Nuevo intento de Diputados por sumar a Santa Fe a un protocolo internacional

Mecanismo provincial de prevención de la tortura

La iniciativa apunta a proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Oscar Urruty.

Foto: Prensa Cámara de Diputados

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados dio media sanción a la creación de un “mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes” y en caso de que el Senado acompañe la iniciativa, Santa Fe sería una de las primeras provincias en adoptar instrumentos ya aprobados por la Nación en cumplimiento a uno de los pactos internacionales a los que adhirió la Argentina en la reforma constitucional de 1994. Las primeras en hacerlo fueron Chaco, Río Negro y Mendoza.

Es la segunda vez que la Cámara vota unánimemente el asunto y en la anterior ocasión al no tener acompañamiento del Senado quedó trunco el trámite. La oficialista Alicia Gutiérrez (SI) es quien encabezó el expediente al que por tercera vez había otorgado estado parlamentario. En esta ocasión, la acompañaron con la firma sus pares oficiales Inés Bertero y Eduardo Di Pollina (PS); Verónica Benas (Pares), Griselda Tessio (UCR) y Susana García (CC-ARI) más los jóvenes kirchneristas Leandro Busatto y Eduardo Toniolli.

El objetivo del mecanismo es cumplir el mandato del llamado Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes firmado en Nueva York en diciembre de 2002. El Congreso argentino convalidó dicho protocolo mediante la ley 25.932 sancionada en septiembre de 2004.

El mecanismo provincial estará integrado por el “Comité provincial de prevención de la tortura” y los demás entes estatales, ONGs y movimientos sociales interesados en la promoción y vigencia de la aplicación de la convención contra la tortura.

En el recinto, fue Gutiérrez quien se encargó de fundamentar la iniciativa recordando que haber firmado el Protocolo le impone al país “el evitar y garantizar que las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado utilicen la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; de prevenir las violaciones de esta obligación así como de investigarlas, procesar a sus autores y sancionarlos con penas adecuadas a la gravedad del delito cometido, en caso de que se produzcan”.

El mecanismo provincial tendrá competencia sobre cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites provinciales, ya sea unidades penitenciarias, comisarías, institutos de menores, etc. Entre las funciones está la de garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de la libertad; promover el fortalecimiento de las capacidades de organismos estatales y no estatales que desempeñen funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención; visitar periódicamente los centros de detención, formular recomendaciones a las autoridades, prevenir este tipo de tratos y comunicar a las autoridades cualquier hecho y adoptando las medidas urgentes y necesarias.

El texto crea un comité provincial de prevención de la tortura de siete miembros (dos de ellos legisladores), con un mandato de cuatro años y desempeñarán ad honórem la función.

“Es un paso adelante para colaborar junto a otros órganos del Estado en controlar a las fuerzas de seguridad y en la promoción de los derechos humanos”, señaló Gutiérrez.

El caso de Rosario

Esta semana, Gutiérrez insistió en la necesidad de que el Senado sancione esta norma al conocerse el caso de dos estudiantes secundarios rosarinos que fueron encarcelados y que debieron soportar amenazas, abusos sicológicos y encierros desnudos.

“La realidad dice que algunos sectores de la policía siguen apelando a la tortura, por vestigios de la educación represiva, a pesar del esfuerzo del gobierno progresista”, señaló la diputada.

“Para evitar que esta herramienta pueda ser utilizada por las fuerzas de seguridad o de custodia de la democracia, es necesario aprobar una norma donde se recomiende un protocolo con ciertos estándares o criterios de actuación y promover su aplicación uniforme y homogénea por parte del mecanismo provincial para la prevención de la tortura y sugerir a los organismos públicos competentes la aprobación, modificación o derogación de normas, todo ello con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estas recomendaciones también deberán ser tomadas en cuenta en aquellas instituciones adonde las personas deban ser alojadas en carácter de permanentes, como institutos de niños, niñas y adolescentes, adultos o de salud mental”, acotó.

Piden efectivos de seguridad en escuelas y centros de salud

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Marcela Aeberhard (100% Santafesino) en el que manifiesta la enorme preocupación por los episodios de violencia que se producen en los hospitales públicos contra trabajadores y pacientes, como así también en varias facultades de Santa Fe y Rosario en contra de alumnos y docentes. A través de éste, se exige al gobierno provincial que garantice presencia policial efectiva y patrullajes en esas zonas.

Por su parte, Federico Reutemann (Producción y Trabajo) solicitó la asignación de policías de forma permanente, al dispensario del barrio Alto Verde. “Este pedido se basa en los innumerables reclamos de seguridad realizados por parte de los vecinos y empleados del lugar. La gravedad de los hechos de los últimos días hace que la integridad de quienes concurren al centro de salud esté permanentemente amenazada”, explicó.

En tanto, Maximiliano Pullaro (UCR) impulsa un proyecto de control a la policía a través de un programa que dispone de cámaras de seguridad (con sistema de captación de sonidos), en el interior de las comisarías, subcomisarías y destacamentos.

Mientras tanto, Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) se quejó de la indiferencia del Poder Ejecutivo a un proyecto de convivencia escolar presentado en 2011 donde pide que las escuelas incorporen un conjunto de principios y normas, capacitación docente y asesoramiento profesional para lograr una convivencia escolar saludable.

Marcela Aeberhard

Foto: Prensa Cámara de Diputados