COORDINADORA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Ana Copes: “La trata está entre los tres delitos de mercado a nivel mundial”

En la tríada incluye el narcotráfico y el tráfico de armas. La santafesina coordina el equipo que elaboró el Plan Bianual de prevención, sanción y erradicación de este flagelo.

Nancy Balza

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El 31 de julio, un día después de conmemorarse el Día Mundial Contra la Trata de Personas, el presidente Mauricio Macri presentó el Plan Nacional bianual 2018-2020 destinado a prevenir, sancionar y erradicar este flagelo. Al frente del Comité ejecutivo que elaboró el plan está la santafesina Ana Copes quien, en diálogo con este diario, ofreció algunas definiciones que permiten dimensionar el problema:

- El Programa Nacional de Rescate funciona desde el año 2008 y lleva liberadas más de 12 mil víctimas.

- En materia de denuncias, en Santa Fe el 59,59% corresponde a posible explotación, o trata con fines de explotación sexual y un 6,56%, a explotación laboral. En el resto del país, el 45% se adjudica al primer concepto y el 12%, al segundo. “Es decir que esta provincia está, en el segundo caso, muy por debajo de la media nacional pero arriba de ese indicador en explotación sexual”.

- La explotación laboral en la Argentina tiene básicamente dos modalidades: la agraria y la textil, y ésta se circunscribe al sur de Caba y el primer cordón bonaerense.

- En términos de condenas, Rosario es la segunda ciudad del país -después de Mar del Plata-, según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

- El mayor porcentaje de detenidos en todo el país, para 2017, es de género masculino, mayormente extranjero y en mayor medida por explotación laboral que sexual.

Más allá de estos datos a nivel local, la gravedad de la problemática se mide a nivel global, donde la trata “si no es el segundo mercado a nivel mundial, es el tercero detrás del tráfico de armas y del narcotráfico, siempre según de qué año hablemos”. Para el año 2016, los organismos internacionales hablaban de algo más de 40 millones de personas víctimas de este delito, lo cual significa 5,4 personas cada 1.000 habitantes; además, uno de cada 4 es un niño o una niña. “Es un delito de enorme gravedad, un delito de mercado y eso significa que involucra una criminalidad organizada con roles y mecánicas determinadas. Y es un delito de mercado, porque da ganancias -que no perciben los últimos eslabones- pero donde los bienes que se intercambian son personas, no un ladrillo de cocaína o un arma que nace legal y se transforma en ilegal”.

Copes reconoce que a nivel internacional, se usa mucho el término esclavitud moderna, como una forma de comprender de qué estamos hablando. “Pero esto es esclavitud, ni moderna ni no moderna. Y es el delito más grave en términos de violencia de género. Por eso, es muy importante que se entienda que se trata de víctimas especiales, que tenemos leyes especiales, que estamos cumpliendo con el diseño de un plan y con un consejo, y que aspiramos a dar una mejor respuesta estatal a la problemática”.

Desafío

Copes está al frente del comité desde el 1º de enero, por lo que definió como todo un desafío elaborar este plan que el 13 de julio fue presentado ante la Jefatura de Gabinete y días atrás fue puesto a consideración del Consejo Federal, que lo aprobó por unanimidad.

“La ley de prevención, sanción y asistencia a las víctimas de trata es del año 2008 y, con la reforma de 2012, se creó el Comité que coordina acciones de cuatro ministerios: Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Desarrollo Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. “La ley prevé que el comité diseñe un plan bianual que luego se eleva al Consejo Federal del que participan otros actores: las provincias, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles y que por primera vez se pone en marcha en 2016, durante la actual gestión. También, es la primera vez que se presenta un plan, “que es una deuda histórica desde 2012, no sólo con los legisladores que sancionaron la ley sino fundamentalmente con las víctimas”.

¿Por qué es necesario este plan? “Porque permite leer hacia dónde van a ir los esfuerzos y recursos del Estado y garantizar un control por parte de la sociedad civil. Lo que hicimos fue organizarlo a partir de ejes que son los clásicos para la problemática: prevención; persecución y sanción; asistencia y protección, y agregamos el de fortalecimiento institucional”. Cada eje -explica Copes- tiene su objetivo general y sus objetivos específicos. “Lo que podemos garantizar a partir de estos objetivos, que son medibles, es una serie de indicadores para permitir un control por parte de la sociedad civil. Esto hace a una transparencia que debe ser el norte de toda acción de gobierno y por eso, para nosotros, es tan importante la evaluación que ha hecho en dos oportunidades la Organización Internacional del Trabajo que recomendó, sobre todo, que el plan sea comunicable, es decir, fácilmente legible por todas las personas”.

—Desde 2008, cuando se sancionó la ley, y luego con la modificación hasta llegar al momento actual, la problemática debe haber mutado. ¿Cómo fue evolucionando?

—El Programa Nacional de Rescate funciona desde el año 2008 y es una de las fortalezas que tiene la Argentina en la región: lleva rescatadas más de 12 mil víctimas y esta cifra se valora en otros países. Pero las cifras tienen una doble lectura: frente a otros países, tenemos 12 mil personas rescatadas; pero nunca, ningún esfuerzo puede ser suficiente.

Si hablamos de prevención, vemos que se elevó enormemente el nivel de denuncia y eso significa que estamos llegando a la concientización de las personas, a su sensibilización. Esto significa un desafío, porque cuando en el comité desagregamos el tipo de denuncia, vemos que la mayor parte es por sospecha o posible explotación o trata sexual. En el caso de Santa Fe, más del 55% corresponde a posible explotación, o trata con fines de explotación sexual, y un 6% laboral. ¿Qué dato nos da la desagregación de la denuncia? Que en el colectivo social está largamente instalado el hecho de asociar posible trata con fines de explotación sexual a determinados locales. Pero no vemos que exista esta asociación con respecto a la explotación laboral que en la zona es, fundamentalmente, agraria, incluida muchas veces la explotación laboral infantil.

En este tema, Copes advierte que “en explotación laboral, el nivel de vulnerabilidad y necesidad de trabajo hace que las víctimas no se perciban como tales. Puede estar naturalizado en sectores donde se trabaja de lunes a lunes, de sol a sol, o donde toda la familia interviene en la actividad, incluidos los niños. La explotación laboral en la Argentina tiene básicamente dos modalidades: la agraria y la textil, y ésta se circunscribe al sur de Caba y el primer cordón bonaerense”.

Además, la explotación laboral siempre es por connacionales: “Si el explotador es argentino, el explotado también lo es; si el explotador es de otro país, los explotados también lo son. Cuando hablamos del Programa Nacional de Rescate, en términos de allanamientos y rescate de víctimas en explotación laboral, encontramos que son más los de nacionalidad extranjera que argentina. Y si hablamos de trata con fines de explotación sexual, nuestras rutas definidas son Paraguay, Argentina, Perú y República Dominicana”.

VULNERABILIDAD Y ENGAÑO

La problemática fue mutando en más de un sentido: “Tiempo atrás, era habitual que si la trata era de una nación a otra, el captador y el que trasladaba viajaran con la víctima. Hoy ya no es así: ahora la víctima viaja sola. En la Argentina, el caso símbolo es el de Marita Verón -que además impulsó la sanción de la ley en 2008 y la modificación en 2012 luego de que fueran absueltos los 13 imputados- pero no es el caso típico”, aclara Copes. Y advierte que “en la Argentina la operatoria de captación es el engaño, sobre todo la promesa de un trabajo mejor, porque para los casos de trata lo regular es que la víctima ya tenga una situación de vulnerabilidad previa que se agudiza con la comisión de este delito. Por eso, quien capta hace una oferta engañosa de un trabajo mejor, o promete una vivienda y, además, separa a la víctima de su familia y su entorno porque la trata supone un traslado a otro lugar”.

En este punto, explica que “lo que diferencia trata de explotación es que, en el primer caso, se la saca a la víctima de su núcleo; por eso se dice que es el delito más gravoso porque se aleja a la persona de su contención social, sus vínculos familiares, su contención económica e institucional. Se agudiza esa situación de vulnerabilidad por lo cual, además de que es un delito gravísimo contra la dignidad y la libertad de las personas, una se puede encontrar con personas que están desobjetivadas, que no se perciben como seres humanos”.

LA MIRADA DE GÉNERO

Frente a este panorama, la funcionaria entiende que el desenvolvimiento de la Justicia “está cambiando. Pero tenemos un gran deber respecto de la Justicia, porque se trata de patrones culturales largamente instalados que naturalizan todos los procesos de subalternización. Lo que está grabado a fuego en el ADN cultural es esta cuestión diverso/desigual. Por eso, a cualquier colectivo distinto le cuesta acceder a los derechos. Y convengamos que el primer colectivo está formado por mujeres, que tenemos que luchar para ir a la universidad, para tener derechos políticos que nos permitan votar o ser candidatas”.

Copes insiste en que la cuestión de género “es cultural y no tiene que ver con varones y mujeres: puede haber mujeres que tienen incorporados patrones de dominio propios de los que solemos adscribir a la masculinidad: el género es cultural. Creo que el gran desafío es la Justicia, porque las leyes de trata implican la no punibilidad para las víctimas”.

“Ésto significa que mientras la víctima lo sea -insiste-, los delitos que haya cometido no son punibles: muchas veces se las obliga a mentir, a falsear documentación, una serie de delitos que tienen que ver con ser víctima y en situación de vulnerabilidad. Muchas veces vemos en las sentencias de los jueces que las mujeres no ‘movemos el amperímetro’ en términos de comisión de delitos; poco más del 1%. Sin embargo en las condenas -y en estos casos, la condena hacia mujeres-, el porcentaje asciende largamente. Es que muchas veces la mirada que condena a la mujer que regentea no lee que la víctima asciende a regentear como una manera de ser menos víctima. La mirada que condena no lee que fue víctima y que una manera de sobrevivir es este escaloncito.

- Por encima de esa mujer que regentea es muy probable que haya un hombre.

- Sí, y cuando una pregunta la historia de vida de una víctima, esa mujer que regentea lo sigue siendo. Porque en la inmensa mayoría de los casos es la manera de sobrevivir, de poder comer mejor, o de poder comer.

“A una víctima de trata lo que hay que restituirle, en términos de proyecto de vida, son sus derechos humanos”.