EDITORIAL

Política y usurpaciones

El conflicto en el parque Indoamericano con la presencia de extranjeros en las ocupaciones de tierras han actualizado el debate acerca del rol del Estado nacional en materia de políticas inmigratorias. No es la primera vez que se discute este tema pero el conflicto social le ha dado en este caso una particular trascendencia. Las reacciones de diferentes sectores de la sociedad y de algunos dirigentes políticos contribuyeron a incentivarlo de la peor manera, es decir, fomentando los prejuicios y alentando sentimientos racistas indignos de nuestra tradición nacional.

No viene al caso remontarnos al siglo pasado para ponderar las bondades de la inmigración, pero sí conviene recordar que la Constitución nacional reconoce los beneficios de las políticas inmigratorias y rechaza toda manifestación de xenofobia, un sentimiento que no ha sido ajeno a la Argentina, aunque a diferencia de otros países siempre fue controlado.

Sociólogos y cientistas sociales advierten, además, sobre los beneficios actuales de la inmigración, sobre todo porque está probado que en su gran mayoría son portadores de la cultura del trabajo y realizan tareas que en muchos casos los argentinos no están dispuestos a realizar.

Los recientes incidentes sin embargo han puesto en evidencia la participación de extranjeros reclamando tierras y otros derechos sociales. La reacción agresiva de ciertos sectores de la sociedad contra extranjeros que cometen actos ilícitos en el país que generosamente les abrió las puertas puede ser exagerada, torpe y reaccionaria, pero es previsible. Se sabe por experiencia que en países con conflictos sociales, la participación de extranjeros suele generar respuestas violentas.

Lo que importa, en todo caso, es lo que hacen los gobiernos para atender este problema. En principio, una política abierta a la inmigración no se contradice con medidas de control y orientación. En el siglo pasado los inmigrantes llegaban a Buenos Aires y luego de una breve estada en el Hotel de Inmigrantes, muchos eran trasladados al interior para evitar concentraciones y hacinamientos, pero también para brindarles mayores oportunidades y desarrollar el país.

En el caso que nos ocupa, y sin desconocer las diferencias históricas de ambos momentos, se requieren políticas semejantes. Macri se expresó con torpeza, pero sus desaciertos verbales traslucen una cuota de verdad: la ciudad de Buenos Aires no puede o no podrá hacerse cargo de la atención de aluviones inmigratorios.

Por último, lo que no se debe perder de vista es que el principio de igualdad ante la ley vale para asegurar derechos y cumplir deberes. En consecuencia, toda persona merece por esa sola condición ser respetada y protegida, pero también debe cumplir con las leyes del país en el que vive.

Ningún extranjero debe ser rechazado por el color de su piel o su condición social, pero este derecho no puede ni debe convertirse en una coartada para eludir las leyes del país en el que vive.