editorial

• Para mantener la red vial de la provincia, el gobierno propone crear una nuevo impuesto a la venta de combustibles.

Como era de esperar, la idea del gobierno provincial de recaudar fondos para el mantenimiento de rutas a través de una tasa a la venta de combustibles encendió la polémica.

Si la iniciativa del Ejecutivo prospera en la Legislatura de la provincia, quienes compren combustibles en estaciones ubicadas en territorio santafesino deberán pagar 32 centavos adicionales por cada litro o metro cúbico de GNC. De esa manera, se recaudarían entre 700 y 900 millones de pesos anuales que permitirían reparar alrededor de 300 kilómetros de rutas cada 12 meses.

En Diputados, referentes del justicialismo y del PRO adelantaron su oposición al proyecto y argumentaron que la provincia cuenta con fondos suficientes como para realizar un adecuado mantenimiento de los caminos. Desde el radicalismo, algunas voces advirtieron que no es éste el mejor momento como para poner en vigencia el cobro de una tasa sobre la venta de combustibles.

Entre los senadores, muchos criticaron el proyecto, pero pocos aseguraron que votarían en contra cuando éste sea tratado en el recinto de sesiones.

Una encuesta realizada entre 1.672 lectores de Ellitoral.com, determinó que el 87,6% de los consultados se opone a la iniciativa, el 11,2% está de acuerdo y que el 1,2% no tiene una postura definida al respecto.

Es verdad que gran parte de la red vial de la provincia se encuentra en mal estado. Sin embargo, también es cierto que la idea no parece haber sido planteada en el momento más oportuno, ya que a partir de la devaluación del peso -producida en enero pasado- el precio de los combustibles viene sufriendo un incremento constante, lo que golpea con dureza los bolsillos de gran parte de la población.

Pero, además, la aplicación de esta tasa repercutiría en los costos del transporte de cargas y en las tarifas de taxis y remises, en momentos en elevada inflación. Es casi una certeza que los mayores costos en el transporte serían trasladados a los precios de los productos que llegan a los consumidores.

Mientras el gobierno propone la creación de un nuevo impuesto, desde los sectores productivos se observa con recelo el incremento y la distribución del gasto público. De hecho, para cerrar las paritarias de 2013, el gobierno debió destinar 3.600 millones extras a lo que el Presupuesto estimaba para el rubro salarios.

Este año, para que existiera acuerdo en las paritarias fue necesario adicionar 5.800 millones a lo que estipulaba el Presupuesto 2014 para el mismo rubro.

El aumento de los costos salariales no sólo se produce por el incremento general de los sueldos públicos -lo que incluye el pago de subsidios para salarios de docentes de escuelas privadas-, sino también por la necesidad del Estado provincial de erogar más recursos para hacer frente al déficit de la Caja de Jubilaciones.

La discusión sobre esta posible nueva tasa se dará a partir de ahora en la Legislatura. Y tal vez sea ésta una buena posibilidad para rediscutir la distribución del gasto público provincial y de pensar en mecanismos que permitan generar mayores recursos para infraestructura, que no necesariamente representen la creación de un nuevo impuesto.

En el caso de las rutas y caminos provinciales, probablemente sea necesario analizar cada en particular, sin descartar la posibilidad de concesionar el mantenimiento de algunos caminos a través del cobro de un peaje.

Lo importante, en ese caso, será que el Estado ejerza un control adecuado sobre el trabajo de los concesionarios, para evitar las malas experiencias que se produjeron durante los últimos años tanto en Santa Fe, como en otros lugares del país.

La idea no parece haber sido planteada en el momento más oportuno.