11.3°Evasión tributaria y lavado de dinero
Allanaron oficinas de Báez
El procedimiento fue en dependencias de Austral Construcciones por denuncia de Carrió.
De la redacción de El Litoral
La Justicia allanó ayer las oficinas porteñas de Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, a raíz de una causa por evasión tributaria y lavado de dinero. La medida fue ordenada por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, en el marco de una denuncia impulsada por la legisladora Elisa Carrió a raíz de la publicación de una serie de notas en el diario La Nación.
Justo al mismo tiempo, Lázaro Báez se autodenunció en los tribunales de Santa Cruz tras desmentir las acusaciones en su contra, y ahora la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Andrea Azkenasi Vera, tiene que resolver si hace lugar a una medida cautelar para evitar que se difunda información sobre las empresas de Báez. Mientras en Santa Cruz se analizaba esta cuestión, el juez López Biscayart ordenó que la Policía Federal hiciera un procedimiento en las oficinas del empresario, en el quinto piso del pasaje Carabelas 241 de esta ciudad, y en otra sede de la firma ubicada a pocos metros de allí.
Desde las 16, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, a cargo de la comisaria Irene Martínez, se encargaron de secuestrar documentación y registros contables de la empresa, que serán analizados a la luz de la investigación.
Según fuentes judiciales, el juez también solicitó a la Afip el listado de las empresas atribuidas a Lázaro Báez.
El origen de la causa judicial
Elisa Carrió y el diputado Fernando Sánchez habían radicado el lunes pasado la denuncia a raíz de la información aparecida desde el domingo pasado en el diario La Nación en donde se sostuvo que Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos a los Kirchner en concepto de alquiler del hotel Alto Calafate, en el marco de acuerdos confidenciales.
En los días siguientes, el periodista de ese diario Hugo Alconada Mon publicó que el pacto había alcanzado también a otros dos hoteles: la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces; y que entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de $ 14,5 millones de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, beneficiario de la obra pública en la Patagonia.
Frente a ello, la denuncia presentada por la Coalición Cívica por “lavado de dinero y evasión tributaria” recayó en el juzgado de López Biscayart, el mismo magistrado que tuvo en sus manos la primera parte de la investigación por la causa Skanska, el primer escándalo de supuesta corrupción que se conoció en el gobierno de Néstor Kirchner. El fiscal hizo lugar a investigar la denuncia sólo por el delito de evasión tributaria.
En declaraciones a CNN en español, el diputado Sánchez afirmó que desde 2008 diputados de la Coalición Cívica vienen denunciando que “había una trama bien orquestada, donde las administraciones de Kirchner diseccionaban la obra pública y otros fondos a un determinado conjunto de empresarios que se beneficiaban pagando sobreprecios, y que la devolución de ese beneficio era la contraprestación para el enriquecimiento personal de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora.
