Se eximirá del pago del Drei por seis meses a propietarios de comercios que sufrieron saqueos durante la crisis policial. También se autorizó al Ejecutivo a tomar crédito hasta ese monto para adquirir móviles, equipos y cámaras.

Luciano Andreychuk

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La escalada de inseguridad que vive la ciudad -ayer por la noche hubo una muy tensa reunión entre vecinos de Candioti Norte y funcionarios municipales y provinciales por esta problemática, ver pág. 13- obligó al Concejo a consensuar rápidamente dos proyectos fuertes antes del cierre del año legislativo: primero, se aprobó una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a pedir crédito ante entidades financieras por hasta 7 millones de pesos, que serán destinados a la compra de vehículos para patrullaje, cámaras de seguridad, fibra óptica y equipos de logística.

Segundo, como paliativo o resarcimiento material para los propietarios de comercios locales que sufrieron actos de vandalismo y saqueos durante los días que duró la crisis policial, se eximirá a éstos del pago del Derecho de Registro e Inspección (Drei) durante seis meses, desde diciembre hasta mayo inclusive. Había seis proyectos presentados sobre este tema. Se debió habilitar un cuarto intermedio para consensuar un texto unificado.

En concreto, ahora el Ejecutivo podrá contraer empréstitos o celebrar contratos de fideicomiso ante bancos, cooperativas, entidades financieras o crediticias por hasta 7 millones de pesos, que se destinarán para la compra de 14 automóviles (12 pick up 4x4 y dos utilitarios); 20 motos; dos embarcaciones con trailer, y hasta una aeronave no tripulada. También, equipos de comunicación y elementos de trabajo; cámaras de seguridad (no se especifican cuántas) y fibra óptica.

Más recursos

El destino de las adquisiciones -vale aclarar- será para personal de la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, que depende del municipio. El personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), que hoy cuenta con unos 300 agentes, no tiene la facultad de hacer uso de la fuerza. Esa facultad es exclusiva de la Policía, que depende de Provincia. Pero la GSI puede trabajar coordinadamente con los efectivos policiales, sobre todo en la prevención y alerta del delito.

“En materia de seguridad se avanzó con la colocación de cámaras en San Martín Norte y Sur, con sistemas de alarmas en las escuelas, botones de alerta para víctimas de violencia familiar”, puntualizó Ariel Rodríguez (FPCyS-UCR). “Esto es un avance más, que entendemos como positivo y conveniente”, resaltó. Lo cierto es que los recurrentes casos diarios de inseguridad muestran que no alcanza con todo lo hecho.

Efecto Serena

“La seguridad es una demanda permanente que tiene la gente. Decidimos acompañar (el bloque justicialista sólo se abstuvo en un artículo). Pero hay que entender que la compra de equipamiento debe enmarcarse en un plan integral de seguridad, con medidas y pautas claras. De nada vale comprar equipos si hay zonas donde no se puede acceder, o si faltan convenios con la Policía para trabajar conjuntamente”, dijo Silvina Frana (PJ).

La flamante edila pidió un mapa de cámaras de seguridad en la ciudad. Recordó que “la gente necesita respuestas concretas e inmediatas. Estamos ante un serio problema que se cobra vidas, como la de la pequeña baleada en Regatas. El caso Serena (M.) puso a la luz cosas que pasan en muchos barrios de la ciudad todos los días”, resumió.

Exención por saqueos

Otro corolario de la inseguridad nuestra de todos los días fueron los saqueos y vandalismos durante el conflicto policial, del 7 al 10 de este mes. A los comercios afectados por estos delitos (ya hay registrados una treintena, ver El Dato) se les condonará la deuda en concepto de Drei desde diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril y mayo inclusive de 2014.

Se prorrogó hasta el 31 de diciembre del corriente el plazo establecido para que los comerciantes se inscriban en el registro creado para recibir el beneficio de la exención. “Esto es un paliativo para la gente que perdió sus bienes a manos del vandalismo”, apuntó Ignacio Martínez Kerz.

El dato

Registro

• Hasta hoy 32 comerciantes se inscribieron en el registro creado por decreto en la oficina de Derechos Ciudadanos. Durante la semana pasada desde dicha oficina tomaron contacto con algunos de los titulares de los locales afectados y elaboraron un primer listado de aproximadamente 50. Como sólo se registraron 32, se resolvió estirar el plazo de inscripción para que los que faltan puedan completar el trámite. En tal caso, deben dirigirse a Salta 2840, de lunes a viernes de 7.30 a 13 y por la tarde de 15 a 18.