La posición de los agrónomos

“Trabajamos para que la distancia sea prácticamente nula”

El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, Raúl Walker, manifestó satisfacción por la media sanción al proyecto para reformar la ley de fitosanitarios. Valoró la iniciativa en general, pero puso reparos sobre las zonas vedadas al uso de químicos.

Juan Manuel Fernández

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Con algunas observaciones, desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe celebraron la media sanción que obtuvo una semana atrás el proyecto de la diputada socialista Inés Bertero para modificar la ley 11.273 que regula el uso de agroquímicos.

El presidente de la institución, Raúl Walker, consideró que la iniciativa es “la más razonable”, ya que también se debatía otro proyecto, del kirchnerista José María Tessa, mucho más restrictivo e incluso prohibitivo para las aeroaplicaciones.

A pesar de que la actual legislación requería actualizarse para adaptarla a la nueva realidad del sector agropecuario, el debate se centró, por el activismo ecologista, en las pulverizaciones periurbanas y las distancias mínimas respecto de centros poblados.

Al respecto, el proyecto aprobado en Diputados plantea una “zona de producción especial”, que puede variar de 100 a 200 metros (según si existiese cortina vegetal o no), donde se plantea “la exclusión de aplicación de productos fitosanitarios de síntesis química”. A partir de ahí, y hasta los 800 metros, se establece una “zona de control estricto” donde sólo se podrá pulverizar, bajo supervisión de un veedor (una figura nueva), por vía terrestre con productos de menor toxicidad (banda verde o Clase IV y banda azul o Clase III). Las aplicaciones aéreas quedan prohibidas hasta los 3.000 metros y sólo se habilitan excepciones -por falta de piso, por ejemplo- a partir de los 800, sólo con esos productos de menor riesgo.

El visto bueno, dijo Walker, es “a pesar de que tenemos algunas diferencias de criterio en cuanto a las medidas de restricción de aplicaciones aéreas y la zona totalmente restringida para productos de síntesis química; nosotros trabajamos para que la distancia sea prácticamente nula”.

De algún modo es una observación menor frente a los importantes avances que los agrónomos consideran que implicaría la nueva legislación, como la obligatoriedad de registrar y habilitar la totalidad de las máquinas pulverizadoras, regulación de tratamientos en poscosecha, reglamentación para constituir barrios privados o countries en zona rural, disposición de realizar monitoreos de salud y la creación de un veedor que fiscalice el uso de fitosanitarios en proximidades a centros poblados.

En sintonía

El proyecto de Bertero se redactó a partir de la cooperación y consulta con entidades técnicas, gremiales y científicas del agro y el estado provincial (Ministerio de la Producción) y nacional (INTA, Senasa), incluido el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Respecto de las aeroaplicaciones, Walker consideró que “por ahí no es extremadamente malo, pero 3.000 metros suenan a una distancia muy importante, quizás reducirlo a la mitad hubiera sido razonable”.

De todas maneras, señaló: “estamos bastante en sintonía”; y consideró que resuelve muchos problemas que estaban pendientes hasta el momento. En primer lugar, la obligatoriedad de inscribir la totalidad de equipos de pulverización, ya que la ley sólo obligaba a contratistas. “A su vez implica la obligatoriedad de capacitar operarios y avanzar en la profesionalización del trabajo”, dijo el presidente del Colegio. Del mismo modo, también valoró la inclusión del control de plagas con químicos en poscosecha de granos.

“El punto sobresaliente del proyecto”, dijo, es la figura del veedor, un agrónomo que en cada municipio o comuna tendrá la función de habilitar y fiscalizar toda pulverización que se realice dentro de la “zona de control estricto” (periurbana). Walker recordó que siempre dijeron desde el Colegio que los agrónomos son los profesionales más capacitados “para garantizar que las aplicaciones de fitosanitarios de forma correcta no causen impactos en la salud y el ambiente”.

Sobre la “zona de producción especial”, donde sólo se podrán usar productos biológicos para cultivos orgánicos o agroecológicos, consideró que obligará a los profesionales a “pensar diferentes soluciones”. Incluso se podrían dar especializaciones en la carrera de agronomía. “Es una puerta que se nos abre para una tarea muy importante, pero a su vez implica una gran responsabilidad”.

Salud y loteos

El artículo 27 del proyecto de Bertero propone que los predios en los que se establezcan emprendimientos inmobiliarios (countries, complejos deportivos o recreativos, parques industriales) “deberán prever una zona de amortiguamiento”, siguiendo el criterio de la “zona de producción especial”. Walker lo consideró “una medida muy progresista”, ya que “hasta hoy quien hacía estos loteos armaba su propio negocio y luego le tiraba la responsabilidad al productor de la zona para resolver el problema de las pulverizaciones”.

El artículo 32 indica que se deberá monitorear la salud de los operarios pulverizadores. Al respecto, el titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos dijo que las ART ya exigen esos análisis pero con la incorporación a la ley tiene otra relevancia. “Los detractores de esta ley mencionan el daño en habitantes de zonas urbanas y nosotros siempre decimos que debiera protegerse también a quienes trabajan con estos productos”. Además, indicó que será muy útil para que las autoridades puedan confeccionar un estudio epidemiológico sobre la materia.

A raíz de la dureza con que se opusieron al proyecto de Bertero quienes adherían al de Tessa (ecologistas y sindicatos), es previsible que la conflictividad no cese con la sanción de la ley. Frente a eso, Walker consideró que “se debe seguir trabajando para lograr los mayores acuerdos posibles”. Y mencionó que la institución, junto a la Facultad de Ciencia Agrarias, trabajan dentro de Codetea (Comisión de Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Departamento Las Colonias) en un proyecto “mucho más aventurado”, con distancias cero y algunas restricciones a productos. “A partir de la última calle del pueblo se podría estar aplicando con los controles que hoy exige la ley, además de una comisión de control en la que participe la población, incluso ambientalistas”, explicó. Y agregó que este sistema ya funciona en algunas localidades con muy buenos resultados.

 

“A partir de la última calle del pueblo se podría estar aplicando con los controles que hoy exige la ley, además de una comisión de control en la que participe la población, incluso ambientalistas”