En el mismo sentido que lo hizo la Defensoría del Pueblo, los legisladores de la oposición – particularmente Clara García – exigieron la realización de una audiencia pública. Aseguran que los argumentos de hace dos años, no puede ser considerados válidos para autorizar este nuevo incremento.
Además de las observaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo, también el bloque de diputados socialistas objetó el aumento del 32% que aplicará Aguas Santafesinas a partir de enero. Como informara El Litoral en su última edición, el Ministerio de Infraestructura concedió la petición a la empresa, que invocaba una resolución del 2018, cuando se autorizó un incremento del 60% para que se instrumentase a lo largo de 2019. Pero en ese año sólo se trasladó a las tarifas un 28%; el 32% restante es que el ahora la prestadora pretende cobrar. La Defensoría advirtió que si bien en aquella instancia se había realizado la correspondiente audiencia pública, los contextos han cambiado y no se puede aspirar a que con esos argumentos se justifique un incremento, dos años después. En términos similares se manifestaron los legisladores de PS. En tal sentido, la diputada Clara García consideró que la decisión del aumento "vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios", y cuestionó que se haya invocado como pretexto "una habilitación de hace más de dos años en circunstancias diferentes y cuando dicho acto ya no tiene valor jurídico. La omisión por parte de esta administración de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones conllevaría a decisiones inconstitucionales", advirtió. ¿Aumento nulo? García sostuvo que "el esfuerzo de ingeniería argumentativa que desde esta gestión se intenta realizar para aplicar el pretendido aumento no sólo pretende evitar la obligatoria audiencia pública y negarles a los usuarios el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa, sino que rozaría la lisa y llana nulidad del aumento, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello podría acarrear". En tal sentido, citó la causa "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo", donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento de tarifas de los usuarios residentes en un voto unánime que resolvió que la realización de una audiencia pública previa es un requisito obligatorio para la fijación de tarifas y que su no realización posibilita a los tribunales a considerar nulas dichas resoluciones. La legisladora recordó que "en el caso de ASSA, las audiencias públicas llevan una década de vigencia ininterrumpida. No se puede pretender aplicar un aumento sin la correspondiente celebración de una audiencia pública y justificar esa decisión con el supuesto aval de una audiencia que sesionó en noviembre de 2018, que claramente cesó en sus alcances y competencia", sentenció. La diputada resaltó "el rol fundamental de las asociaciones de usuarios y consumidores en este tipo de audiencias, en la convocatoria y las acciones para lograr una participación lo más amplia posible, de modo de resguardar las garantías que los usuarios y consumidores tienen aseguradas constitucionalmente". Finalmente, solicitó a las autoridades provinciales el detalle del plan de obras que tiene previsto realizar ASSA durante 2021. "El agua potable es un recurso más que fundamental y un derecho básico al que deben tener acceso todos los ciudadanos, por lo tanto el gobierno debe explicar qué acciones llevará adelante para garantizar este derecho, más aún en el contexto de pandemia de Covid-19 que estamos atravesando", concluyó.
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