Por Roberto Falistocco
Presidente de la Corte Suprema de Justicia 2021
La Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial de Santa Fe, al igual que los integrantes de este poder del estado se enfrentó durante estos casi dos años a situaciones inauditas y extraordinarias producidas por la irrupción y avance de la pandemia del Coronavirus – Covid 19. Ante esta realidad compleja y cambiante la tarea no fue sencilla y para superar situaciones inesperadas se necesitó de una entrega muy particular de parte del sistema de Justicia, como de sus operadores. Es cierto que la misma problemática padecieron el Ejecutivo y el Legislativo, como también el resto de las instituciones que hacen a la sociedad de nuestra provincia. Pero para el Judicial el desafío fue mayúsculo. El servicio de justicia no se puede suspender, más aún cuando vivimos una época de auge de la litigiosidad: de lo que se trataba era de seguir con la tarea de dirimir conflictos pero adaptando la actividad de modo de proteger la salud y la vida de todos los operadores judiciales. Y todo ello sin perder de vista el objetivo básico y columna vertebral de nuestra actividad: cumplir el mandato constitucional de afianzar la justicia. Afianzar la justicia en situaciones complejas necesita de un renovado esfuerzo por mantener un sincero diálogo institucional. Tender puentes y trabajar coordinadamente con los otros poderes no es sólo una cuestión de sensatez política, sino una obligación, porque la provincia de Santa Fe tiene una rica historia de convivencia democrática y republicana que nos marca un camino ineludible. Y en ese trabajo conjunto hay que agregar a los colegios profesionales y las universidades, con quienes hemos rubricado convenios de mutua cooperación.
Ese diálogo prudente y respetuoso, pero muy activo, dio sus frutos. Nos permitió acelerar hasta poner en práctica proyectos de infraestructura que estaban pensados para más adelante. Se aceleraron las reformas en el área de Informática para hacer posible el trabajo remoto de abogados y otros actores. Firma digital y visualización remota de los expedientes nos van acercando al objetivo de llegar pronto al expediente digital, eliminando el excesivo papeleo y la presencialidad obligatoria para tramitar causas.
También la elaboración de los proyectos de ley penal juvenil, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, hoy bajo tratamiento legislativo, y el de Consumidores son consecuencia de ese trabajo interinstitucional, a lo que podemos agregar el avance de la oralidad en los procesos civiles y comerciales, modelo ya plenamente vigente en el proceso penal y que le devuelve al magistrado un rol más activo, de auténtico director del proceso. Aspiramos a que la oralidad también llegue al fuero laboral, que necesita dinamizar y acortar los procesos; porque si bien este año se advierte una merma en el número de causas, ello se debe en gran medida a la adhesión de la provincia a la ley de Riesgos del Trabajo, pero es de prever que vuelvan a incrementarse los reclamos y demandas por las decisiones que toman las comisiones médicas. En tal caso, tenemos dos opciones: o ponemos en marcha el nuevo sistema previsto en la ley 13.840 con la figura de los jueces conciliadores y las audiencias de saneamiento o necesitaremos la creación de nuevos juzgados, ya que la cantidad de magistrados en esta materia por cada cien mil habitantes (que es como suele medirse) es sensiblemente inferior a lo que tienen otras jurisdicciones. Mantener un clima de trabajo respetuoso y sincero es una tarea diaria. Hay veces que ese clima se tensiona y nos conmina a redoblar el esfuerzo. Es lo que me propuse en mis recientes diálogos con diputados, senadores y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de algunas declaraciones que cuestionaban decisiones y fallos de los jueces. Esas charlas fueron positivas y logramos reencauzar el clima de convivencia. En este sentido, hay que destacar la cada vez más estrecha colaboración e intercambio de ideas con la Justicia federal. Nos hemos reunido con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, lo mismo con fiscales federales, para ver cómo mejorar la lucha conjunta contra los delitos complejos y el narcotráfico. Les hemos expresado nuestro acuerdo con la necesidad de fortalecer la Justicia federal en la provincia. No puedo finalizar este sucinto balance del año judicial 2021 sin referirme a la importante inversión realizada en la construcción de nuevos tribunales y la ampliación de otros. Inauguramos el edificio de los Tribunales de Reconquista, continúa en buen ritmo el anexo de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe y los Tribunales de Cañada de Gómez, pronto a inaugurarse. Además, pronto se llamará a licitación la obra para los Tribunales de Casilda. En resumen, 5.500 millones de pesos (o 58,5 millones de dólares al cambio oficial) en nuevos edificios para brindar un servicio de justicia más rápido y eficiente. Como deuda pendiente o tarea a desarrollar en el futuro inmediato, destacamos la necesidad de una infraestructura adecuada para tratar los casos de violencia de género y familiar mediante la creación de un equipo interdisciplinario que sea soporte de los jueces, fiscales y defensores. A ello deben aportar distintas especialidades con título habilitante. Y se agregaría la creación de una oficina única de denuncias con personal idóneo para que la víctima sepa dónde reclamar y cómo orientarse.
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