Diputados sancionó un proyecto surgido de la Mesa del Diálogo
Otro fuerte compromiso político para el cambio del sistema penal
La norma fija las obligaciones de los distintos actores en la actual etapa de transición hacia la vigencia plena del nuevo Código. Amplían facultades a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja.
Mario Cáffaro
Sobre tablas y por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó la primera ley del corriente año calendario y es la norma que establece un cronograma de tareas para los distintos actores que participan de la puesta en vigencia definitiva del nuevo Código Procesal Penal. El texto, surgido de la Mesa del Diálogo permanente por la reforma, había sido aprobado en los últimos días de diciembre último por el Senado y ayer Diputados completó el trámite que fue calificado como “un avance en el marco de una transformación institucional profunda” por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.
Precisamente Lewis estuvo el miércoles reunido con legisladores explicando el objetivo de una norma que en los hechos modifica distintas artículos de cuatro leyes: la de transición, del ministerio público de la Acusación, del servicio general de la Defensa y de la implementación progresiva del nuevo Código.
Fue el único proyecto de ley tratado en una dilatada sesión de la Cámara Baja cuyo mayor espacio de tiempo lo dedicó a discutir los alcances que debería tener un proyecto de repudio a la represión sufrida por vecinos de Catamarca y La Rioja que se oponen a la minería a cielo abierto. Finalmente, después de casi dos horas oficialismo y oposición cedieron en parte sus pretensiones y pudieron votar un texto en forma conjunta.
Además de una serie de pedidos de informes votados sobre tablas (dos de Mario Lacava, uno sobre el fondo de obras de la autopista Santa Fe - Rosario y otro sobre los recursos recibidos por Santa Fe del Fondo Federal Solidario), la Cámara amplió las facultades de la Comisión de Derechos y Garantías en “informativa y investigativa” sobre los hechos del triple crimen del primero de enero de este año en la ciudad de Rosario. En 90 días, el grupo deberá presentar un informe sobre el caso. El justicialista Eduardo Toniolli, presidente de la Comisión, hizo un racconto de lo ya actuado sobre el hecho y justificó el nuevo rol de la comisión en entender que “corresponde al Estado en todos sus niveles, y en el caso del Estado Provincial, a todos sus poderes - incluyendo al Poder Legislativo -, abordar este acontecimiento como un punto de inflexión, que también pueda brindar certezas a la ciudadanía en torno al compromiso de los poderes públicos en la búsqueda de justicia”. El radical Julián Galdeano, en tanto, hizo votos para que la política pueda amalgamar políticas de Estado en materia de seguridad.
Reforma penal
A la hora de aprobar el mensaje del Poder Ejecutivo sobre el cronograma para el nuevo sistema penal hubo coincidencias en los cuatro oradores: el socialista Raúl Lamberto y los justicialistas Lacava, Darío Mascioli y Héctor Acuña.
“Este proyecto surge de la Mesa del Diálogo y establece un cronograma de implementación definitiva del Código y se responsabiliza a cada estamento para el cumplimiento del complejo sistema. Son plazos prudentes y realistas” destacó Lamberto.
Lacava, a su turno, subrayó el compromiso del justicialismo de dar respuesta rápida y eficaz en el tema. Ayer, al salir de la reunión con Lewis el diputado santafesino había anticipado que iba a proponer un tratamiento sobre tablas de la iniciativa para evitar cualquier tipo de dilación en el trámite. Recordó además el PJ “con objeciones y propuestas” ya votó 12 leyes complementarias al Código Procesal Penal, entre ellas tres de prórroga de la entrada plena en vigencia, y la creación de 610 cargos.
El apuro obedece además a que uno de los plazos vencerá el 15 de marzo.
Acuña hizo notar que más allá de las leyes existen atrasos en lo que será la futura infraestructura del sistema penal así como en la formación de la policía científica y Mascioli hizo votos para que se cumplan los plazos porque serán una fuerte señal hacia la sociedad que reclama seguridad y justicia.
Como corolario, la Cámara votó la representación a la comisión de seguimiento de la puesta en marcha del sistema, comisión prevista en ley de transición y cuyos integrantes además se suman a la llamada Mesa del Diálogo.
Fecha
El nuevo texto votado establece -entre otras cosas- que la Corte Suprema de Justicia deberá comunicar al comité de gestión de conclusión de causas, antes del 30 de abril del 2012, la Estructura Judicial de conclusión de causas.
En cuanto a la fecha definitiva de vigencia plena del Código, ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo que deberá dictar un decreto. La fecha original era el 30 de octubre de 2009, plazo que ya había sido prorrogado en dos ocasiones.