Edición del Martes 14 de junio de 2016

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López Molina impugnó a Lamberto - Edición Impresa - Política | Economía Política

Presentación ante el Senado

López Molina impugnó a Lamberto

El diputado macrista concretó esta mañana la presentación con un extenso escrito donde cuestiona la falta de independencia y de idoneidad para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia.

 

Mario Cáffaro

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Cuestionó el nombre ni bien el gobernador Miguel Lifschitz anunció la postulación y esta mañana, en Mesa de Entradas del Senado, el diputado macrista Roy López Molina presentó la impugnación a la candidatura de Raúl Lamberto como Defensor del Pueblo de la provincia. La Comisión de Acuerdos habilitó hasta mañana, a las 12, el plazo para recibir “observaciones a las calidades constitucionales legales y condiciones personales” tanto para el pliego de Lamberto como para dos directores propuestos por el Poder Ejecutivo para el directorio del Ente Zona Franca Santafesina, Horacio Cucchiari y Sergio Carassai. Los tres nombres deberán ser votados por la Asamblea Legislativa del 23 del corriente.

López Molina -en un extenso escrito- cuestiona la falta de independencia y de idoneidad que tendría Lamberto para ocupar el cargo vacante desde el 18 de abril de 2014 cuando falleciera el entonces defensor, Edgardo Bistoletti. “Amén de poner de manifiesto la desconsideración que el Poder Ejecutivo tiene y ha tenido para con una institución como la Defensoría del Pueblo, dejándola vacante por semejante lapso, es, cuanto menos, suspicaz, el hecho de que no se instrumentaran los mecanismos de designación de un nuevo defensor hasta tanto y en cuanto el abogado Lamberto dejara de encontrarse comprometido con otras obligaciones -la de Ministro de Seguridad de la provincia- e inmediatamente, luego de ser relevado de dichas funciones, se candidateara de manera prácticamente automática a cubrir el puesto vacante de Defensor”, dice la nota.

Las dos objeciones

La parte medular del escrito es el fundamento de la impugnación basado en la falta de independencia y de idoneidad que tendría Lamberto. En lo que hace a la independencia refiere a la extensa militancia del candidato en el Partido Socialista y los cargos que ocupó. La ley de creación determina que “la Defensoría del Pueblo es una institución creada para la participación de los ciudadanos quienes son los que denuncian el mal servicio de los entes públicos y cuyo objetivo fundamental será el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder. Asimismo, tiene a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos de la comunidad”. Se pregunta López Molina: “¿Cómo se puede, tan siquiera imaginarse, que una persona sea capaz de controlar al mismo gobierno del cual formó y forma parte? ¿Que es considerado un dirigente histórico del socialismo? ¿Que desde su época de estudiante universitario ha ocupado cargos vinculados con la actividad política partidaria?” y las pasa a detallar luego.

“Encontrarse bajo una misma bandería político-partidario y dentro de un mismo proyecto político-partidario equivale, llanamente, a una limitación en el ejercicio de la defensa del pueblo en contra de potenciales violaciones del poder político”, acota.

En cuanto a la falta de idoneidad, el legislador la fundamenta en el fracaso de Lamberto como ministro de Seguridad de la provincia basado en estadísticas y hechos puntuales ocurridos durante la gestión a los que enumera.

También menciona la presencia de familiares directos del propuesto en cargos del Estado santafesino lo que obligarán a excusarse de intervenir en numerosos trámites para preguntarse: “¿Qué explicación ha dado el candidato sobre todos sus vínculos con parientes que cumplen roles en la Administración Pública?; ¿de qué manera obraría, por ejemplo, Lamberto si tuviera que investigar a un organismo del Estado y el abogado que patrocina a los denunciantes fuera su hijo o su cónyuge?”, se pregunta.

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"Es injusto que un funcionario como Raúl Lamberto sea premiado con un cargo en un organismo de control tan importante siendo que no nos defendió cuando tuvo la mejor oportunidad de hacerlo como ministro de Seguridad”.

Roy López Molina

diputado PRO

Galassi defendió la postulación

El presidente del bloque Socialista en la Cámara de Diputados, Rubén Galassi, defendió la postulación de Lamberto como Defensor del Pueblo porque “es un hombre que tiene una vasta trayectoria. Entendemos va a cumplir cabalmente el cargo, honrando cotidianamente los objetivos que tiene esa estructura, que es la de ayudar a los ciudadanos para que el Estado le brinde respuestas y solucione sus problemas”.

Acotó que “la trayectoria de Lamberto muestra a las claras que será un férreo defensor y garante de que el Estado dé respuestas a las demandas ciudadanas. No es un cargo para estar en contra de un gobierno, ni para controlarlo porque para ello está la Legislatura y el Tribunal de Cuentas, sino para ayudar a los ciudadanos a hacerles la vida más sencilla”.

Galassi dijo que el propuesto tiene una gran sensibilidad social y recordó que fue concejal de Rosario, secretario de Gobierno de esa ciudad, ministro y legislador, donde impulsó muchas leyes en favor de los santafesinos. Aseguró que “la figura de Lamberto responde a todos los requisitos estipulados en la ley correspondiente, incluso renunció a su afiliación partidaria. Respeto que otros diputados estén en contra, pero no coincido, porque han habido defensores que han participado de la vida política de un partido y después cumplieron en la Defensoría del Pueblo una tarea inobjetable”.

Por último, Galassi apuntó contra el diputado López Molina. “Incurre en una doble moral porque objeta la designación de Lamberto por su pertenencia a un partido político pero nada dijo, ni dice, ni dirá sobre la designación de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, que sí es un órgano de control del Estado”.



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Martes 14 de junio de 2016
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