Denuncias cruzadas

Corrupción vs. golpe institucional

Tras la furiosa reacción oficial a las denuncias sobre el viaje presidencial a Seychelles, la oposición reclama explicaciones por la adjudicación de dos represas en Santa Cruz.

De la redacción de El Litoral

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El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, replicó hoy al gobierno que “lo que lesiona la estabilidad institucional es la corrupción” de la propia administración nacional y reclamó “información” detallada del paso de la presidenta Cristina Fernández por la República de Seychelles.

Además, insistió con que la licitación de la construcción de dos represas cuya adjudicación oficializará mañana la primera mandataria en Santa Cruz “violó todas las reglas del pliego” para favorecer a “los amigos” del Ejecutivo y argumentó que, “primero, fue dirigida al empresario Lázaro Báez y, después, a (la compañía) Electroingeniería”.

El radical cruzó a su colega del kirchnerismo Juliana Di Tullio y al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quienes denunciaron ayer que “la intención de fondo” de la oposición, si el oficialismo pierde en los comicios de octubre la mayoría en la Cámara Baja, es “dar un golpe institucional a la democracia”.

“Al contrario, lo que lesiona la estabilidad institucional y la buena gobernanza es la corrupción, es la oscuridad; eso es lo que la lesiona. No sé qué pretende el gobierno, ¿impunidad total?”, dijo hoy a radio Continental Gil Lavedra, quien buscará renovar su banca en las próximas elecciones desde el frente Unen.

El legislador, al reclamar al gobierno “información” detallada sobre el último viaje a África de la presidenta se preguntó: “Sobre lo de (la República de) Seychelles, ¿cuáles fueron las razones de hacer esa escala (en ese país)?”.

Cuestionamientos

El radical se sumó así al cuestionamiento al respecto de su colega del partido GEN Gerardo Milman, además de un informe sobre el asunto del programa televisivo “Periodismo Para Todos” (PPT), que recibió una dura réplica de Parrilli, quien hasta llegó a definir al conductor Jorge Lanata como “asesino mediático”.

Luego, insistió con su denuncia de irregularidades en la licitación de la construcción de dos represas en Santa Cruz cuya adjudicación oficializará mañana la primera mandataria en el marco del llamado al diálogo social en Río Gallegos.

“Presentamos la denuncia judicial (al respecto) porque los elementos, que parecían corroborados por la ausencia de información del Estado, daban cuenta de una licitación amañada, que violó todas las reglas del pliego”, recordó Gil Lavedra para rememorar que presentó primero un pedido de informe parlamentario que “no obtuvo respuesta”.

Gil Lavedra completó: “Primero, la licitación fue dirigida a Lázaro Báez y, después -tras denuncias de irregularidades-, a Electroingeniería; dirigida nada más que a los amigos del Poder (Ejecutivo). Pareciera que, cada vez más, uno se encuentra inmerso en un mar de corrupción”.

Boudou-Vandenbroele: buscan la foto

• El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación del affaire Ciccone, analiza una serie de filmaciones registradas en un lujoso hotel porteño para saber si habrían quedado registradas imágenes de un posible encuentro entre el vicepresidente Amado Boudou y el empresario Alejandro Vandenbroele.

Fuentes judiciales indicaron que Lijo hizo recientemente un allanamiento en el Palacio Duhau, uno de los importantes edificios ubicados sobre la avenida Alvear, en el barrio de Recoleta, de donde secuestró equipos de filmación.

Este allanamiento, que se hizo a fines de julio, fue motivado por la declaración de una periodista en el juzgado, diciendo que había habido una reunión entre Vandenbroele y Boudou en 2011 en ese edificio. Además, el diario La Nación publicó tiempo atrás que en enero de 2011, siendo presidente interino, Boudou almorzó en el restaurante del Palacio Duhau con el entonces flamante dueño de la ex Ciccone Calcográfica, Vandenbroele, y el ex socio comercial del vicepresidente, José María Núñez Carmona.

Frente a esa información, el juez dispuso el procedimiento ante la posibilidad de que los equipos hayan filmado ese supuesto encuentro. Ahora, los expertos intentarán encontrar en los servidores alguna imagen que sirva de prueba en la causa Ciccone, pero según confiaron fuentes del caso “es muy poco probable que se pueda encontrar algo” sabiendo que “cada 30 días los servidores se reutilizan”.

“Falta la foto”, decían los investigadores apenas estalló el escándalo que salpicaba al vicepresidente, cuando todavía la causa estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo y del juez Daniel Rafecas. Ahora, Lijo tiene la causa donde Boudou es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función publica por entender que, cuando era ministro de Economía, habría intercedido ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund, ligada a Vandenbroele, accediera al control de Ciccone mediante ventajosas medidas para levantar la quiebra.

"La violencia verbal y simbólica que parte de la dirigencia, en la sociedad puede potenciarse y es muy peligroso”.

Ricardo Alfonsín,

candidato a diputado UCR.

OPINIÓN

Adepa (*)

Agravios por vía oficial

• En la noche del domingo pasado, mientras se emitía por Canal 13 el programa “Periodismo para todos”, en la cuenta de la Casa Rosada en Twitter se proporcionaron detalles vinculados con el viaje que realizó Cristina Kirchner, en enero pasado, a las islas Seychelles. A través de una serie de tuits y de un comunicado en la página web de la presidenta, se intentó rectificar datos vertidos en el informe que estaba presentando Jorge Lanata.

Todo funcionario tiene pleno derecho a rebatir una versión periodística. Lo que excede los límites propios del respeto a la libertad de expresión y al rol que le cabe al periodismo en toda democracia, es el agravio. En el comunicado del domingo se denomina a Lanata “sicario de Magnetto” y se lo acusa de “infundir odio en sectores de la sociedad en contra de la presidenta de la Nación para llevar a cabo su plan maquiavélico de incitación a la violencia”.

El uso de estos términos dentro de un mensaje transmitido a través de un canal de comunicación oficial agrava el caso. La injuria y la imputación de delitos proferidos por la máxima autoridad de un país contra un periodista afectan la libertad que requiere el ejercicio del oficio periodístico.

El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, fue más directo. “Es un asesino mediático”, afirmó en declaraciones a Radio 10, refiriéndose a Lanata. Por su parte, la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, dijo que “la intención de fondo es dar un golpe institucional a la democracia”.

Adepa solicita a los funcionarios que eviten el uso de descalificaciones y ataques en sus discursos. Su uso socava las bases de toda convivencia democrática. Puede ser un disparador para la violencia que el Estado está obligado a contener.

(*) Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.