EDITORIAL

El nuevo método para elegir al Defensor del Pueblo

El procedimiento de consulta a la ciudadanía dispuesto por el gobernador de la provincia antes de remitir a la Legislatura el pliego del candidato a Defensor del Pueblo debe ser saludado, porque permitirá emitir opinión sobre la persona que durante cinco años deberá encargarse de defender a los vecinos de la provincia de los posibles abusos cometidos desde el mismo Estado.

Haciendo abstracción del precandidato puesto a consideración por el titular del Ejecutivo, se pudieron escuchar y leer observaciones que debieron ser respondidas por el propio postulante y que ahora evalúa el mandatario provincial. Este procedimiento será muy similar para el caso de que se produzcan vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ya que así lo estipuló uno de los primeros decretos firmados por Hermes Binner.

La figura del Defensor del Pueblo está inspirada en la del ombudsman de origen sueco. En numerosos países, la popularización de esta figura comenzó a partir de la II Guerra Mundial. Se trata de una institución que ofrece mayores garantías a los ciudadanos al ejercer un control sobre las actuaciones de la administración, aunque su evolución en cada uno de los sistemas se ha ido perfilando de distinta forma. En la última reforma constitucional, la Argentina incluyó esa figura en la Carta Magna.

En Santa Fe, la ley 10.396 de 1990 creó la institución en la órbita del Poder Legislativo. En todas las propuestas de reforma constitucional que se expresaron desde entonces se pretende su inclusión. El objetivo fundamental de la Defensoría es “el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder. Asimismo, tiene a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos de la comunidad”.

Más allá de las actuaciones que cada uno de ellos tuvo, desde 1991 el cargo principal fue ocupado por diputados justicialistas que lograron la designación meses antes de terminar su mandato en la Cámara Baja.

El órgano está compuesto, además, por dos Defensores Adjuntos, uno para el sur y el otro para el norte, que también requieren acuerdo legislativo y cuyos asientos también fueron ocupados por dirigentes justicialistas y de otras fuerzas políticas con sintonía con el gobierno provincial.

Al encontrarse con la vacante, el gobierno actual optó por buscar un candidato fuera de los partidos propiamente dichos y consultar a la ciudadanía. Quizás no haya sido lo más adecuado buscar a un candidato en el seno del Poder Judicial, pero es importante la opinión ciudadana y no dejar la elección únicamente en manos de la dirigencia política.