11.3°|Insólito recurso ante la Justicia
Lázaro Báez pide censura previa para cuidar a Cristina
- Basado en la idea de que pudo haber sobornos para obtener información, el socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez, solicitó a un juez que prohíba la publicación de noticias sobre sus empresas.
El mayor contratista de obra pública de Santa Cruz hizo la petición en una presentación en el Juzgado Federal de Río Gallegos. Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral/Dyn
El empresario kirchnerista Lázaro Báez pidió hoy a la Justicia que le prohíba a todos los medios de comunicación dar información u opiniones de sus empresas y reclamó que se investigue a la Afip y la Unidad de Información Financiera (UIF) porque sospecha que pudo haber “pago de sobornos” a “funcionarios públicos” para obtener esos datos.
En la denuncia a la que accedió DyN, Báez pidió que se dicte una medida cautelar a “fin de que se ordene a los organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno” sobre información comercial de sus empresas.
El mayor contratista de obra pública de Santa Cruz -que era un empleado bancario hasta el primer gobierno de Néstor Kirchner en esa provincia- hizo la petición en una presentación en el Juzgado Federal de Río Gallegos, luego de una serie de notas del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación que informaban que la empresa Valle Mitre SA pagó varios millones de pesos para alquilar habitaciones en hoteles del matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.
El empresario, a través de su abogado Juan Pablo Gregori, dijo que se usó información comercial de la compañía y pidió que se investigue a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) como los presuntos organismos que dieron los datos.
“No se puede descartar, entonces, que funcionarios desleales de dicho organismo hayan sido quienes revelaron a los medios esas informaciones privadas y confidenciales”, sostiene la denuncia.
Agrega que con esa información “se afecta no sólo a la empresa sino a quienes la gobiernan, es evidente, en tanto con las notas periodísticas mencionadas se pretende insinuar, sobre la base de la utilización de la información ilegalmente obtenida, que ha existido una suerte de negociación espuria entre mi mandante y la familia presidencial”.
Adepa y Fopea
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), primero y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), después condenaron la pretensión de ponerle un bozal a la libertad de expresión.
La entidad que nuclea a los editores de diarios de todo el país sostuvo hoy que la Justicia podría incurrir en “censura previa”, en caso de aceptar una medida cautelar presentada por el empresario kirchnerista, mientras que el foro de periodistas consideró: “Es inútil un bozal para silenciar la información de interés público” y solicitó a la Justicia de Santa Cruz que “rechace” la medida.
Adepa planteó en un comunicado su más “profunda preocupación” y “exhortó” a las autoridades judiciales competentes “a rechazar in limine la medida cautelar solicitada, para preservar el derecho esencial a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya que ello es consustancial a la práctica democrática y republicana, máxime cuando se alude a presuntos negocios vinculados con funcionarios públicos”.
" Primero fue la Policía y ahora la electricidad; quieren crear una sensación de caos. Son grupos desestabilizadores enemigos del gobierno”
Edgardo Depetri,
diputado nacional kirchnerista.
Télam y Capitanich
Recién cuando el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se manifestó hoy en contra del pedido del empresario Lázaro Báez a la Justicia para que se prohíba a todos los medios de comunicación dar información u opiniones de sus empresas, la agencia oficial de noticias Télam publicó la existencia de esa particular petición del empresario socio del matrimonio Kirchner.
La noticia que hoy es tapa de la mayoría de los diarios editados en Buenos Aires no existió entre los cables que ayer ofreció Télam. Recién reflejó el tema esta mañana, a través de las expresiones de Capitanich.
Esta mañana el chaqueño se mostró incómodo cuando se le preguntó por la solicitud de Báez a la justicia y dijo: “Estoy a favor de la democracia plena y la libertad de expresión sin restricciones de ninguna naturaleza. Más democracia, más libertad, eso es lo que tenemos que tener”, indicó el funcionario nacional, “aún cuando medios de comunicación y periodistas hacen de la difamación y el agravio, conjuntamente con dirigentes políticos, una estrategia que tiende a socavar la legitimidad del sistema democrático”.
Por otra parte, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich dijo que en la “declaración jurada impositiva de la presidenta de la Nación está perfectamente identificado el origen de cada uno de los fondos en virtud a la generación de los mismos. Eso está debidamente aclarado en un comunicado, no tengo más nada que agregar. Respecto al tema de la cuestión que incumbe a la declaración jurada de la presidenta de la Nación, la misma ha sido aclarada mediante un comunicado público. Es una cuestión que tiene que ver con estrictas condiciones de transparencia. Está perfectamente identificada y no incluye ningún esquema de incompatibilidad de ninguna naturaleza”, prosiguió.
El dato
Opositores
En tanto, los integrantes de los bloques legislativos de la oposición convocaron para hoy a las 14 a una audiencia pública para tratar la situación de Campagnoli, en el Salón Azul del Senado de la Nación. Participarán ONGs, asociaciones de magistrados y de abogados y asociaciones civiles, entre otras.
Descargo del fiscal suspendido por investigar al empresario K
José María Campagnoli, el fiscal de Instrucción que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, presentó hoy una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se anule el sumario administrativo en su contra y lo reponga en el cargo.
“La opinión pública entiende que la corrupción corroe las bases del sistema democrático y que las denuncias contra altos funcionarios del poder deben ser esclarecidas, pues de lo contrario estaremos frente a un atentado contra el régimen democrático”, proclama Campagnoli, en su escrito de 20 páginas, patrocinado por el abogado y ex diputado nacional por la UCR, Ricardo Gil Lavedra.
La causa recayó en el Juzgado Nº 9, a cargo del magistrado Pablo Cayssials, y apunta esencialmente a “la nulidad de los sumarios administrativos” en el marco de los cuales Campagnoli fue suspendido.
“No existió una mínima sustanciación de las actuaciones; no se me permitió sugerir pruebas y no se produjo ninguna de oficio (...), no se respetó mi derecho a acceder a la imputación y ser oído en relación con ella”, subraya el escrito, al que tuvo acceso DyN.
Tras repasar todo el derrotero judicial de la causa en la que Campagnoli investigó al empresario kirchnerista Lázaro Báez, el fiscal reconoce que dio “explicaciones” en el marco del sumario, pero rechaza que fueran “descargos” que garantizaran su derecho de defensa.
“Los pedidos de explicaciones iniciales en las actuaciones, a los que (la procuradora general de la Nación, Alejandra) Gils Carbó otorgó carácter de ‘descargos’ en la resolución de clausura de los sumarios, no fueron tales”, alega Campagnoli.
“Parte de las consideraciones relacionadas con mi mal desempeño evidencian meros desacuerdos acerca del modo en que debía llevarse adelante la investigación, o del contenido que debía tener un dictamen, cuestiones éstas propias de la órbita de actuación autónoma e independiente del fiscal”, añade.
