Juicio oral por el secuestro de 1.662 kilos de marihuana

Fiscalía pidió cárcel para todos los policías involucrados con el camión

“Mostraron una impúdica falta de respeto a la sociedad” y un “altísimo grado de desprecio por las normas”, aseguró el fiscal Martín Suárez Faisal en su alegato final. El lunes será el turno de los alegatos defensivos.

Juliano Salierno

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El fiscal general Martín Suárez Faisal pidió penas de prisión de cumplimiento efectivo para los diez policías y los dos civiles involucrados en el transporte y posterior encubrimiento de un container con 1.662 kilos de marihuana secuestrados la madrugada del 2 de noviembre de 2014 en un basural de Arroyo Leyes.

El pedido de condenas se realizó este viernes en horas de la tarde, en una audiencia especialmente dedicada al alegato de clausura del Ministerio Público Fiscal. Por su parte, el Tribunal Oral Federal que integran los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría, fijó para el próximo lunes la continuidad del juicio con los alegatos de las respectivas defensas.

En dos horas de alegato, Suárez Faisal hizo una exposición que comenzó situando en tiempo y lugar a cada uno de los imputados.

Comenzó por Alberto Daniel “Aguja” Agüero -policía de la 8va. Zona de Inspección-, para quien pidió 15 años de cárcel y multa de 90 mil pesos por considerarlo autor del delito de “transporte de estupefaciente doblemente agravado, por la participación de personas y por su calidad de funcionario policial encargado de la persecución del delito”.

Para la fiscalía Agüero fue quien se encargó de guiar hasta el basural de la calle 62 (al oeste de la ruta 1, km 14) el camión con el cargamento. Fue detenido mientras transbordaba parte de la carga a otro camión junto con Villalba, pero ambos fueron liberados.

Suárez Faisal se refirió al “increíble nivel de vida” de Agüero que con su trabajo de policía y su esposa enfermera logró hacer una casa de dos plantas con quincho y pileta en Rincón, comprar una casa en Santo Tomé y adquirir al menos cuatro vehículos en los tres últimos años.

Cosa de familia

Para Juan Carlos “Chueco” Villalba -se presentó como un “busca”- pidió 8 años de cárcel por el delito de “transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas”, como partícipe principal; en concurso real con “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

“Sin la colaboración de Villalba el hecho no se habría podido consumar”, aseguró Suárez Faisal, que refirió al conocimiento que el Chueco tenía del basural, así como la relación de parentesco que el mismo mantenía con Agüero, de quien era padrastro.

A propósito de Luis Gabriel Cantero -considerado vendedor barrial- le imputó “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y pidió 5 años de cárcel por el secuestro de 141,60 gramos de marihuana al momento en que la policía allanó una casa en busca del “Chueco” Villalba, el 5 de junio de 2015. Cantero fue apresado en una casa de calle Independencia al 2200 de San José del Rincón; mientras que Villalba tenía 846,7 gramos de marihuana en su calle Inés Álvarez 1345 de Rincón.

Hang y Díaz

Sin dudas el plato fuerte del alegato fue el referido a los policías Cristian Fabio Hang -exjefe de Orden Público de la URI- y Martín Ángel Díaz -jefe a cargo de la 8va. Zona de Inspección-. En ambos casos se les imputó “encubrimiento doblemente agravado, por ser el delito especialmente grave (transporte de estupefacientes), así como su calidad de funcionarios policiales encargados de la persecución del mismo; en concurso real con “falsificación ideológica de documento público” y pidió 8 años de cárcel y 90 mil pesos de multa para cada uno, así como la inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.

“Hang y Díaz mostraron una impúdica falta de respeto a la sociedad” y un “altísimo grado de desprecio por las normas”, sostuvo Suárez Faisal.

Díaz fue el primero que tomó contacto con Agüero y Villalba y a pesar de haberlos sorprendido en infracción (tenían un contenedor lleno de droga), les franqueó el paso y los dejó escapar con parte del botín.

Siete argumentos

En cuanto a Hang, el fiscal dedicó al menos siete argumentos para justificar por qué sí debía ser considerado culpable. “Ese intento de Hang de deslindarse de los sucesos no debe ser aceptado”, dijo, y a cada declaración del imputado le contrapuso testimonios y evidencia basada en comunicaciones radiales y anotaciones en los libros de comisaría.

“Considero que desde el principio sabía que un personal policial tenía responsabilidad sobre la droga”. Por eso, a partir del momento en que Hang toma contacto con la investigación “ya se había configurado el encubrimiento” sostuvo el fiscal.

Recordó que el traslado del operativo a la jefatura y que la redacción del acta fraudulenta estuvo bajo el mando del jefe de Orden Público de la URI y sostuvo que para seguir cubriendo su mal accionar “cuenta una versión que no es cierta”. “Hang sabía que el procedimiento era importante, no por la cantidad de droga sino porque había un personal policial involucrado”

Acta falsa

El resto de los policías: Iván Duilio Papini, Matías Ezequiel Zoratti y Claudia Rosana Moreira -numerarios de la subcomisaría 20 de Arroyo Leyes-; Mauro Dionisio Ruoppulo -chofer de la Comisaría 14 de Rincón-; Fabián Ricardo Manjka y Luciano Andrés Astrain -Comando Radioléctrico de la Costa-; y José María Murguia -chofer del comisario Díaz, la fiscalía pidió 3 años de prisión efectiva y su inmediato encarcelamiento, por considerarlos coautores del delito de “falsedad ideológica de documento público”.

Sobre los siete policías que rubricaron el acta sin leerla, dando crédito a lo que se decía que había pasado “sabían perfectamente las irregularidades que contenía el acta”, dijo el acusador, que destacó que ninguno fue coaccionado para firmar el acta, tampoco fueron amenazados por sus jefes ni por narcotraficantes y tuvieron la oportunidad de decir lo que pasó judicialmente y no lo hicieron.

 

“Es el cargamento más grande en haber llegado a juicio desde la creación de este tribunal” aseguró el fiscal. Foto: Flavio Raina