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Juicio Político escuchará a los denunciantes de Barraguirre
La comisión declaró la admisibilidad del expediente. Buscan un acuerdo para el texto de la futura ley de Aguas.
Mario Cáffaro
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la presentación realizada por un grupo de fiscales y defensores de primera instancia y de cámara, así como de funcionarios del Ministerio Público Fiscal, para que se investigue la conducta del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre.
El paso formal dado por la comisión que preside el socialista Eduardo Di Pollina permitirá escuchar a las partes, solicitar algún tipo de prueba -si lo consideran necesario- para luego decidir si el tema va al archivo o bien se lo lleva al recinto para abrir la instancia de juicio político al Procurador.
Le compete a la Comisión de Juicio Político dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios políticos, sometidos a juicio político por la Constitución y en quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.
En la reunión de ayer, Juicio Político resolvió citar a los denunciantes para el 7 de noviembre. En cambio, todavía no fijaron fecha para el descargo de Barraguirre.
La nota contra el Procurador había sido presentada previamente ante la Corte Suprema de Justicia que se declaró incompetente para entender en el tema.
“La intervención de la Legislatura es solicitada en base a la gravedad de los hechos denunciados” que para los denunciantes se vinculan con el desempeño de Barraguirre.
Ley de Aguas
Con una preferencia fijada para dentro de quince días, la Cámara de Diputados puso el pie en el acelerador para buscar un consenso y votar una futura ley de Aguas para la provincia. Ayer, diputados y asesores de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales intercambiaron ideas sobre el contenido de la futura norma y se llevaron un cuadro comparativo entre los diferentes proyectos así como un informe elaborado por las facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL titulado ‘revisión integral del proyecto de ley de Aguas’. Trabajaron en la mirada académica Carlos U. Paoli, Roberto Gioria, Cristóbal Lozeco, Marcela Pérez, Carlos G. Paoli y Viviana Rodríguez por la primera unidad académica y los abogados Gonzalo Sozzo, Germán D’Amico, Mirtha Masi y Lorena Bianchi por la segunda.
Las comisiones de Diputados trabajan sobre un proyecto ya votado por el Senado y que fuera presentado y defendido por Cristina Berra (PJ - San Martín), con otros del justicialista Julio Eggimann, del radical Santiago Mascheroni y un tercero de Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) tendiente éste a establecer que el acceso al agua potable en cantidad y calidad apta y suficiente para uso personal y doméstico constituye un derecho humano.
El primera paso en Diputados lo dio la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que preside el propio Mascheroni y que tiene entre los firmantes a Giustiniani. El radical fue quien pidió preferencia para un tema donde el Senado se ha pronunciado en varias oportunidades no encontrando eco en Diputados. Ahora, el objetivo de la Cámara Baja es avanzar en noviembre en votar un texto que condense las expectativas de ambas cámaras para que pueda transformarse en ley antes de fin de año.
En su discurso del 1 de Mayo ante las cámaras legislativas, el gobernador Miguel Lifschitz resaltó la necesidad de que la provincia tenga un Código de Aguas para el manejo de ese recurso esencial.
Mayor sanción a las picadas
Los diputados socialistas Antonio Bonfatti y Rubén Galassi propusieron modificaciones al Código Procesal Penal, para adecuarlo a las recientes reformas en el Código Penal de la Nación, que incorpora sanciones a las consecuencias ocasionas por las picadas ilegales, y elevar el máximo de la inhabilitación provisoria de conducción de 3 a 6 meses hasta el dictado de la sentencia.
La propuesta incorpora modificaciones en el artículo 208 Bis, y agrega como infracción dentro de los delitos contra las personas a la “participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de autoridad competente” que se suma a los ya existentes como “conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria”.
En ese marco, el juez de la Investigación Penal Preparatoria podrá, a pedido de parte, inhabilitar provisoriamente para conducir al imputado reteniéndole el carnet, y comunicar la resolución a los registros Nacional y Provincial de Antecedentes de Tránsito. Otra de las modificaciones es que la medida cautelar durará como máximo seis meses y podrá ser prorrogada por períodos no inferiores a un mes, hasta el dictado de la sentencia.
Movilización
Gremios estatales se congregarán esta tarde frente a Legislatura para apoyar la aprobación del proyecto de ley de ‘licencia laboral por violencia de género’ que tiene prioridad para la sesión de Diputados. “Que esta licencia sea por ley nos da la seguridad de que las mujeres podamos conservar nuestro trabajo, y fundamentalmente dejar claro que la violencia de genero no es un asunto privado”, afirma Mercedes Meier (Frente Social y Popular), una de las autoras de la iniciativa.
