La paritaria de los estatales que firmaron las conducciones de los gremios ATE y Upcn con el gobierno provincial tiene varias originalidades, además de tratarse de una suma de carácter no remunerativa y de no impactar en otros rubros salariales por ser "no bonificable". Por primera vez, la decisión de acordar fue asumida íntegramente por los dirigentes sindicales sin consultar a sus bases de delegados y –por otra parte- la negociación final demandó apenas 40 minutos.

Pero sin dudas, el detalle que más se destaca en la base de la pirámide salarial es que los 4 mil pesos (en el caso de las tres categorías más bajas para las remuneraciones de agosto y septiembre) van bajo aquellas condiciones desfavorables, pero además sujetas a los famosos códigos de descuentos.

Para los empleados públicos que hayan tomado deudas el punto no es menor, tanto que existe una legislación (de 2006) que limitó ese mecanismo de cobro al 50% de los haberes que finalmente recibe el trabajador.

El artículo 54 de la Ley 12.510 cuida que los códigos de descuento no puedan tomar más que la mitad de los ingresos líquidos. Por última vez, ese artículo fue reglamentado en 2011, para crear más exigencias a quienes pueden cobrar otorgar financiación a cambio de la garantía del descuento automático. Obviamente, con el texto acordado por gremios y gobierno las financieras, los bancos y las mutuales que le han prestado dinero a los empleados públicos (con la ventaja de que el Estado le transfiere los pagos antes de la liquidación salarial) ahora tienen un margen mayor para recuperar antes su dinero.