Por Mario Cáffaro

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Por octava vez, en menos de veinte años, la Cámara de Diputados votará esta semana un proyecto de ley que establece las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública promoviendo a su vez la participación ciudadana y la apertura de la gestión pública. En las siete ocasiones anteriores, el texto no llegó al recinto del Senado.

El 12 de septiembre de 2002 fue la primera vez que el asunto llegó al recinto de la mano de la bancada del PDP, que tuvo a Carlos Favario como miembro informante y el acompañamiento de la mayoría justicialista de entonces. El proyecto también fue votado en 2003, 2005, 2009 y 2011 siempre impulsado por demoprogresistas. Esa fuerza se quedó sin representación parlamentaria entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 y el tema no estuvo en la agenda. Ya con Gabriel Real en la banca fue votado nuevamente en 2016 y 2018. 

En este caso, el expediente lo encabeza una iniciativa de Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (MC) del bloque Igualdad. Se suma el histórico de Real y otro de socialistas encabezados por Clara García.

El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales lleva la firma de los once miembros, entre ellos Real. Los demás firmantes son los socialistas Pablo Farías (presidente), Joaquín Blanco y Gisel Mahmud; Maximiliano Pullaro y Marlen Espíndola (UCR), Alejandro Boscarol y Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio); Ariel Bermúdez (Creo) y los justicialistas Leandro Busatto y Luis Rubeo.

“El objeto de la presente ley es garantizar el derecho al libre acceso a la información pública a los fines de promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado” reza el repetido artículo primero de los 37 que tiene la iniciativa. Los principios generales del proyecto apuntan a garantizar los principios de transparencia y máxima divulgación; principio de informalismo; de máximo acceso; de apertura, de disociación, de igualdad; de celeridad y de gratuidad.

El proyecto obliga a brindar acceso a la información al Poder Ejecutivo y los organismos o entes de la Administración Central; los organismos o entes descentralizados de la Administración Pública; Poder Legislativo; Poder Judicial; municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado; personas jurídicas públicas de carácter no estatal; sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y las organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias.

También a organizaciones empresariales donde el Estado Provincial, por medio de su administración tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones; asociaciones empresariales, sindicales y las personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con esos subsidios o aportes; instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado; empresas privadas que prestan servicios públicos independientemente de la modalidad jurídica adoptada o las que exploten bienes del dominio público, en relación a los servicios que prestan o la explotación que desarrollan; y, fideicomisos total o parcialmente constituidos con recursos o bienes del Estado.

Incendios

La diputada Erica Hynes (PS) convocó ayer a una reunión especial de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para analizar la problemática derivada de la quema de pastizales en la zona de los humedales. En la comisión hay 20 proyectos de las diferentes bancadas y el objetivo es llevar al recinto esta semana una declaración de todo el cuerpo. La semana pasada, la socialista había pedido la reglamentación de la ley para la preservación, conservación y defensa de humedales, sancionada en noviembre del año pasado y promulgada sobre fines de año. 

En la declaración a votar además de exponer la preocupación por la crisis ambiental, se instará “a coordinar acciones políticas y judiciales, desde los ámbitos provinciales, a fin de impulsar acciones inmediatas y expeditivas para terminar con los focos ígneos, juzgar a los responsables y coordinar espacios interjurisdiccionales para trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias, con una perspectiva de cuenca”. También pedirán a legisladores nacionales a incorporar la figura de ecocidio como delito penal, entendido como la destrucción deliberada y generalizada del medio ambiente.