11.3°Segundo fracaso de la Asamblea Legislativa
El Ejecutivo impuso su criterio para completar el Tribunal de Cuentas
- Biagioni y Chavarri se sumarán como vocales al organismo de control. También quedaron aprobados 24 pliegos para el Poder Judicial.
Chavarri pasa de Fiscalía de Estado al Tribunal de Cuentas al lograr acuerdo ficto de la Legislatura. Foto: Manuel Fabatía
Mario Cáffaro
A la medianoche, 24 pliegos para la Justicia quedaron aprobados de hecho y este sábado, al mediodía, ocurrirá lo propio con los dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de abogados y contadores en el Tribunal de Cuentas de la provincia.
El pasado jueves y ayer, siempre por falta de quórum, debieron levantarse las Asambleas Legislativas convocadas para considerar dichos pliegos. El acuerdo político entre la Casa Gris y fundamentalmente los senadores del PJ hace que Dámaso Chavarri y Oscar Biagioni se sumen en las próximas semanas al organismo constitucional encargado del control de las cuentas públicas.
La Asamblea Legislativa no se reunió para no poner en riesgo ambos nombramientos. El problema no eran los pliegos para la Justicia que en su gran mayoría iban a tener unanimidad, por diferentes razones, los nombres de Chavarri y de Biagioni no tenían los consensos necesarios en la Legislatura. La historia se inició el 19 de enero cuando en sendos avisos en El Litoral y en La Capital se publicaron los antecedentes de ambos profesionales (Chavarri es abogado; Biagioni, contador público) y en abril fueron enviados para su tratamiento. No hubo consenso y el Poder Ejecutivo los retiró antes de las elecciones provinciales y los reingresó a la semana de haberse elegido las autoridades para los próximos cuatro años.
Chavarri fue objetado por el Colegio de Abogados de Santa Fe. Se desempeña como fiscal de Estado adjunto desde el inicio de la gestión de Antonio Bonfatti. “La propuesta de designación de dos funcionarios para cubrir los cargos que exige no sólo antecedentes técnicos incontrastables, sino también una absoluta independencia en relación con la gestión pública que han de examinar, no luce como la propuesta más ajustada. Va de suyo que para el caso de obtener formal designación, el vocal abogado propuesto revisaría ex post facto expedientes, gestiones, actos administrativos generados por órganos administrativos de los cuales él mismo formaba parte. Esto luce obviamente reñido con la independencia e imparcialidad en el control público, y empañaría cualquier intervención de este funcionario respecto de decisiones tomadas por sus ex colegas de gestión cuando no por él mismo, además de contraponer lo dispuesto por el mismo artículo 195 de la Ley 12.510 que dice: “No pueden ser vocales del Tribunal de Cuentas inc. e) Los que hayan desempeñado cargos, en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación, cuyas funciones sean materia de contralor por parte del Tribunal de Cuentas y que manifiestamente los coloquen en estado de incompatibilidad”. (Es el párrafo central de la presentación del Colegio).
Biagioni, en tanto, ahora es asesor del senador Armando Traferri (San Lorenzo) y estuvo a cargo del área de Logística en distintos ministerios en gestiones justicialistas e incluso del propio Frente Progresista durante la gestión de Hermes Binner. En ese caso, fue en el Ministerio de Seguridad, etapa en la cual hubo decenas de pedidos de informes de la Cámara de Diputados motorizados por el justicialismo por montos abonados en compras efectuadas, especialmente sobre ropa de trabajo, motos para la policía y chalecos antibalas.
Paso a paso
Para llegar a proponer a ambos candidatos al Tribunal de Cuentas, la gestión Bonfatti debió desandar un camino iniciado por su antecesor, Binner, quien había dictado el decreto 3.067/08 con un procedimiento de selección a través de concursos. Ese decreto hablada de “un sistema (...) que garantice la idoneidad, capacidad técnica e imprescindible independencia que deben poseer los integrantes del órgano de control” y contaba con la participación de Colegios de Abogados y de Contadores y de las facultades públicas de Derecho y de Ciencias Económicas. El decreto 1.655 del año pasado derogó ese procedimiento y fijó uno similar para el momento en que se produzcan vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Esto es la exhibición de antecedentes y si el Poder Ejecutivo considera que las objeciones no son obstáculos para la designación envía el pliego al Poder Legislativo.
La semana pasada hubo tibios intentos de algunos pocos senadores y diputados oficialistas para reunir número suficiente como para pedir el retiro de ambos pliegos. No llegaron a la media docena y los sondeos con el justicialismo también fueron negativos. Entonces, la suerte quedó echada. Ayer, hubo cuatro legisladores que fueron a cumplir el trámite de dar por levantada la Asamblea. El acuerdo se cumplió y el Tribunal de Cuentas volverá a tener sus cinco miembros titulares.
El dato
Control
El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten y su creación fue dispuesta por la Constitución provincial. La Ley Nº 12.510, en su artículo 193, establece que se integra con cinco vocales, tres contadores y dos abogados. Hasta hoy, integran el cuerpo los contadores María del Carmen Crescimanno y Germán Huber junto al abogado Gerardo Gasparrini.
Los nombres para la Justicia
Con la aprobación ficta del pliego de María Carolina Moya, los tres colegiados de Familia de la ciudad de Santa Fe pasarán a estar integrados por jueces titulares después de varios años y de varios candidatos rechazados por la Asamblea Legislativa. Moya se sumará al Colegiado número 2 a Liliana Michelassi y a Rubén Cottet. Hasta hoy, el restante lugar era subrogado por Noemí Galván.
Gustavo Decio Durando, Virginia Inés Balanda, Lisandro Pedro Aguirre, Magalí Vanesa Mazza y Leticia Alejandra Feraudo lograron aval como defensores Públicos también para Santa Fe.
Como fiscales titulares del Ministerio Público de la Acusación: Silvana Susana Casas (Firmat); Marcelo Alejandro Maximino (Rosario) y Carla María Cerliani (Casilda).
Como defensores públicos adjuntos: Amalia Rosalía Cassina (Rafaela); María Soledad Estrada (Esperanza); Silvina María Marta Corvalán (Coronda); María Virginia Segado (San Javier); Marisol Ana Dalla Fontana (Cañada de Gómez); Franco Damián Fosco Cioffi (San Lorenzo). Y para Rosario: Alejandra Paolini, Daniel Kantor, Andrés Eduardo Bassini, María Juliana Girolimo, Nanci María Zulli, César Baroni, Juan Ignacio Bazet, María Soledad Carrozza y Eleonora Natalia Verón.
