Tribuna ciudadana

Concurso de supervisión servicio provincial de enseñanza privada

Pedro Eduardo Bayúgar (*)

No voy a defender a este gobierno, no me lo ha pedido ni me corresponde. Pretendo defender un sistema de concurso para el ingreso a los cargos de supervisión del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, sólo con el respaldo y la legitimidad que tenemos los únicos que luchamos durante años, para superar el discrecional y arbitrario sistema de las ternas.

Los tres ex supervisores del SPEP, que en este diario (15/01/08, página 17) expresaran su opinión sobre el actual concurso para ingreso a cargos de supervisión de dicho organismo, se alzan contra el procedimiento concursal, arrogándose la autoridad de tachar al gobierno de estafador, de antijurídica a la normativa del concurso y, finalmente, despreciando los antecedentes y la legitimidad del jurado.

Casualmente todo lo acordado entre el Sadop y el gobierno en esta materia se ha cumplido sin desmedro de los derechos de nadie, sin engaños y sin trampas.

Livianamente realizan una torpe crítica jurídica, comparando y mezclando normativas, como si fuera lo mismo el ingreso a la docencia escolar, el concurso de supervisores del ámbito oficial, o este concurso (que ellos llaman de ascenso y no lo es).

Omiten decir estos ex supervisores que ellos participaron del concurso, sin cuestionar ninguna de las normas del mismo, y que fueron eliminados, porque no aprobaron el primero de los exámenes de oposición, de carácter general (al igual que 12 de los 15 supervisores suplentes que concursaron).

Nada dicen tampoco de que, pese a que la normativa general del concurso, que ellos consintieron, taxativa o expresamente dispone que la evaluación o “nota” de los exámenes de oposición es irrecurrible (no admite ningún tipo de recursos), ellos sí interpusieron recursos administrativos, como no se animarían a plantearlos ninguno de los alumnos “bochados” de nuestro secundario.

Tampoco dicen cómo llegaron a ser eventuales supervisores suplentes, lo que aconteció por el torcido efecto de anteriores concursos (de 1996 y 2003), en el que sólo se merituaron los antecedentes de los participantes. Además, se beneficiaron merced a un escalafón con vigencia para 3 años, y que luego se prorrogó por muchos años más (¡y a esto no le llaman estafa!). Aprovechándose de esta irregular situación, viajaron por el mundo con el objeto de capacitarse, cosa que el actual resultado en los exámenes deja a la vista como que fue una buena excusa para hacer turismo a expensas del Estado.

Los aludidos ex supervisores creen tener legitimidad y autoridad para desdeñar a los integrantes del jurado, pese a que en su oportunidad no los cuestionaron ni los recusaron.

No me voy a referir a todos los que integran dicho jurado, que suficientes méritos tienen; sí me voy a referir a la representante del Sadop.

La representante gremial en el jurado es Profesora en Ciencias de la Educación (egresada de la Universidad Nacional de Entre Ríos), docente de nivel medio y de nivel superior, en un Instituto de Formación Docente (maestra de maestros) y, como gremialista, tuvo la oportunidad de debatir y luchar a nivel nacional y provincial por la mejora del sistema educativo.

En síntesis, estos docentes que vieron frustradas sus aspiraciones, por un “bochazo” en el examen del concurso de supervisores, hacen alarde de una supuesta autoridad jurídica, de una hipotética autoridad profesional y de una intachable moralidad ciudadana.

Precisamente es de todo lo que carecen porque, si no saben fundamentar normativamente su postura, no ejercieron sus derechos en el momento oportuno y pretenden excepcionales privilegios jurídicos que expresamente están vedados, es fácil imaginar el manejo que tienen del derecho y de las reglamentaciones escolares.

Es fácil también imaginar cuál habría sido la actitud de los quejosos, si hubieran aprobado el examen en el que los “bocharon”, y si hubieran ganado algún cargo en el concurso, jamás habrían cuestionado nada ni a nadie.

Seguramente, los que hoy se quejan por este sistema de concurso de títulos, antecedentes y oposición preferirían volver al procedimiento sin pruebas ni exámenes, en el que se puedan seguir acomodando dentro de la discrecionalidad del poder.

Sería muy positivo para todos, y también reconfortaría a los que participaron en el concurso, a los docentes y a los alumnos de las escuelas privadas que, una vez concluido el mismo, el Estado publique en la web los exámenes de oposición, también de estos frustrados quejosos, para que todos sepamos quién es quién en la educación santafesina.

(*) Secretario General Sadop.