propuestas.

La Cámara de Diputados tiene previsto retomar la discusión de la nueva Ley de Alquileres, con el objetivo de sacar dictamen y llevar el tema al recinto.

La idea original era emitir dictamen la semana pasada, pero sin acuerdo por un proyecto unificado, oficialismo y oposición decidieron volver a retomar la discusión en estos días.

La posibilidad de encontrar puntos de coincidencia es el principal desafío que tienen por delante Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, aunque no se descarta la posibilidad de que finalmente sean dos los dictámenes que lleguen al recinto si la negociación está trabada.

Los principales temas de debate pasan por el tiempo de duración de los contratos de alquiler y el lapso entre un ajuste y el otro.

El tema central de la semana en Diputados será el jueves, para cuando están convocadas dos sesiones especiales.

La primera fue pedida para las 12 por diputados de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Avanza Libertad y otros espacios opositores, con el objetivo de poner sobre la mesa los proyectos sobre la boleta única.

Si bien ninguna de las iniciativas tiene dictamen de comisión -por lo que para ser discutido debería conseguir los dos tercios de los votos-, la idea de la oposición es forzar al oficialismo a que convoque a Asuntos Constitucionales.

Se pusieron de acuerdo para pedir la sesión especial diputados como Florencio Randazzo, Mario Negri, Cristian Ritondo, Margarita Stolbizer, Alejandro "Topo" Rodríguez, Maximiliano Ferraro y José Luis Espert, entre otros.

El oficialismo rechazó la iniciativa y cuestionó la alianza opositora, que podría llegar a los 129 diputados presentes para alcanzar el quórum e iniciar la sesión.

Más tarde, a las 15, por pedido del radical Julio Cobos se pautó otra sesión especial con el objetivo de avanzar con distintas propuestas sobre los deudores de créditos UVA.

En cuanto al Senado, espera continuar esta semana con el debate de los proyectos que buscan ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El Frente de Todos buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados en la firma de dictámenes de un conjunto de iniciativas para apuntalar el crecimiento económico y el desarrollo productivo, que el oficialismo procurará sancionar en la primera quincena de mayo, ya que se trata de proyectos que tienen un alto consenso parlamentario.

La bancada del FDT procurará emitir dictámenes favorables a los proyectos para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, y de blanqueo de capitales para activar la construcción, que contiene beneficios impositivos para los bienes no declarados e incluye "un puente" al trabajo para aquellos que reciben un plan social, con el fin de que puedan insertarse en el mercado laboral.

El proyecto contempla que, en el plazo de 365 días, los titulares de programas sociales que sean contratados por el sector de la construcción en el marco de proyectos alcanzados por el régimen podrán mantener los planes.

Estos proyectos forman parte de una decena de iniciativas que son claves para el objetivo del Gobierno Nacional para apuntalar el desarrollo productivo que incluyen los de agroindustria, de compre argentino, de electromovilidad, de incentivos a la industria automotriz y de turismo, que se empezarán a debatir en las próximas semanas, tras la conformación de las comisiones económicas.

La comisión de Legislación Laboral firmará el despacho del proyecto impulsado por Massa y Cristian Ritondo (PRO) para prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, la cual permite disminuir los impuestos del blanqueo de capitales no registrados.

En tanto un plenario Agricultura y Ganadería y Presupuesto buscará emitir despacho sobre el proyecto de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, para dar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta.