editorial

• El fenómeno se repite en gran parte de los países de América y del resto del mundo.

Trabas al acceso a la información

El año que acaba de terminar no fue bueno para la libertad de prensa. Tanto es así, que ninguna región del mundo estuvo exenta de las presiones y las acciones autoritarias de gobiernos dispuestos a hacer todo lo que tienen a su alcance en busca del silencio.

En la Argentina, la situación es bien conocida. Desde hace años, el gobierno intenta asfixiar a medios díscolos restringiéndole el acceso a la publicidad oficial. A su vez, destina importantes recursos publicitarios para sostener ciertos medios adictos al poder que, por lo general, carecen de niveles aceptables de audiencias.

A este fenómeno, que provoca fuertes distorsiones competitivas, se agrega el hecho de que empresarios “amigos” del poder y favorecidos por los dineros públicos adquirieron durante los últimos años canales de televisión, diarios, revistas y radios, con el objetivo claro de crear una verdadera red de comunicación destinada a propagar el discurso oficial.

Pero los problemas no son exclusivos de la Argentina. Durante 2013, 17 periodistas fueron asesinados en el resto de América Latina, donde la violencia sigue prevaleciendo.

Según el balance recientemente realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), existen países puntuales en donde la libertad de información se vio mayormente afectada.

En Ecuador, por ejemplo, comenzó a regir la ley Orgánica de Comunicación. Los legisladores ecuatorianos crearon una figura inédita: el “linchamiento mediático”. De esta manera, en caso de que un funcionario público sea criticado por uno o más medios durante un período prolongado de tiempo, puede aducir que existe una suerte de operación concertada para desprestigiarlo, para generar una imagen negativa y, además, perjudicar la investidura misma que le otorga el cargo para el que fue elegido.

Desde la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) manifestaron su sorpresa y preocupación por la creación de esta figura legal que, obviamente, tiende a incrementar los niveles de autocensura.

En Venezuela, el gobierno busca estrangular económicamente a periódicos que son críticos, privándolos de las divisas necesarias para comprar, por ejemplo, el insumo básico del papel, que no se produce en el país.

En Cuba, el gobierno continúa manteniendo una fuerte censura sobre todas aquellas informaciones que puedan afectar su imagen.

Periodistas independientes -los únicos medios que existen dependen del Estado- son encarcelados y torturados por el mero hecho de dar a conocer sus puntos de vista divergentes. Uno de los casos más resonantes fue el de Calixto Martínez, quien debió soportar varios meses de cárcel, en celdas de castigo y sufriendo castigos corporales que pusieron en riesgo su vida.

El supuesto delito cometido por este periodista fue haber informado sobre un brote de cólera en el occidente del país. Situación que, finalmente, debió ser reconocida por el gobierno cubano.

Los problemas también se dieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí se produjo, por ejemplo, la intromisión secreta por parte del gobierno en las líneas telefónicas de periodistas de la Associated Press. Las denuncias internas y externas se multiplican.

En definitiva, el libre acceso a la información no parece estar garantizado en ningún rincón de América, por lo que resulta indispensable mantener vigentes todos los esfuerzos tendientes a sostener la práctica de un derecho fundamental para la democracia y la libertad de los pueblos.

Resulta indispensable mantener los esfuerzos para garantizar la práctica de un derecho fundamental para la democracia y la libertad de los pueblos.