Por Ornella Pazzi

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Condenaron a los prestamistas detenidos la semana pasada. Entre multas, la reparación a la víctima y donaciones las tres personas deberán abonar más de $ 2.000.000. La resolución estuvo en manos del juez Rodolfo Mingarini, en un procedimiento en el que se abreviaron los términos.

La fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, imputó el viernes 7 de agosto a Miguel Alberto Barreto (41), María Soledad Giauque (31) y Leonardo Rafael Gozalbe (32) por el delito de “asociación ilícita” en carácter de “jefe” para el primero y “miembro” para los otros dos. Además, le atribuyó a Gozalbe “amenazas coactivas” a una de las víctimas. En el marco de la investigación se realizaron escuchas telefónicas, capturas de comunicaciones telefónicas entre los prestamistas y sus víctimas, y allanamientos en los que además de detener a los hoy condenados, se secuestraron cartones de crédito y la suma de $ 392.325 y U$ D 2.500.

Según los términos de los acuerdos abreviados suscriptos por las partes, el dinero secuestrado será donado al Hospital Sayago, la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, a la copa de leche y comedor “Cachito de Pan”, a la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe del Hospital Cullen, la Fundación Mateo Esquivo de ayuda al niño oncológico, la Fundación para las Cardiopatías Congénitas y el Hospital Psiquiátrico Mira y López. Además, Barreto deberá pagar una multa de $ 700.000, a abonar en siete cuotas, Giauque hará lo mismo con $ 500.000 y Gozalbe abonará $ 200.000 de multa y $ 300.000 en concepto de reparación a la víctima.

En cuanto a la pena, todos fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, y deberán cumplir con una serie de reglas de conducta. Los imputados estuvieron representados por los abogados particulares Ignacio Alfonso, en el caso de Gozalbe, y Romeo Díaz Duarte, por Giauque. El “jefe” de la banda fue asesorado legalmente por la Dra. Betina Dongo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

Aprovechamiento

Las detenciones se dieron a raíz de la denuncia de una mujer que había tomado un préstamo, y tras no poder pagar, comenzó a recibir aprietes y amenazas por haberse retrasado. En octubre del año pasado la comerciante se endeudó por $ 200.000 y $ 100.000, dos montos a pagar el primero en 20 cuotas semanales de $ 20.000 y el segundo en 10 cuotas semanales de $ 25.000.

Cuando en marzo, por la cuarentena decretada por la pandemia de Covid-19, se vio afectada la venta de las viandas que realizaba la mujer, Leonardo Gozalbe comenzó a comunicarse a través de llamadas o mensajes de texto y whatsapp, exigiendo el pago. La situación se tornó insoportable para la víctima, que radicó la denuncia y así se logró dar con los usureros, que operaban bajo el nombre de fantasía “Créditos Personales”.

El modus operandi consistía en ofrecer préstamos y exigir el pago de cuotas diarias o semanales con una tasa de interés o intereses por mora desproporcionados al monto otorgado, y superior a la tasa de mercado. Se aprovechaban de la necesidad e inexperiencia de las personas, a quienes les hacían dar o prometer intereses o ventajas pecuniarias que superaban con creces a la prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo