|Insólito recurso ante la Justicia
Lázaro Báez pide censura previa para cuidar a Cristina
- Basado en la idea de que pudo haber sobornos para obtener información, el socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez, solicitó a un juez que prohíba la publicación de noticias sobre sus empresas.

El mayor contratista de obra pública de Santa Cruz hizo la petición en una presentación en el Juzgado Federal de Río Gallegos. Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral/Dyn
El empresario kirchnerista Lázaro Báez pidió hoy a la Justicia que le prohíba a todos los medios de comunicación dar información u opiniones de sus empresas y reclamó que se investigue a la Afip y la Unidad de Información Financiera (UIF) porque sospecha que pudo haber “pago de sobornos” a “funcionarios públicos” para obtener esos datos.
En la denuncia a la que accedió DyN, Báez pidió que se dicte una medida cautelar a “fin de que se ordene a los organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno” sobre información comercial de sus empresas.
El mayor contratista de obra pública de Santa Cruz -que era un empleado bancario hasta el primer gobierno de Néstor Kirchner en esa provincia- hizo la petición en una presentación en el Juzgado Federal de Río Gallegos, luego de una serie de notas del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación que informaban que la empresa Valle Mitre SA pagó varios millones de pesos para alquilar habitaciones en hoteles del matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.
El empresario, a través de su abogado Juan Pablo Gregori, dijo que se usó información comercial de la compañía y pidió que se investigue a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) como los presuntos organismos que dieron los datos.
“No se puede descartar, entonces, que funcionarios desleales de dicho organismo hayan sido quienes revelaron a los medios esas informaciones privadas y confidenciales”, sostiene la denuncia.
Agrega que con esa información “se afecta no sólo a la empresa sino a quienes la gobiernan, es evidente, en tanto con las notas periodísticas mencionadas se pretende insinuar, sobre la base de la utilización de la información ilegalmente obtenida, que ha existido una suerte de negociación espuria entre mi mandante y la familia presidencial”.
Adepa y Fopea
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), primero y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), después condenaron la pretensión de ponerle un bozal a la libertad de expresión.
La entidad que nuclea a los editores de diarios de todo el país sostuvo hoy que la Justicia podría incurrir en “censura previa”, en caso de aceptar una medida cautelar presentada por el empresario kirchnerista, mientras que el foro de periodistas consideró: “Es inútil un bozal para silenciar la información de interés público” y solicitó a la Justicia de Santa Cruz que “rechace” la medida.
Adepa planteó en un comunicado su más “profunda preocupación” y “exhortó” a las autoridades judiciales competentes “a rechazar in limine la medida cautelar solicitada, para preservar el derecho esencial a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya que ello es consustancial a la práctica democrática y republicana, máxime cuando se alude a presuntos negocios vinculados con funcionarios públicos”.