La Comisión de Acuerdos mantuvo una extensa y por momentos tensa reunión -de casi cuatro horas- en la que no hubo dictámenes sobre la actuación de los fiscales que están bajo la lupa en la Legislatura, pero se produjeron avances en su agenda.

 

En un caso, se agregaron consideraciones jefe de la división Homicidios del Ministerio Público de la Acusación en Rosario, fiscal Adrián Spelta al formular su descargo ante los legisladores.

 

Y en el otro, a propósito de la actuación del fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto, se sumarán elementos de una investigación judicial que está en manos de un fiscal de Rafaela, y es consecuencia de una denuncia penal hecha por la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, quien -a un tiempo- mientras elevó al Poder Legislativo los antecedentes sobre Blanco también realizó una denuncia penal por los vínculos de ese fiscal con un narcotraficante (que ya son parte de otra investigación en la justicia federal de la Provincia de Buenos Aires) y revisa Acuerdos.

 

Puede que sobre ambos se dictamine la semana próxima.

 

La comisión bicameral reúne a ocho integrantes de la Cámara de Diputados y otros cuatro miembros de la Cámara de Senadores, y tiene la misión de elaborar dictámenes que aconsejen (o no) producir sanciones sobre defensores y fiscales. Hoy la mayoría está en manos del Frente Progresista, Cívico y Social que domina la Cámara baja. De todas formas, puede haber en Acuerdos dictámenes de mayoría y de minoría.

 

Blanco de polémicas

 

Cuatro de los doce legisladores que componen la Comisión de Acuerdos hoy se inclinan por la destitución del fiscal Mauro Blanco. Aunque no lo han dicho públicamente, comparten la posición del senador Gramajo que actúa como miembro acusador (y tampoco se ha expresado al respecto de manera pública).

 

En tanto, en la oposición mayoritaria, compuesta por distintos bloques, hay por ahora matices y cierta expectativa por los datos que puedan aportar los fiscales en dos ámbitos.

 

Tanto la vinculación de Blanco con un narcotraficante (en el ámbito de un juicio penal federal) como los antecedentes, las actuaciones y las propiedades profesionales del fiscal. Por lo pronto, debe recordarse que ese integrante del MPA sigue adelante con su labor.

Preguntas

 

Hubo varias preguntas y repreguntas al fiscal Adrián Spelta por haber propuesto permitido esperar en prisión domiciliaria que avance el juicio contra un narco muy conocido en Rosario, que fue asesinado en esas circunstancias. Estaba acusado por tentativa de homicidio y había admitido su responsabilidad en la balacera contra el domicilio del gobernador Antonio Bonfatti (en 2013).

 

A ese acuerdo entre el fiscal Spelta y el defensor de Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval lo convalidó el juez Hernán Postma, quien ya se ha librado de un juicio político en votación dividida.

 

Ese antecedente colabora con la situación de Spelta al revisarse su caso en la Legislatura.

 

En el recinto de Diputados

 

La Comisión de Acuerdos deliberó encabezada por su presidente, el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) y por su vicepresidente el diputado Pablo Farías (PS-FPCyS).

 

Ese cuerpo está integrado además por los senadores Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), y Lisandro Enrico (UCR-General López) y los diputados frentistas Lionella Catallini (OS), Maximiliano Pullaro (UCR), Fabián Bastia (UCR) y Gabriel Real (PDP), así como por sus pares Gabriel Chumpitaz (Cambiemos), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Leandro Busatto (PJ).

 

En esta oportunidad, se utilizó el recinto de la Cámara de Diputados, mientras que el Senado ha suspendido todas sus actividades al activarse el protocolo de Covid-19 tras detectarse tres casos sospechosos en empleados de la Cámara alta.

 

Serjal, un ex con el expediente abierto

 

El expediente sobre el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, no se envió al Archivo en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en la reunión de este miércoles 26 de agosto.

 

 

 

El dato es relevante porque si bien la comisión bicameral ha dejado de investigarlo, porque ya no es fiscal tras su renuncia, tampoco da por cerrado el asunto (que lógicamente sigue en la Justicia).

 

 

La razón es que hay diferencias entre los integrantes de Acuerdos. El oficialismo en minoría (cuatro sobre doce) sostiene que con la aceptación de su dimisión por parte del gobernador Omar Perotti todo ha terminado para la Legislatura, mientras que desde la oposición mayoritaria en esa representación se sostiene que el texto de esa aceptación por parte del Poder Ejecutivo "no es correcto". Socialistas y radicales advierten que no es legal que la Casa Gris –además de aceptarle la renuncia- lo inhabilite para ese y para cualquier otro cargo.

 

Cabe recordar que Serjal está en la misma causa por sobornos del juego ilegal por la que la Legislatura le impuso una suspensión al fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está con prisión preventiva.

 

Serjal era el superior inmediato de Ponce Asahad, y con su renuncia aquel se evitó el proceso iniciado contra este, en la Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras del 7 de agosto.

 

La discusión de fondo no es sobre Serjal y su futuro, sino respecto de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo para inhabilitar a un fiscal. Si bien la Constitución de Santa Fe le otorga es ese poder unipersonal la tarea de proponer a la Asamblea Legislativa los candidatos a fiscales y defensores (mediante el envío de pliegos), ni la Carta Magna ni la ley han previsto la figura empleada por Perotti.