11.3°Terrorismo de Estado
Una ley protegerá los sitios de la memoria
Fue votada por unanimidad por la Cámara de Diputados y girada al Senado. Tendrán señalización especial aunque no se menciona la expropiación de los lugares.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que declara “sitios de memoria del terrorismo de Estado” a los lugares ubicados dentro de la provincia en los que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido hasta el 10 de diciembre de 1983.
Se trata de un proyecto que inició Alicia Gutiérrez (SI) y a la que acompañaron con su firma sus pares del oficialismo Inés Bertero, Antonio Riestra, Raúl Lamberto, Lucrecia Aranda, Sergio Liberati, Hugo Marcucci y Cristina Fregoni.
La autora presentó el proyecto hace dos años y caducó sin llegar al recinto aunque había logrado dictámenes de tres de las cuatro comisiones a los que había sido enviado. Insistió en darle estado parlamentario a la iniciativa en la primera sesión del nuevo período y el jueves último fue votado por unanimidad cumpliendo el trámite legislativo.
Días antes de la aprobación, la autora había hecho saber el interés de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de que se avale la ley. “Ya hay una política de señalamiento de los lugares donde operó el terrorismo de Estado, pero quieren llevarla a cabo con un marco legal”, señaló.
El Poder Ejecutivo provincial garantizará la preservación de todos estos lugares para “facilitar las investigaciones judiciales y la memoria histórica, agrega el artículo 2. La diputada explicó a El Litoral que esto implica que “todos los lugares donde hayan existido campos de concentración y exterminio, conocidos por municipios, comunas o por la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se encargará de señalizarlos con una aclaración de que ahí funcionó un centro clandestino de detención e inclusive poner el nombre de las víctimas. El texto no lo especifica, pero deja cierta libertad para que así se haga”.
Gutiérrez aclaró que “no estamos pidiendo la expropiación ni nada por el estilo, pero sí que en cada localidad la gente sepa, los adolescentes y los niños sepan qué sucedió en estos lugares”.
Alcances del proyecto
El texto girado al Senado tiene ocho artículos y en el tercero se dejan comprendidos dentro de la ley “todos aquellos sitios respecto de los cuales existen pruebas suficientes sobre su funcionamiento como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como también, todos aquellos lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado. A estos fines se considerará el informe producido por la Conadep, los testimonios vertidos en procesos judiciales y los registros obrantes tanto en el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como en el Archivo de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe”.
La autoridad de aplicación de la futura ley será la Secretaría de Derechos Humanos y sus funciones están definidas en el artículo 5 mientras que en el siguiente se establecen las acciones a seguir para preservar los sitios de memoria, entre ellas disponer una marca que lo identifique, la promoción de actividades educativas, de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, como así también, relacionados con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la plena participación ciudadana como pilares del sistema democrático.
El último artículo invita a municipios y comunas a adherir a la iniciativa recuperando espacios físicos donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal del terrorismo de Estado, para abrir paso a la reconstrucción del pasado.
/// EL DATO
San Cristóbal
El diputado justicialista Mario Lacava logró apoyo de la Cámara a un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación con la retención de tarjetas sociales efectuadas por una financiera de la ciudad de San Cristóbal. El autor pretende saber si se registraron denuncias en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia u otra dependencia del Estado sobre la retención indebida de tarjetas sociales. “Si en caso de registrarse denuncias, qué medidas se tomaron de parte de los organismos del Estado, y si se conoce o se investiga la vinculación con funcionarios del gobierno municipal de dicha ciudad”.
Por último, pidió conocer sobre la existencia de casos similares en todo el territorio del ámbito de la provincia.
