Editorial

• La norma sancionada por la Legislatura no hace modificaciones de fondo e intenta subsanar la falta de designación de jueces y secretarios.

Herramientas para el nuevo Código Procesal

Con la sanción de la llamada Ley de Herramientas, la Legislatura de Santa Fe completó la aprobación de una serie de normas que hacen a la entrada en vigencia a partir de hoy del nuevo Código Procesal Penal en la provincia.

La sanción de esta última norma era esperada desde octubre por el Poder Ejecutivo y por la Corte Suprema de Justicia ya que surgió de la mesa de diálogo instrumentada por el gobierno para llevar adelante un proceso de cambio de sistema que pareció entorpecerse en determinados momentos ya sea por razones políticas o presupuestarias. En dicha mesa de diálogo, se sentaron los distintos actores y fueron puliendo los instrumentos que sirven para tener -a partir de hoy- un sistema moderno de juzgamiento a los responsables de las figuras tipificadas en el Código Penal.

Habrá que señalar que la necesidad de cambiar el sistema de procesamiento penal en la provincia viene siendo reclamado desde la década del ‘90 por la academia, proceso que una década después se aceleró en virtud de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entendió que el sistema que acaba de caducar no cumplía con mandatos constitucionales. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó la inconstitucionalidad del sistema santafesino. A ello se sumó la decisión del Plan Estratégico de la Justicia santafesina que entendió necesaria la actualización del proceso penal.

Desde la sanción del nuevo Código, en agosto de 2007, han pasado casi siete años. En el medio, se dictaron normas que establecieron la creación de los dos institutos principales: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, más otra serie de leyes para ordenar la transición y crear los tribunales penales y la oficina de gestión que tendrán a su cargo la distribución de la tarea. Después se hicieron concursos de autoridades y luego de funcionarios que aún continúan en sus puestos. Se trata de cargos que requieren acuerdo legislativo. Además, se debió avanzar en la compra de bienes muebles, alquiler de inmuebles, suministro de nuevas tecnologías y designación de personal de apoyo.

La llamada Ley de Herramientas sancionada la semana pasada no hace modificaciones de fondo al Código, pero sí pretende subsanar la falta de nombramiento de secretarios o de jueces, eliminando la obligatoriedad de su presencia en determinadas etapas del juicio, siempre y cuando no haya personas privadas de su libertad.

Habrá que acotar que esta última norma es una de las pocas no votadas por unanimidad ya que un sector importante del justicialismo facilitó su tratamiento para no obstaculizar la entrada en vigencia del sistema, pero se abstuvo a la hora de votarla.

De todos modos, la puesta en vigencia de un sistema que para muchos implica un giro copernicano demandará permanentes retoques y adecuaciones legales que no deben extrañar ni provocar alarma.

En la práctica, exigirán del monitoreo y diálogo permanente de los tres poderes del Estado para encontrar la mejor solución para la ciudadanía, que requiere una Justicia eficiente, ajustada a derecho e igual para todos, máxime en un ámbito tan sensible como es la seguridad pública.

El nuevo sistema penal demandará adecuaciones legales que exigirán un diálogo permanente de los tres poderes del Estado.