editorial

Límites a la procuradora

• La Corte anuló una designación “a dedo” producida por Gils Carbó, de una funcionaria que no tenía condición de fiscal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la designación de la procuradora fiscal subrogante elegida por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, para actuar en las causas que se ventilen ante ese Tribunal.

El argumento fue que la funcionaria objetada no es fiscal, ni cuenta con acuerdo del Senado para ello, sino que tiene rango de secretaria dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, los ministros le imputaron a Gils Carbó haberla elegido “a dedo”, sin cumplir con las normas legales y reglamentarias.

En términos de establecer los alcances del pronunciamiento, hay que señalar que, por cuestiones de seguridad jurídica, la Corte avaló lo actuado por la procuradora subrogante. Y que, a la vez, no se pronunció en términos generales sobre las facultades de Gils Carbó, cuestionada e incluso penalmente denunciada por otros nombramientos del mismo tenor. Este silencio permitió a la propia procuradora forzar la interpretación y pretender que, con esa omisión, el Tribunal convalidó el mecanismo.

Lo cierto es que el pronunciamiento no se agota en cuestiones formales o institucionales, sino que se produce en un marco de fuerte tensión, e incluso de confrontaciones, producto de la actuación de la procuradora y su enérgica militancia como principal referente del movimiento Justicia Legítima, alentado por el kirchnerismo.

Desde ese lugar, Gils Carbó reclamó a los ministros que firmasen una acordada para habilitar el pago del Impuesto a las Ganancias a los jueces y funcionarios judiciales. La Corte desactivó su embate respondiéndole que ya se estaba ocupando del tema de los magistrados, y que en lo que a fiscales y defensores respecta, no había ningún impedimento.

La fricción continuó con el debate por la reforma judicial, el dictamen sobre la Ley de Medios y los cuestionamientos a los miembros del tribunal de parte del movimiento que encabeza la procuradora.

En este caso, el Tribunal avanza en poner límites a la beligerante jurista, convertida en principal espada de la presidenta de la Nación en el interior mismo del Poder Judicial, y jefa del cuerpo de fiscales federales, al que confirió impronta propia con la elección -siempre “a dedo”- de nada menos que 40 de sus integrantes.

Pero también, este nuevo revés para la funcionaria cristinista suma otro elemento al escenario de confrontación y desconfianza hacia la cabeza del Poder Judicial que se generó en el gobierno, luego de que sus miembros rechazaran encolumnarse tras los dictados del Poder Ejecutivo. Y además, ocurre en vísperas de una definición de la Corte sobre una cuestión crucial para la actual gestión, como es la constitucionalidad de la Ley de Medios.

No obstante, más allá de las interpretaciones y proyecciones que puedan hacerse, y de los perjudicados o beneficiarios de la decisión, resulta saludable que se acuda a la aplicación estricta de la normativa vigente, como presupuesto esencial para demarcar el terreno en que han de librarse las discusiones. Un terreno que, bajo la metralla de consignas facilistas y el imperio del voluntarismo, tiende a desdibujarse y convertirse en un verdadero campo de batalla, donde la sociedad queda bajo el fuego cruzado.

Resulta saludable que se acuda a la aplicación estricta de la normativa vigente, como presupuesto esencial para demarcar el terreno en que han de librarse las discusiones.