11.3°Un juicio reveló la trama delictiva
Ordenan investigar al juez federal Reinaldo Rodríguez por sus actos
Tras la condena a un ingeniero y un abogado porteños que cobraron bonos defaulteados después del corralito del 2001, la Fiscalía pidió ampliar la investigación al juez que habilitó la maniobra.
El Tribunal Oral Federal dio curso al pedido de la fiscalía para que se investigue a terceras personas que podrían haber cometido delito.
Foto: Flavio Raina
Juliano Salierno
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe ordenó profundizar la investigación en la que un ingeniero y un abogado de Capital Federal fueron recientemente condenados por defraudación al Estado nacional, por haber cobrado en 2005 la suma de $649.023,66, gracias a un recurso de amparo concedido por el juez Federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. El pedido realizado por el fiscal general Martín Suárez Faisal, pone un cono de sombra sobre el accionar del magistrado y de un grupo de abogados porteños de su cercanía denominado “los Cuntos”, quienes habrían tramitado nueve expedientes en el juzgado de Rodríguez para saltar el “corralito” de 2001.
Los fundamentos del fallo mediante el cual fueron condenados a dos años y diez meses de prisión en suspenso el ingeniero Miguel Gustavo Dubarry y su abogado Carlos Mario Clerc, se conocieron el jueves de la semana pasada y reflotaron una vieja deuda que llevó al Consejo de la Magistratura de la Nación a aplicar un apercibimiento en 2007 al juez cuestionado.
Lo que el Ministerio Público Fiscal solicita ahora y le es concedido por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, es la apertura de una investigación para determinar si hubo delito, y aunque no lo señalan directamente, colocan al juez Rodríguez en un lugar clave de la trama delictiva.
Un interrogante
¿Por qué vinieron a Santa Fe? (en referencia a los amparistas porteños), fue la pregunta que se hizo el fiscal durante su alegato final que tuvo eco en los miembros del tribunal, y para quienes “buscar esa respuesta no es difícil”. “La respuesta es porque Clerc y sus demás socios criminales, que como escuchamos en esta audiencia son los abogados Cunto y Carnemolla por lo menos, un grupo a los que en el juzgado los empleados y funcionarios los conocían como ‘los Cuntos’, conocían al magistrado que por el turno judicial que habían elegido para presentar la acción, iba a tomar intervención en ese amparo”.
Para sostener esa relación de conocimiento mutuo entre abogados de una jurisdicción extraña y el juez Rodríguez, la fiscalía aportó una lista de llamadas telefónicas suministradas por la empresa Telecom y que establece contactos antes y durante la firma del amparo, entre el teléfono fijo del abogado Clerc en Capital Federal y el teléfono del domicilio particular del juez en la ciudad de Santa Fe.
Además, toma relevancia la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, en el marco del expte. Nº 412/2007 que tramitó la Comisión de Disciplina y Acusación de ese órgano, y que se leyó en el debate.
Maniobra repetida
De allí, se desprende que “tanto Clerc como otros dos colegas matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -u otros colegios profesionales de la prov. de Buenos Aires-, iniciaron nueve causas casi idénticas ante este juzgado, y solicitaron medidas cautelares invocando razones de urgencia relativas a la salud o edad avanzada de los amparistas, aun cuando todos ellos habían adquirido los títulos con posterioridad a la declaración de la cesación de pagos y al dictado de las normas que la determinaron”. Según explica el fallo “estas personas, domiciliadas en Buenos Aires, obtuvieron del Juzgado Federal Nº 1 resoluciones judiciales que les posibilitaron su recupero a valor dólar en el mercado libre de cambios”.
En defensa de Clerc, su abogado ante el TOF, el Dr. Juan Carlos Palacios, “destacó que la posible amistad de su defendido con el juez no significa nada” y que “no se ha podido probar la connivencia de juez -y si no fue engañado no hay estafa- ni que tampoco existió perjuicio económico porque el Estado pagó lo que debía”.
Sin embargo, para el tribunal la “maniobra ardidosa” urdida por Clerc existió y sólo habría sido posible “desde la relación entre él y el juez federal Nº 1” ya que “no existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia”, sostuvieron los jueces.
