Fuerte caída de la litigiosidad en riesgo del trabajo
Las cifras pertenecen al segundo trimestre del año. A la cabeza de reducción están Caba y Córdoba mientras que Santa Fe sigue en alza.
Redacción de El Litoral
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La litigiosidad volvió a caer en el segundo trimestre de este año, marcando una tendencia descendente desde julio del 2017 y acumula el cuarto trimestre en baja. La Ciudad de Buenos Aires y Córdoba fueron las provincias donde más se notó la reducción de juicios. Santa Fe, sigue en alza, informó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Entre el segundo trimestre de 2017 e igual período de 2018, la litigiosidad contra las ART y los empleadores autoasegurados se redujo 36,1%. Mientras que entre abril y junio de 2017 se iniciaron 34.899 nuevos juicios, en 2018 el volumen de nuevas actuaciones judiciales fue de 22.288.
Un desglose del estudio elaborado por el Departamento de Estadística de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que las causas iniciadas por trabajadores de unidades productivas fueron 21.905 (36,1% menos que en iguales meses del año anterior), en tanto que los trabajadores de casas particulares iniciaron 383 juicios, 37,7% menos que en el segundo trimestre de 2017. El dato marca la tendencia decreciente de la judicialidad contra el sistema que se viene registrando desde el tercer trimestre de 2017 en adelante.
El estudio destaca que, de las cinco grandes provincias que tienen mayor cantidad de juicios contra el sistema iniciados por trabajadores de unidades productivas, la mayor baja se registró en Córdoba (-80%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (-66,4%) y Mendoza (-55,6%).
El caso Santa Fe
Como contrapartida, la cantidad de juicios se incrementó en Santa Fe, donde se verificó un aumento de la litigiosidad del 3,6%. Mientras en el segundo trimestre de 2017 se registraron 3.961 juicios, en igual período de 2018 el volumen pasó a 4.102. El informe recordó que Santa Fe es uno de los distritos que aún no adhirió a la nueva Ley de riesgos del trabajo. El tema se encuentra a debate en la Cámara de Diputados.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, mostró un incremento (23,7%), aunque esa cifra está explicada por la cantidad de actuaciones judiciales que se abrieron en esa jurisdicción a partir de la adhesión e implementación de la Ley 27.348. Muchas de esas causas, antes de la modificación legislativa se tramitaban en Ciudad de Buenos Aires.
A su vez, el stock de juicios que desde 2010 hasta el segundo trimestre de 2018 no había obtenido una primera sentencia alcanzaba a 489.550 expedientes.
Los registros de la SRT indican que entre enero y junio de 2018 se produjo un total de 38.198 sentencias judiciales, la mayoría de ellas de primera instancia, y gran parte correspondientes a accidentes o enfermedades profesionales ocurridos entre 2014 y 2017.
El informe también señala merma en la litigiosidad, en la mayoría de las actividades económicas. La que lo hizo en mayor grado fue Servicios Financieros (-45,8%) y la que menor tasa de reducción tuvo fue Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca (-25,4%).
En lo que respecta al tamaño de la empresa u organización, las más grandes fueron las que registraron la mayor caída interanual de juicios (-44,5%) y todo el resto tuvo descensos de la litigiosidad superiores al 30%.
Acuerdo en los registros
Los agentes de los Registros Civil y de la Propiedad aceptaron la nueva propuesta del Poder Ejecutivo. El sector venía reclamando y había declarado el estado de asamblea, sin atención al pública, por considerar insuficiente una oferta de las autoridades ante un reclamo pendiente del 2017.
En el Registro Civil, el 62% votó por aceptar la propuesta y en el Registro de la Propiedad el 88,2% votó la aceptación.
Por otra parte, UPCN informó no haber recibido aún respuestas por parte de las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Dirección de Adultos Mayores, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, a múltiples situaciones que necesitan resolución. La entidad gremial solicitó reuniones para buscar alternativas que destraben diferentes conflictos, no encontrando respuesta alguna por parte de sus autoridades.
Ante esta situación, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, han declarado el estado de alerta en toda la provincia, medida que es avalada por el gremio; aguardando la semana próxima tener respuestas, para no incrementar el conflicto.