Medidas de corto alcance

La sorpresiva decisión del gobierno nacional de distribuir entre las provincias una parte de los fondos recaudados en concepto de retenciones agropecuarias, una vez más como un golpe de efecto y el habitual marco de un auditorio de siempre disponibles gobernadores, legisladores y funcionarios, fue justificada oficialmente invocando razones de salvaguarda económica y social ante la crisis, de solidaridad y de federalismo.

Sin embargo, estos argumentos se caen a poco que se analicen los presupuestos sobre los que se apoya la medida. En primer lugar, como el propio decreto 206 enfatiza en sus fundamentos, el gobierno mantiene su férrea postura de que los derechos de exportación no constituyen materia impositiva, ni son, por ende, coparticipables. Esa concepción es la que habilita a volver a sustraer la discusión del natural y constitucional ámbito parlamentario, y a acudir, con el añadido de inopinadas -y, en todo caso, tardíamente advertidas- causas de urgencia, al dictado de una norma por parte del Poder Ejecutivo, que se presenta así como un discrecional acto de generosidad.

Como otro de los puntos que se invoca en el texto -al hablar de “pertenencia al país del interior” y atar la defensa de ella a “fuertes convicciones”- es el federalismo, cabe interrogar por qué razón no se tomó antes una medida tan insistentemente reclamada. Y es aquí donde pueden encontrarse las verdaderas urgencias y los motivos que explican la vía y la modalidad escogidas: la necesidad de recuperar adhesiones -o, cuanto menos, dividir frentes opositores- ante la prematura instancia electoral y el riesgo de que prospere en el Congreso la movida para modificar el esquema de retenciones.

Estos apuros políticos, que no encuentran correlato en el plano institucional, se suman entonces a la equivocada concepción de fondo sobre la naturaleza del gravamen y a la especulativa exhibición de banderas federales, cuando la concentración y el arbitrario reparto de fondos son parte estructural de la política del actual gobierno.

Para peor, tampoco queda claro si estos fondos, que vendrían a oxigenar a las administraciones locales, serán realmente un incremento genuino o, como algunos temen, el mero blanqueo de lo que ya se había asignado dentro del programa de obras públicas, con la escasa transparencia que también caracteriza a su administración.

Finalmente, cabe apuntar que el principal problema de la medida está en su alcance: en el mejor de los casos, una distribución algo más equitativa -aunque no desinteresada- de recursos ya disponibles. Pero nada que permita recomponer el debilitado tejido productivo y generar riqueza, que no se agota en el sector más directamente damnificado por las exacciones, sino que proyecta su efecto multiplicador en toda la sociedad. Lo cual contribuiría a fortalecer las posibilidades del país de remontar una circunstancia internacional adversa, la cual, no obstante, en países capaces de desarrollar políticas de Estado más consecuentes con los intereses colectivos, se aborda incluso como una oportunidad.