11.3°Proyecto X: infiltrar gendarmes en las protestas sociales
Gendarmería: Garré promete ser inflexible con el espionaje
De la redacción de El Litoral
Tras las advertencias de legisladores de la oposición que esperan poder interpelar en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, esta mañana la funcionaria dijo que será “inflexible” si se comprueba que hubo espionaje de la Gendarmería.
Garré primero intentó minimizar la denuncia sobre esa fuerza, pero luego optó por buscar despegar al gobierno nacional de la denuncia judicial que tramitan dirigentes sindicales y partidos políticos de izquierda, por actividades de la Gendarmería durante la toma de la fábrica de Kraft Food.
Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado que dice que “Garré repasó junto al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior (CSI), Miguel Ángel Bermejo, el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas”.
Por otra parte, mediante la informalidad de su cuenta de Twitter, la ministra Garré prometió que tomará medidas ejemplares para los gendarmes o la conducción de la Gendarmería si se comprueba que esa fuerza realizó tareas de espionaje interior o inteligencia.
El diario La Nación subraya que anoche en la misma cuenta twittera, Garré argumentaba: “Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales”.
Proyecto X
Parte de los procedimientos previstos del llamado Proyecto X, una unidad especial de Gendarmería Nacional que contaría con una base de datos que es utilizada ante protestas, consisten en infiltrar agentes en las manifestaciones sociales.
“Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene”, escribió Garré en su cuenta de la red social, en respuesta a comentarios de otros twitteros.
En tanto, Marcelo Saín, diputado bonaerense oficialista del partido Nuevo Encuentro, señaló que es muy probable que la Gendarmería “haya incurrido en alguna ilegalidad” al conformar la base de datos denominada Proyecto X, pero afirmó tener “absoluta certeza de que (la ministra de Seguridad) Nilda (Garré) no avala esto”.
Saín, ex viceministro de seguridad provincial y ex titular de la Policía Aeroportuaria, sostuvo: “Es un tema grave que amerita un abordaje institucional serio. Hace mucho tiempo que esta conducción de la Gendarmería está al frente de la fuerza, creo que habría que revisar algunas cuestiones”.
“Es muy probable que la Gendarmería haya incurrido en alguna ilegalidad. También es seria la convalidación judicial a este tipo de acciones”, dijo a radio Mitre
Además del caso de presunto espionaje ilegal de Gendarmería sobre militantes sociales, en las últimas semanas hubo intervenciones policiales, con represión, en manifestaciones sociales como la represión a vecinos y ambientalistas en la ciudad catamarqueña de Tinogasta que se oponen a la megaminería; y el desalojo violento en la avenida 9 de Julio a ex soldados que fueron movilizados al continente durante la guerra de Malvinas.
En las tapas
Sólo algunos diarios de tirada nacional llevaron a la tapa la noticia sobre el espionaje interno en que habría incurrido la Gendarmería. La Prensa advierte que “reaccionan las organizaciones populares y la oposición ante la admisión del jefe de la Gendarmería de que la fuerza infiltraba hombres en las marchas de protesta y formaba una base de datos”.
La Nación subraya: “Dura polémica por tareas de inteligencia de Gendarmería. El Proyecto X: admisión de una fuerza de seguridad ante la Justicia. El tema estalló al conocerse que se recopilaban datos de dirigentes sociales; citan a Garré al Congreso”.
En tanto, Clarín adelanta que “pedirán la interpelación de Garré por el espionaje de Gendarmería”.
En un documento oficial
El diario La Nación refleja un documento oficial de Gendarmería en el que se describen los procedimientos para obtener información en la protesta de los empleados de la empresa Kraft Food, a fines de 2009.
El matutino dice que el título del documento fechado el 30 de septiembre de ese año es: “Informe producido por el centro de reunión de información ‘Campo de Mayo’ ”. El texto describe cómo actuaban los trabajadores de esa firma que protestaban en agosto de ese año sobre la Panamericana.
“Más abajo, una detallada cronología relata lo actuado entre el 19 de agosto y el 10 de septiembre por los obreros que exigían la incorporación de compañeros despedidos. Se mencionan los cortes en la ruta hora por hora, la actitud de los protestantes, quiénes participaron de la misma (la lista incluye, entre otros, a trabajadores despedidos, familiares y amigos, miembros del Partido de los Trabajadores Socialistas, organizaciones de derechos humanos), y se identifica puntualmente a quienes fueron posteriormente procesados por los cortes: el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola; la ex diputada nacional Vilma Ripoll; y los delegados gremiales Ramón Bogado y Javier Hermosilla”, dice La Nación.
El informe concluye: “Los protagonistas de interés han mantenido sus posturas contrapuestas (...), han puesto en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes como de terceros al interrumpir deliberadamente en reiteradas oportunidades la autopista Panamericana”, informa el diario fundado por Bartolomé Mitre.
“Este tipo de información -sigue el diario-, recabada por gendarmes infiltrados en las protestas, es lo que partidos de izquierda y organizaciones gremiales y sociales denunciaron ante el juez Norberto Oyarbide en noviembre pasado, y que el comandante general de la fuerza, Héctor Schenone, admitió realizar en el marco del denominado Proyecto X al responder un pedido de información del magistrado”.
Ley 25.520
“Ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades consultivas, realizar funciones, cumplir funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
Tampoco, “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”, sostiene el texto de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
