Edición del Martes 02 de junio de 2009

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El Inaes impulsa microcréditos para apoyar a emprendedores - Edición Impresa - Política | Economía Política

Entre 2008 y 2009 se prestaron 180 millones de pesos.

El Inaes impulsa microcréditos

para apoyar a emprendedores

Son pequeños préstamos por hasta $14 mil. Los entrega el Ministerio de Desarrollo Social -a través del Inaes- bajo ciertas condiciones. Su tasa de recupero llega al 87%. Se busca que cooperativas y mutuales actúen como microbancos.

De la redacción de El Litoral

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El programa de microcréditos del Inaes busca asistir a emprendedores sociales que no tienen acceso a otros tipos de financiación: “hablamos de personas que no pueden ser clientes de bancos, porque no tienen patrimonio, ni garantías o por estar fuera de las inscripciones del fisco y que sin embargo son emprendedores de productos o servicios”, define César Malatto, coordinador del área de microcrédito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El Inaes está presidido Patricio Griffin y tiene rango de Secretaría de Estado. Esa estructura forma parte del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El área a cargo de Malatto -años atrás funcionario municipal durante la gestión de Martín Balbarrey- fue creada en marzo pasado, en el marco de la ley 26.117 de Microcréditos de 2006, impulsada por la ministra Alicia Kirchner cuando fue senadora.

Los microcréditos “tienen una gran difusión en el país, y es una práctica que se ha capilarizado en todo el territorio, la norma se reglamentó en 2007 y desde 2008 comenzó su aplicación, con una inversión que ya lleva asignados más de 180 millones de pesos”.

Según el funcionario “está probado en forma estadística que el recupero del fondo ha sido en todo el país es del 87%. Es alto, más si se tiene en cuenta que el sistema de garantías es de tipo solidario: hay grupos de hasta 5 emprendedores que se otorgan mútuamente garantías”.

Desde el área “lo que hacemos es incorporar orgánicamente a las cooperativas y las mutuales, a través de sus federaciones. Consideramos que estas tienen una serie de ventajas comparativas que las hace orgánica e institucionalmente mucho más estructuradas administrativamente, que otras organizaciones sociales con menos trayectoria”.

Condiciones

El programa se desarrolla a través de constituir fondos de microcrédito que se articulan -ya en 16 provincias- con federaciones de mutuales y cooperativas. Por ejemplo, en el centro norte y en el centro sur de Santa Fe, el Inaes con sendas federaciones de mutuales “se crearán en los próximos meses unos 60 fondos de microcréditos”. Así, cada cooperativa o mutual “se constituye en quien -con fondos del Estado- presta financiación a los emprendedores sociales, individuales o asociativos, que no tienen acceso al crédito tradicional”.

En Santa Fe, hay todavía una etapa de capacitación con las 60 mutuales y cooperativas que llevan a a cabo una etapa de transferencia metodológica, esto es aprender cómo debe funcionar el microcrédito, que requiere de una metodología de proximidad con quienes son asistidos, los emprendedores. Hay promotores que están en forma cotidiana con los emprendedores, desde que se prepara el otorgamiento, y sigue de cerca su aplicación: acompaña al emprendedor.

Se hicieron 6 talleres, uno cada 15 días, con el personal y la conducción de las entidades y calculamos que en un par de meses habrá fondos para comenzar con estos microcréditos.

“Una de sus condiciones más importantes que es que tienen que ser emprendimientos existentes, no pueden ser nuevos, y deben cumplir cierto perfil social. No queremos dar crédito a quienes -con otras condiciones- puedan concurrir a un banco a sacarlo. Apuntamos a un sector social excluido del sistema bancario”, subraya Malatto.

El tope que fija la ley para el préstamo es de hasta 12 salarios mínimo, vital y móvil, que hoy suman algo más de 14 mil pesos. También se fija un tamaño de la unidad productiva o de servicios a asistir: de hasta 50 canastas básicas de alimentos, es decir, algo más de 48 mil pesos. Ese es el tamaño máximo de patrimonio al que puede asistir la ley.

Perfil

La autoridad de aplicación de la ley Nº 26.117 es la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami), que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, y está presidida por el licenciado Alberto Gandulfo.

En estos dos años la Conami “ha trabajado más con organizaciones sociales del ámbito barrial, para financiar emprendimientos de economías básicas de subsistencia y, ahora en un segundo paso, para la producción de bienes y servicios tanto urbanos como rurales. Creemos que en Santa Fe habrá una gama de emprendimientos muy ricos y en la producción de bienes y al prestarse servicios”.

Entre las condiciones por las que se otorga un microcrédito “siempre se evalúa que haya para el emprendedor la posibilidad de dar un salto en su producción o al prestar un servicio. Tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en su calidad de producción, capacitación, marketing estratégico, formulación de plan de negocios, y otras acciones que tienen que ver con el entorno de ese emprendedor”.

“Estamos convencidos -sigue Malatto- que la economía social organizada hará darle a la aplicación de la ley un salto cualitativo importante: hasta ahora se ha trabajado en un 80 ó 90% con movimientos sociales, vecinales, fundaciones, que tienen un grado de formalización institucional menor que las cooperativas y las mutuales”. En cambio, “como el cooperativismo y el mutualismo tienen una trayectoria orgánica muy fuerte, con federaciones, van a ser como microbancas regionales o locales, no van a tomar esos préstamos sino que los van a otorgar: recibirán un fondeo de -supongamos- 100 ó 200 mil pesos y lo van a prestar -bajo las condiciones que exige la ley- a sus asociados que tengan un emprendimiento en marcha: ese es el objetivo y que ha desarrollado una expectativa muy grande”.

/// ADEMÁS

Un sector sin lobby

“Santa Fe es la provincia que, a lo largo de su historia, más ha desarrollado al sector de la economía social. Es la que tiene más cooperativas y más mutuales, lo que contradice esa vista visión macrocefálica del país. Otro concepto equivocado sobre el sector es que la economía social no es economía de los pobres: hay un 8% del PBI que corresponde al trabajo de mutuales y cooperativas”, subraya César Malatto, coordinador del área de microcrédito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Cuando al funcionario nacional se le recuerda que cooperativas y mutuales pagan impuestos similares a los de otras empresas que sí tienen fin de lucro, responde que “nosotros preferimos decir que tiene un fin de lucro social, lo persigue porque sino se queda como un híbrido, en una zona gris... ¿el cooperativismo no tiene fin de lucro? Cómo entonces existe Sancor que es una de las más grandes del país... Y lo definimos como lucro social porque las cooperativas tienen una distribución de cuotas parte a fin de año con las ganancias para con sus asociados. Es algo que no tienen las empresas de capital privado”, explica.

Invitado a señalar las debilidades del sector, reflexiona: “una de las mayores es la falta de visibilidad” y explica: “la labor social que se desarrolla no se advierte en términos sociales y, como no es visible no ha tenido posibilidades de actuar de manera corporativa, para mejorar sus condiciones económicas”.

En otras palabras, “ese 8,2% del PBI no influye en la agenda pública, como sí lo hacen otros actores sociales y económicos”.

“Creemos que este gobierno la ha dado visibilidad al sector, que el relevamiento completo que se ha hecho -producto de tres años de trabajo-, sirve para darle visibilidad”, dijo respecto del informe del reempadronamiento hecho por el Inaes, repleto de estadísticas y cuadros, en un libro de 322 páginas. Además, “hemos revertido medidas que afectaban al sector, tanto en la dictadura como en la década de los “90, cuando además de las privatizaciones las cooperativas y mutuales fueron expresamente discriminadas, tal como ocurre con la Ley de Radiodifusión vigente, porque tanto que las cooperativas que tienen tv por cable u otros medios que debieron constituirse como SA o SRL para poder esquivar esa prohibición”, dijo el funcionario.

“La falta de acceso al financiamiento, otra debilidad del sector de la economía social, tiene que ver con esto: si no existís, si no estás en la agenda pública en defensa de los intereses cooperativos y mutuales, si no has sabido hacer lobby, es difícil que la banca te tenga en cuenta”.

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Un santafesino, César Malatto, es el coordinador del área de microcrédito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Foto: Alejandro Villar

/// EL DATO

Trabajo

Recientemente, se ha creado la Confederación Argentina de Cooperativas de Trabajo. Reúne a 18 federaciones de cooperativas de trabajo de todo el país, “para nosotros es un hecho trascendente: hay más de 700 cooperativas de trabajo en la Argentina. Las más conocidas son las de las fábricas recuperadas, como el hotel Bahuen en Buenos Aires. Es una veta interesante de la economía social”, dijo César Malatto.

8,2%

del PBI

del país corresponde a cooperativas y mutuales, según datos de 2009.

17.000

cooperativas

y mutuales están empadronadas por el Inaes, según el último dato estadístico de julio de 2008.

14,3%

millones

de argentinos son socios de cooperativas y mutuales

79,7%

de esos

cooperativistas y mutualistas se han concentrado en tres distritos.

30,7%

del sector

se ha desarrollado en Santa Fe; 27,1% en la provincia de Buenos Aires; y 21,9% en la Capital Federal.



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