11.3°Quejas por las “interferencias” del marco normativo
Aumento de Aguas: para el Enress es cosa juzgada
- El titular del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios advirtió que hoy el organismo tiene menos facultades para regular a Assa que a otros prestadores.
Oscar Pintos recordó que en enero, el ente objetó gastos por $300 millones en la prestadora del servicio de agua potable y cloacas. Foto: Mauricio Garín
Luis Rodrigo
El presidente del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, Oscar Pintos, dijo que el Enress ya se ha expresado respecto del aumento de Aguas Santafesinas SA, que en 2017 llegará al 70,3%.
Tras advertir que la empresa “seguiría siendo deficitaria”, valoró que Assa quiera tener “cuentas equilibradas”, pero dijo que esto “debe lograrse con costos eficientes y una tarifa social mucho más abarcativa”. Recordó, asimismo, que ambos conceptos fueron la base de la resolución del Enress que identificó $300 millones que para el ente regulador, no deberían cargarse entre los gastos propios del funcionamiento del prestador.
“Hemos ratificado la resolución que tomamos a principios de año, que es válida para todo 2017, ante el proceso iniciado por Assa el año pasado, cuando se convocó a audiencias públicas. Nuestro análisis comprende todo el año. Lo que ha hecho el ministerio de Infraestructura (la autoridad de aplicación) es establecer un aumento en dos etapas pero para este mismo período”, recordó.
“Sobre 2017, ya nos hemos expresado. Y dijimos claramente, entre otras cosas, que cuestionamos una cantidad de gastos que aduce la empresa tener”, subrayó.
“Cuestionamos gastos por unos $300 millones -sobre erogaciones por 2.300- que comprenden un sistema de amortización del capital, hecho de una manera bastante especial, que obviamente generaba un incremento en los costos que no era concreto, o que no era correcto; en segundo lugar, el porcentaje de incobrables esgrimido por la empresa, que nos pareció excesivo; tercero, los insumos químicos, con un pequeño sobredimensionamiento; y lo más disruptivo, finalmente, es que se han cargado sobre las espaldas de los usuarios de Assa los gastos de puesta en funcionamiento de los acueductos del Centro Oeste y de Villa Ana, que no los benefician. Son obras para otros distritos, fuera de la concesión de Assa”, enumeró.
Además, “dijimos que junto con el aumento debe haber una inescindible política de tarifas sociales más abarcativa. Sabíamos que esto podía generar que haya gente que no pueda pagar: el Estado tendrá que tener una nueva política de tarifas sociales ante este aumento”.
—La Multisectorial de Rosario sostiene que con estas tarifas se está violando el derecho humano al acceso al agua potable.
—Es una afirmación exagerada. Eso podría discutirse si no existiera, lo que exigimos en la resolución y que planteamos como una cuestión inescindible al aumento tarifario: que sea el Estado el que brinde los medios económicos para que nadie quede sin acceso. Parece sencillo establecer que haya subsidios, que haya tarifas sociales, pero en el agua y el saneamiento se transforma en fundamental porque el Estado argentino ha asumido ante los demás Estados un compromiso, en su Constitución, que es respetar los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Y el acceso al agua lo es.
No es cierto que por el aumento de tarifas se viole ese derecho humano, porque para quienes no pueden pagar, el Estado debe -obligatoriamente- concurrir a contribuir para que tengan el servicio.
—A nadie se le corta el agua.
—En realidad, sí. Lo que no se puede es cortarle el agua a los domicilios. Se corta a clientes comerciales e industriales. A las viviendas, se les garantiza una dotación mínima de agua suficiente para las necesidades básicas de higiene y alimentación. Se les aplica una restricción (en caso de falta de pago por ejemplo).
—¿Es sano para promover la participación que se aumente la tarifa luego de audiencias públicas hechas hace ya medio año?
—Ha sido una decisión de la autoridad de aplicación, con un aumento previsto en dos etapas. Nuestra resolución, anterior, fue para todo el período y luego fue una decisión del Ejecutivo. Para nosotros siempre es mejor que se conozca a lo largo del tiempo, cuál va a ser la revisión tarifaria. La autoridad de aplicación ha manifestado que quería evaluar la evolución de las variables macroeconómicas. Forma parte de las facultades discrecionales que tiene el ministerio.
Las facultades regulatorias
El titular del Enress, Oscar Pintos, advirtió que hoy el ente tiene “menos facultades” para regular el servicio en Assa que ante los demás prestadores: de municipalidades, comunas y cooperativas. Y destacó: “Lo normal, lo que es deseable desde el punto de vista del regulador es lo que ocurre con los demás servicios, no es lo mejor -en cambio- lo que ocurre con Assa”, desde el punto de vista de su marco legal.
“No nos son indiferentes las críticas. Pero quiero recordar que con Assa existe una situación especial”, dijo Pintos.
“A partir de 2006, cuando la provincia recupera el servicio que estaba privatizado, se produjo un conjunto de normativas, que eran para un período de transición de sólo dos años, pero que sigue vigente”. Entre estas disposiciones se encuentra la creación de Aguas Santafesinas SA de 2006, y el “Contrato de Vinculación para el Proceso de Transición” entre el Estado y Assa.
Pensadas para la emergencia, hoy mantienen “interferencias” sobre la actividad regulatoria que debe llevar adelante el Enress.
“Nuestro dictamen sobre tarifas para la autoridad de aplicación (el Ministerio de Infraestructura) es obligatorio, pero no es vinculante. Eso tiene que ver con que la capacidad regulatoria de las tarifas sobre Assa está interferida por esta normativa, que viene de 2006”, indicó.
Otra cuestión que influye “es que también se interfiere” con la capacidad sancionatoria del Enress. “Las sanciones económicas que quiera aplicar el Ente están mediatizadas por la autoridad de aplicación: nuestras multas pasan por el filtro del ministerio”, graficó.
Cuando se le recordó que siempre la última palabra la tuvo la Casa Gris (aún en tiempos de la privatización), advirtió que ahora el prestador no es un tercero sino el propio Estado. Y recordó: “En 2010, advertimos problemas muy serios en la toma Hernández, impusimos una sanción económica y el ministro la denegó”.
Expresó que Assa “no tiene definida una carta orgánica que paute sus objetivos, que indique cuál es su plan de obras fijado por la provincia, que además le garantice su financiamiento... Hay una situación de emergencia que aún subsiste que no permite darle pleno vuelo a su desarrollo incluso desde el punto de vista operativo”.
Dijo que para superar esa situación “se necesita una decisión política de salir de la emergencia, de normalizar la relación contractual del gobierno y la empresa y de dotar a ésta de misiones y objetivos escritos, en una carta orgánica, y que el Ejecutivo le asegure una fuente de financiamiento sobre las obras que debe hacer”. “Con objetivos definidos en la empresa, los reguladores podemos controlar si se cumplen o no. Y vincularlos con las tarifas”, apuntó.
