Por Mario Cáffaro

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El acuerdo lo firmaron Borgonovo y Somaglia con Baclini y Vranicich. Dotarán al organismo de personal e infraestructura para mejorar el control disciplinario y funcionarios de los fiscales penales.

Mientras en Legislatura se definía la letra chica del documento aprobado en la sesión conjunta de ambas cámaras para rechazar el amparo otorgado por la Sala II de la Cámara Laboral de Rosario al planteo del fiscal Adrián Spelta quien cuestiona que su conducta sea investigada por la Comisión de Acuerdos, el fiscal general, Jorge Baclini, firmaba un convenio de cooperación con el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Esteban Borgonovo. El objetivo es orientar y fortalecer institucionalmente a la Auditoría General de Gestión del MPA que hoy funciona con apenas siete agentes. Del acto participaron quienes serán los instrumentadores del convenio, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y la auditora María Cecilia Vranich.

"Los recientes acontecimientos institucionales pusieron de manifiesto que la Auditoría General de Gestión como órgano de control interno debe ser priorizado institucionalmente a los fines de su fortalecimiento y consolidación siendo el organismo del Ministerio Público de la Acusación mediante el cual se garantiza, dentro de un Estado democrático de Derecho, la rendición de cuentas de sus funcionarios, abonando a la responsabilidad y transparencia institucional", escribió Vranicich en su último informe de gestión. Enseguida agregó que "la situación limitada de infraestructura y la carencia total de personal de planta permanente en la Auditoría fue puesto en conocimiento y requeridas las acciones y acompañamientos institucionales reiteradamente desde abril de 2017 hasta la actualidad por ante la Fiscalía General, la Junta de Fiscales, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe".

El convenio ahora "es de colaboración y asistencia destinado a la coordinación y ejecución de acciones destinadas a optimizar y fortalecer al funcionamiento del MPA dentro de los límites institucionales de competencias funcionales e independencia de cada una de las partes firmantes".

Tras la firma, Somaglia admitió que hace tiempo venía hablando el tema con el MPA porque la Auditoría "no cuenta con las herramientas suficientes para la función de superintendencia y control en sus funciones disciplinarias y funcionales" para agregar que en los últimos años "no se le dio la relevancia que corresponde".

"La Auditoría como órgano de control interno es esencialmente una herramienta de control preventivo y sancionatorio, de gestión y de transformación proactiva, por ello es ineludible dotarla de institucionalidad real a través de la provisión de los recursos humanos y materiales necesarios", acota el informe de Vranicich. Hoy funciona con siete personas, el 20% de lo proyectado por su titular. Uno de los aspectos claves del convenio es para dotar de personal al cuerpo.

Si bien están en marcha los procesos tendientes a dotar de recursos humanos a la Auditoría, y mientras se cumplen los plazos administrativos, por el convenio, las partes acuerdan "la colaboración mediante la posible asignación de tareas particulares a personal idóneo del Pode Ejecutivo o a la adscripción en su caso de personal del Poder Ejecutivo o a la contratación mediante la figura de locación de servicios de profesionales expertos en temas específicos, ello a los fines de colaborar con tareas impostergables hasta que se conformen y consoliden los equipos propios de la Auditoría".

Así, el convenio establece que el MPA solicitará al Poder Ejecutivo "por escrito y fundando el perfil requerido ya sea para la colaboración en particular en una tarea concreta e identificada bajo estricto compromiso de confidencialidad o la adscripción en su caso de personal dependiente del Poder Ejecutivo o la contratación bajo la figura de locación de servicios de profesionales expertos".

El convenio tiene un plazo de duración de dos años.

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