Fueron convocados por el Ministerio de Infraestructura

Autopista: un estudio jurídico y un ingeniero auditan la concesión

Ivana Fux

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Cinco meses después de que el Poder Ejecutivo firmara el decreto que ordenaba una revisión de toda la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, el Ministerio de Infraestructura definió quiénes serán los responsables del trabajo de auditoría. Lo hizo mediante la resolución Nº 813 rubricada por el titular de la cartera, José Garibay, hace dos semanas -el 18 de septiembre-. Por esa vía se “autoriza” la contratación del ingeniero Miguel Gueydán para la elaboración de un dictamen “desde el punto de vista técnico y económico”, y del estudio jurídico Cassagne Abogados (Cass SRL), a cargo del Dr. Juan Carlos Cassagne, para la redacción de un dictamen legal sobre la explotación del corredor durante los cinco años en los que estuvo la empresa Arssa.

Al estudio jurídico, según lo estipula el contrato, se le pagarán en dólares: U$S 61.235 y U$S 217,80 por cada hora de asesoramiento en caso de que se requiriesen “trabajos adicionales”. El ingeniero contratado, en tanto, cobrará 678.138 pesos. La erogación total -con un dólar a 17,40- será de 1.743.627 pesos, según consta en la resolución.

Los profesionales fueron convocados a la luz del decreto 1.017 que firmara Miguel Lifschitz el pasado 25 de abril, y que ordenaba “revisar durante 180 días” todo el contrato de concesión. En rigor, ese plazo vence el próximo 22 de octubre. La decisión de “auditar” las actuaciones pretende determinar si fue correcta la rescisión consensuada planteada entre la provincia y la ex concesionaria, o si corresponde una rescisión unilateral -como lo exige la oposición legislativa-, que derivaría en la ejecución de las garantías, sanciones y multas para la empresa. Aquel decreto -1.017- fue el desencadenante de severas críticas, incluso en el propio oficialismo, a la forma que eligió el gobierno para finalizar el vínculo contractual con Arssa, a quien se le imputa esencialmente no haber cumplido con la repavimentación de toda la traza del corredor.

Selección

Para elegir a los “auditores”, según contó el ministro Garibay a El Litoral, se realizó inicialmente -en julio- “una compulsa de ofertas con estudios y consultorías”. Quien resultara seleccionada, debía confeccionar un estudio integral técnico, económico-financiero y legal de la concesión. Pero esa “compulsa” quedó desierta. En verdad, se habían “invitado” a participar a cinco consultoras (Delloite, Monasterio y Asociados, Accenture, Price Water House & Co SRL y Ernst Young), pero a la fecha de la apertura “no se presentaron propuestas”. Garibay aseguró que “hubo un par de consultoras que tenían interés en presentarse pero registraban incompatibilidades y conflicto de intereses en virtud de los vínculos que poseían con las ex socias de Arssa”.

Fue entonces que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio habilitó la contratación directa, no sin antes advertir que aquella “compulsa de ofertas” no era “ninguno de los procedimientos previstos legalmente para la contratación del servicio requerido”, sino “una mezcla de dos procedimientos distintos: el del concurso privado y el de la contratación directa”. Asuntos Jurídicos justificó, de todos modos, la compulsa entendiendo que se pretendía “asegurar un mayor grado de concurrencia de oferentes”, y ante el fracaso, sugirió que era válido contratar de manera directa, dada “la urgencia” que imponía la resolución del trámite.

Así, sobre la base de “entrevistas” realizadas por la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio -según recoge la resolución-, se resolvió elegir al estudio de Cassagne y al Ing. Gueydán, acompañando “ofertas y presupuestos presentados” por ambos, y entendiendo que por sus antecedentes personales y laborales quedaba “sobradamente demostrada su capacidad y experiencia para las tareas encomendadas”.

Mirada privada

—¿Por qué se contrataron profesionales independientes y no a las universidades, que ya habían trabajado sobre el tema? -preguntó El Litoral a Garibay, a propósito de los estudios encomendados por el propio Ministerio a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR y al Instituto de Estudios de Transporte, dependiente de la misma universidad.

—Ya habíamos incorporado la información de esos estudios -respondió Garibay-, y nos parecía que se debía ampliar con alguien que tuviera una visión de lo que es la temática específica de las concesiones viales, y del ámbito privado.

—¿Consideran que pueden encontrar ellos información adicional que no fue aportada por las universidades?

—Sí, lo que se espera es poder hacer un análisis más integral y completo. En su momento a la facultad le pedimos que analizara sólo un aspecto. El informe técnico trabajará ahora sobre las inversiones que hizo la concesionaria y sobre cómo fue el proceso de desarrollo; qué fuimos permitiendo y no permitiendo durante toda la concesión.