Editorial

Piquete, muerte y anomia social

• El Estado termina siendo un simple testigo de cómo los ciudadanos comunes dirimen sus diferencias por fuera de las leyes.

“Tarde o temprano iba a pasar”. Esta frase parece haberse convertido casi en una temeraria muletilla entre los argentinos. Es que frente a una realidad cambiante y tumultuosa, el factor común es jugar siempre al límite, al margen de las leyes, reaccionando con los hechos consumados y cuando, por lo general, suele ser demasiado tarde.

Ejemplos en este sentido abundan. El último caso se produjo en las primeras horas del jueves en el sur de la provincia de Santa Fe, y representó la muerte de Jonathan Gardini, un hombre de 38 años, oriundo de Granadero Baigorria y padre de cuatro hijos.

En el cruce de las Rutas Provincial 10 y Nacional 11, en el acceso norte a San Lorenzo, un camionero arremetió contra un piquete organizado por la CGT. Hubo un muerto y varios heridos. Pocas horas después pudo confirmarse que el chofer se encontraba alcoholizado.

Más allá de las responsabilidades penales que seguramente le caben a este camionero, es hora de que en la Argentina se replanteen los modos de protesta. El corte de una calle o de una ruta puede comprenderse frente a una situación de extrema urgencia. Sin embargo, hace más de dos décadas que los piquetes se transformaron en parte de la cultura nacional, ante la pasiva mirada de un Estado que por lo general se limita a observar cómo se generan potenciales situaciones de enfrentamiento entre ciudadanos comunes.

Los piquetes no representan un fenómeno nuevo en la Argentina. En 19 de junio de 1996, en pleno auge del menemismo, comenzó a gestarse en el sur del país un movimiento de protesta social que terminó marcando la historia del país.

La privatización de YPF había dejado a casi cinco mil personas desocupadas en la ciudad de Cutral Co, provincia de Neuquén. Ese día, vecinos y trabajadores desesperados comenzaron a caminar hacia el ingreso de la destilería de la empresa. Una semana después, cerca de 30 mil personas estaban congregadas en la zona. Hubo asambleas populares, elección de delegados y una decisión: cortar la estratégica Ruta 22 y los caminos laterales. El gobierno de entonces se vio obligado a escuchar el reclamo.

Así nació una modalidad que terminó extendiéndose a lo largo y ancho del país. En 2008, numerosas rutas argentinas fueron cortadas por quienes se oponían a la suba de las retenciones a la exportación de productos agrícolas. Hace tan sólo algunas semanas, Capital Federal se vio literalmente sitiada por decenas de piquetes coordinados por quienes exigen al gobierno nacional que modifique su política económica.

A poco de asumir la gestión de Cambiemos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la implementación de un protocolo sobre cómo actuar en estos casos. Sin embargo, en contadas oportunidades fue posible aplicar este tipo de operativos.

No todos los piquetes son iguales. En algunos casos, hay una coordinación perfectamente elaborada. En otros, surgen por situaciones inesperadas y urgentes. Sin embargo, también existen cortes de tránsito que se anuncian con antelación y que bien podrían ser evitados por la Justicia y las fuerzas de seguridad a través de una verdadera tarea de prevención.

Lo sucedido en San Lorenzo es un claro ejemplo de los riesgos latentes que se generan cuando un sector de la sociedad decide imponer sus derechos por sobre los derechos de otros.

Lo peor que puede suceder es que este verdadero estado de anomia generalizada siga imperando. Toda decisión política tiene sus costos. Pero quienes deben velar por el funcionamiento de la República, deben asumir de una vez por todas su responsabilidad.

Un camionero arremetió contra un piquete organizado por la CGT. Hubo un muerto y varios heridos.