Un proyecto de comunicación firmado por los justicialistas José Weber y Pascual Recchia reclama la aplicación del jury de enjuiciamiento sobre el magistrado que dictó una medida de "no innovar" sobre emprendimientos comerciales en nuestra ciudad, contra la municipalidad.

Se trata del titular del juez en lo Civil y Comercial de la 9na. Nominación, Dr. Carlos Buzzani, quien dio lugar a una presentación hecha por el Centro de Protección a la Naturaleza, basada en la ley 10.000 de intereses difusos.

A la presentación que ayer realizó la Fiscalía Municipal, solicitando sea revisada la medida judicial que paraliza inversiones para la ciudad, esta mañana se sumó la expresión de entidades de la producción y el comercio que (aún las más refractarias a los megamercados) manifiestan su inquietud por las consecuencias económicas de la decisión del juez.

En los fundamentos, se expresa que "en la ciudad hay inversiones potenciales en diversos grados de substanciación", y enumeran: el supermercado mayorista Makro (en La Guardia); otro local de venta de Coto en el puerto; el área industrial en la zona oeste de la ciudad y la concesión y venta por parte del Onabe del predio de la ex estación del ferrocarril Belgrano.

"Todas estas iniciativas tuvieron el tratamiento político y administrativo que marcan la ley y las normas vigentes. Tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo cumplieron con sus potestades específicas en la materia, en orden a los supremos intereses de los santafesinos", agregan.

En otros párrafos, los ediles justicialistas califican de "intempestiva" la decisión del juez que, a su entender, "asumió una atribución que no le corresponde'.

Al aplicarse la ley 10.000, "no tuvo en cuenta la prudencia y equidad que debe observarse, habida cuenta que con su intervención afecta y altera la jurisdicción y competencia en los actos de gobierno que son propio del poder político".

La decisión del juez Buzzani "afecta la división de poderes" y el magistrado emite opinión "en una cuestión no justiciable".

Sostienen que el juez "desconoce" expresamente un marco jurídico regulatorio para la realización de inversiones y emprendimientos "debatidos a nivel legislativo", marco "que tiene en cuenta la realización de estudio de impacto ambiental y otros extremos que el municipio ha respetado, ha hecho respetar y hará cumplir estrictamente".

(AREA METROPOLITANA).