Salario mínimo en dos cuotas
En el discurso presidencial los beneficios son nominales y la inflación no existe. foto: dyn
El gobierno nacional, sindicalistas y empresarios acordaron un nuevo salario mínimo, vital y móvil, de 6.060 pesos, que será incrementado en forma escalonada, en agosto y enero próximo.
El nuevo piso salarial implica una suba de 28,5 por ciento respecto al nivel actual de 4.716 pesos, que se abonará en dos tramos de 18,5 por ciento a partir del 1º de agosto, y el 10 por ciento restante no acumulativo en enero de 2016.
Así se consensuó en la reunión del Consejo del Salario de la que participaron representantes de las cámaras empresarias y de las centrales obreras afines al gobierno, la CGT liderada por Antonio Caló, y la CTA conducida por Hugo Yaski, y en la que también intervino el ministro de Economía Axel Kicillof. Como ya es tradicional en los últimos años, la presidente Cristina Fernández de Kirchner llegó al Ministerio de Trabajo sobre la finalización del encuentro y con el acuerdo firmado.
La jefa de Estado destacó que el nuevo salario mínimo implica un incremento de “2.930 por ciento” respecto al nivel de 200 pesos que regía en 2003, y remarcó que es el 12º año consecutivo que se reúne el Consejo del Salario. En su discurso se omitió el efecto de la inflación sobre el poder de compra de esa cifra nominal.
Cristina resaltó en cambio que “en 12 años, jamás el gobierno tuvo que laudar” porque “nunca sucedió” que no se haya logrado un acuerdo entre los empresarios y los sindicalistas lo que demuestra que “siempre la negociación tripartita funcionó adecuadamente”. Cabe recordar que la CGT de Hugo Moyano y la CTA disidente no fueron invitados a la mesa negociadora.
La presidente insistió en que el nuevo piso salarial “es el mejor de la región en términos de dólares” y también “en términos de poder adquisitivo. Creo que hemos hecho una buena tarea aunque falta reducir aún más el trabajo no registrado”, reconoció, y también aludió a que en el futuro se conforme el Consejo Social Económico, una asignatura pendiente que había reclamado previamente el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes De Rioja.