Otra cola para los jubilados

Dos años para acordar con la Anses

La sanción de la ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados abre un extenso cronograma, que se estima podría ser de dos años, en el que un universo elegible de 2.400.000 beneficiarios tendrán que suscribir acuerdos individuales con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para acceder tanto al incremento adicional de sus haberes como al cobro de los reclamos ante la Justicia.

Se dará prioridad a las personas mayores de 80 años y a aquellas que padezcan una enfermedad terminal cuyo desarrollo o desenlace pueda frustrar la finalidad de la norma.

Dentro de los que pueden acceder a los beneficios, la ley distingue tres grupos: los que tienen sentencia judicial firme, los que tienen la demanda en curso pero aún no tienen sentencia y los que no recurrieron a la vía judicial. Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila entre el 35 y el 51 %, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos.

Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado en dos modalidades: el 50 % al contado y el resto en cuotas; a los que no tengan fallo judicial, se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses; en tanto, quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad.

Asimismo, se declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional, que tendrá vigencia por tres años. Se crea la pensión universal para el adulto mayor, de carácter vitalicio y no contributivo, para personas de 65 años.

El beneficio será financiado con aportes del Tesoro Nacional y se mantendrá hasta que haya una nueva ley de reforma previsional. Además, se ratificó la continuidad por tres años de la moratoria previsional para mujeres de 60 años y de un año para los hombres de 65 años. Se ratifica el acuerdo del 23 de mayo firmado entre el gobierno y las provincias por el que se acuerda reducir la detracción de los 15 puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables.

Se crea la comisión mixta de control y prevención de la litigiosidad previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y también se impulsa el Consejo de Sustentabilidad Previsional. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tendrá un plazo máximo de cuatro años para readecuar sus inversiones con ciertas restricciones.

$ 75 mil millones es el costo fiscal anual si todos los jubilados “acuerdan”.

• Deben sumarse $ 47 mil a 55 mil millones para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.