Edición del Miércoles 04 de marzo de 2009

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Balance ambiental 2008 en la provincia de Santa Fe - Edición Impresa - Opinión Opinión

Balance ambiental 2008 en la provincia de Santa Fe

Pablo Tabares

Fundación Hábitat y Desarrollo

El gobierno del Dr. Binner asumió la gestión ambiental con altas expectativas en la sociedad, acumuladas desde hace décadas y un Estado débil, cuando no ausente, en materia ambiental. Un indicador duro de la real vocación ambiental de este gobierno lo dará el monto de presupuesto asignado al área en el 2009, ya que es imprescindible fortalecer los recursos humanos y logísticos de la Secretaría de Medio Ambiente para el cumplimiento adecuado de sus funciones a la luz de la multiplicidad de temas, complejidad, competencias y demandas de la agenda ambiental. Otro indicador será la definición de políticas explícitas para planificar la conservación y el uso —al servicio del desarrollo social y económico— de los bienes naturales de nuestra provincia, asegurando la disponibilidad y el acceso equitativo a los mismos en el tiempo.

A este cuadro el gobierno sumó la nueva Ley de Ministerios (Nº 12.817), muy desafortunada en la materia que nos ocupa, ya que significó los siguientes cambios: I) la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable pierde su rango de secretaría de Estado y pasa a ser una Secretaría más dependiente del flamante Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio; II) la degradada Secretaría de Medio Ambiente también ha sido desmembrada, perdiendo las facultades de control y fiscalización de la caza y de la pesca, que pasan a depender del Ministerio de la Producción, como también la jurisdicción sobre la Estación Zoológica Experimental, conocida como Granja La Esmeralda.

Agenda marrón

El 2008 fue el año de la agenda marrón (contaminación y tratamiento de residuos sólidos) y gris (referida a aguas): se anunció un ambicioso plan para mejorar la gestión de los residuos urbanos, el programa Producción Más Limpia dirigido a empresas, se aprobó el código de conducta ambiental para el sistema provincial de puertos, se dictaron resoluciones para preservar la calidad de las aguas en los sectores de toma para abastecer a la futura red de acueductos. Son importantes avances en un terreno donde queda mucho por hacer en cuanto a problemas históricos, verbigracia: I) aún funcionan en la provincia importantes parques industriales que no cuentan con desagües cloacales y la emisión de residuos de amplios sectores industriales no alcanza estándares satisfactorios; II) la disposición final de los residuos líquidos y sólidos de la mayoría de las ciudades de la provincia son obsoletos, contaminantes y constituyen un serio riesgo para la salud humana; III) la aplicación segura de agroquímicos y el tratamiento de sus desechos.

Agenda verde

En lo relativo a la agenda verde (recursos naturales y patrimonio natural) fue un año de vacas muy flacas y, durante el cual, repasando sus principales conflictos, está todo por hacerse.

Conflicto por la pérdida de bosque nativo: el Estado santafesino aún no ha definido cómo va a ocupar y aprovechar su territorio y, dentro del mismo, qué porcentaje va a destinar a la conservación de naturaleza. Somos la provincia más atrasada del país en materia de áreas naturales protegidas, tanto por el escaso número de hectáreas como por la falta de manejo de las mismas. En el 2008, los únicos avances logrados los dio la Legislatura, sancionando dos normas: el 10 de abril, la ley 12.855, que establece la incorporación de un importante territorio cercano a las 40.000 hectáreas al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas lindantes al sitio de radicación del nuevo Puerto de Santa Fe, y el 14 de agosto, la ley Nº 12.901, donde faculta al PE a la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, de aproximadamente 3.500 hectáreas, dejándole facultades para su ampliación en el futuro. Se reclaman avances para que dicha normativa no quede en letra muerta. También se destaca que en materia de destrucción de bosque nativo pasa el tiempo nefastamente sin ejercicio real de poder de policía ni sanciones efectivas a los infractores.

Conflicto pesca: una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de la Producción fue conformar la Mesa o Cadena de Valor del Sector Pesquero, que integraron los pescadores industriales y frigoríficos de pescado de río y el gobierno, y no hubo sillas para ninguna ONG ambientalista ni para ninguna asociación empresaria que representase otros intereses sobre el mismo recurso (turístico, pesca deportiva y recreativa). Extraña mesa para el gobierno de Binner que, en campaña, se refirió a los empresarios de la pesca industrial y sus frigoríficos como “los usureros del río”. En cuanto al control, existe toda la sensación de que el mismo sigue sin mejorar sustancialmente y esto es usufructuado por este sector empresario que parece moverse más con patentes de corso que dentro del marco legal y regulatorio existente.

Conflicto caza ilegal: este flagelo volvió a tomar estado público con la noticia del coto de caza en una estancia en San Cristóbal allanada por la Dirección Nacional de Fauna Silvestre en el mes de agosto de 2008. Allí nos enteramos de que el Ministerio de la Producción a esa fecha aún no había procedido a dar traslado y a recibir en su ámbito a los únicos tres inspectores con que cuenta el Estado para ejercer poder de policía en materia de caza ilegal en todo el territorio provincial, y que se venían desempeñando en la Secretaría de Medio Ambiente hasta la citada Ley de Ministerios. Esto significó que, por lo menos la provincia, estuvo desde noviembre del 2007 hasta agosto del 2008 sin ningún inspector de caza. Los animales rescatados fueron alojados en la Granja La Esmeralda y allí quedó evidenciado el estado de precariedad sanitaria de este valioso sitio, cuya gestión muestra enorme precariedad y la ausencia absoluta de un plan estratégico integral para poner en valor este importante activo de conservación ex situ.

El 2009 deberá ser un año de fuertes definiciones de políticas públicas en la agenda verde, para demostrar el gobierno su vocación y capacidad de transformar el Estado y la realidad en el territorio en esta materia.

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La disposición final de los residuos líquidos y sólidos en la mayoría de los casos es obsoleta.

foto: Archivo El Litoral



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