Piquete, extorsión y Estado ausente

Con más de 40 grados de temperatura y sin haber recibido ningún tipo de advertencia por parte de las autoridades municipales y provinciales, centenares -y quizá miles- de personas quedaron ayer varadas sobre la ruta nacional 168 y en calles y avenidas que derivan el tránsito hacia la única vía de acceso en el Este de la ciudad.

Un grupo de manifestantes se apoderó del lugar, estableció sus propias reglas, dispuso de la vida de quienes quedaron atrapados como rehenes de la situación. Una vez más, el estado de indefensión se generalizó, sin que ningún organismo del Estado actuara para liberar la zona.

Es cierto que el tránsito se mantuvo habilitado sobre el Puente Colgante. Pero también es verdad que llegar al acceso del puente y transitar esos 300 metros demandó, en algunos casos, más de una hora de paciente e insoportable espera, bajo el sol abrasador.

Y aunque resulte paradójico, fue gracias al mismo sol impiadoso que el corte de la ruta fue suspendido por los manifestantes. De hecho, el piquete se levantó cuando el calor se hizo insoportable para ellos y no por la acción de las autoridades, que permitieron que un grupo minúsculo de personas se adueñara de la situación e impusiera sus propias reglas.

El miércoles de esta semana, desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) anunciaron que cortarían el tránsito sobre la ruta 168 para reclamar el pago de dos meses atrasados de los haberes a quienes integran cooperativas de trabajo que funcionan en siete barrios de la ciudad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se iniciaron negociaciones, hubo un compromiso de saldar la deuda y la agrupación resolvió suspender su protesta.

Sin embargo, un nuevo grupo denominado Movimientos, Instituciones y Agrupaciones (MIA) apareció en escena con una serie de reclamos de imposible resolución inmediata. Pidieron 800 puestos de trabajo, 30 viviendas, 400 bolsones escolares, 500 nuevos beneficiarios de la Tarjeta Social y un incremento de 250 pesos para quienes ya gozan de ese beneficio.

Tanto la Provincia, como el municipio, reaccionaron como si este piquete los hubiera tomado por sorpresa. Lo único que atinaron a hacer fue enviar policías para que ordenaran el tránsito y evitaran enfrentamientos entre los manifestantes y los rehenes varados bajo el sol.

Desde el gobierno provincial se dejó claramente establecido que no se tomará ningún tipo de medidas que signifique reprimir la protesta social, planteo que implica desechar el abanico de medidas de prevención y mitigación del daño con que cuenta el Estado. No se trata del todo o nada, sino del uso racional del imperio estatal. Entre tanto, la que crece, sorda y rabiosa, es la otra protesta social, la de los miles de rehenes que sufren cada día.

Es verdad que existe una deuda social básica con parte de la población. También es cierto que todo ciudadano tiene derecho a protestar y peticionar. Pero su ejercicio no puede confundirse con el chantaje y la extorsión, sino a riesgo de caer en la ilegitimidad. Éste fue el caso de ayer, protagonizado por el MIA.