Tras su arribo al país, el presidente Néstor Kirchner deberá encarar el problema piquetero que, en su ausencia, tomó relevancia al producirse el asesinato de un dirigente de la FTV de Luis D'Elía que derivó en la toma de una comisaría y complicó aún más la deteriorada relación del jefe de Estado con su antecesor, Eduardo Duhalde.

La situación se enmarca en el debate entre las opiniones de quienes reclaman la represión de la protesta social y la decisión del gobierno de evitar la "mano dura".

D'Elía, quien encabezó la toma de la comisaría 24 de La Boca tras el homicidio del piquetero Martín Cisneros, vinculó al duhaldismo con el crimen, lo que provocó la réplica del PJ bonaerense e incluso la sanción en el Senado de un proyecto de desagravio para Duhalde por los dichos del jefe de la FTV.

A esto debe sumarse la embestida, con toma de locales comerciales, por parte del sector duro que encabeza Raúl Castells, quien además se defendió de las acusaciones que el fiscal federal Guillermo Marijuán promovió en su contra, al acusar al gobierno de "totalitario" y de utilizar a la justicia para encarcelarlo.

En tanto, en las últimas horas el Ejecutivo y el duhaldismo dieron señales de buscar bajarle el tono al debate sobre el tema, luego de que el subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, y el diputado hiperdualdista, Daniel Basile, eludieron en distintos reportajes hablar sobre las supuestas críticas efectuadas por Duhalde contra Kirchner por el manejo del conflicto social. Mientras, el líder de la centroderechista Recrear, Ricardo López Murphy, se metió en la discusión y sumó presión, al sostener en declaraciones radiales que la toma de la comisaría de La Boca, en la que participó el aliado kirchnerista D'Elía, es "un acto insurreccional" y reclamó que el gobierno no intervenga y deje actuar con libertad a la Justicia.

Tras la toma de la comisaría, D'Elía fue recibido dos veces en la Casa Rosada e incluso defendido en público por altos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien argumentó que el jefe piquetero estuvo en la seccional para que la situación no pasara a mayores y que en esa ocasión, además de gente de la FTV, participaron vecinos del asesinado Martín Cisneros.

El gobernador bonaerense, Felipe Solá, quien acompañó a Kirchner en su viaje de once días a China, afirmó que "la forma de contener, no la protesta sino el uso de la protesta, tiene que ser una forma muy profesional, muy pensada para el conflicto, evitando en todo momento la represión. Pero al mismo tiempo evitando que se pueda producir un copamiento o algo que dañe institucionalmente al Estado, eso la gente no quiere que ocurra en la Argentina".

Consultado por la prensa en Aeroparque sobre la posibilidad de que el primer mandatario reciba a D'Elía después de haber vinculado al duhaldismo con la muerte de Cisneros, Solá respondió: "No creo que haya que ponerlo en ese contexto. Si contribuye a la paz social, tendremos todas las conversaciones, los diálogos que hagan falta".

"No estoy de acuerdo con lo que dijo D'Elía, pero al mismo tiempo, si esto contribuye a generar un mejor clima en la Argentina, es importante hacerlo", agregó en tono conciliador, luego de su vicegobernadora, la hiperdualdista Graciela Giannettasio, advirtiera a las conducciones policiales que en la provincia el oficial al que le tomen la comisaría será dado de baja.

En forma paralela, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denunció que el dirigente del sector, Vicente Rubén Sanabria, fue amenazado por desconocidos que irrumpieron en su casa, quienes le dejaron una nota con la frase: "Déjense de joder".

Mediante un comunicado, el secretario general de la CTA, Fabio Basteiro, vinculó la intimidación a las "circunstancias que están viviendo las organizaciones populares, especialmente la muerte del militante Martín Cisneros". (DyN).