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“No estamos en guerra con el Ejecutivo”

La Corte no objeta proyectos de “democratización” de la Justicia

Los jueces supremos expresaron su apoyo en general a la mayoría de las iniciativas enunciadas por la presidenta. Evitaron pronunciarse sobre la elección de consejeros y la restricción a cautelares.

De la redacción de El Litoral

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DyN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno se mostró a favor de la mayor parte de los proyectos de ley que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reformar el Poder Judicial, aunque omitió expedirse sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, ya que consideró que “es un tema del Congreso”.

Los siete ministros del máximo tribunal se reunieron ayer y trascendió que en general tomaron de buen grado las propuestas que anunció la presidenta, entre ellas que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, sobre el que se coincidió en “solucionarlo de alguna manera” y resolverlo “lo antes que se pueda”, informaron fuentes judiciales.

Además, los magistrados analizaron el clima interno que se vive en el Poder Judicial y coincidieron en bajarle el tono a las críticas que reciben del kirchnerismo: “No estamos en una guerra con el Ejecutivo”.

Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Helena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi tomaron contacto por primera vez, luego de que la presidenta Kirchner hiciera anuncios sobre una reforma judicial de siete puntos, el viernes pasado en el Congreso, al abrir las sesiones ordinarias de este año.

“Nos parece bien que se hagan estos planteos (respecto de los proyectos anunciados) y no estamos en una guerra con el Ejecutivo. Vemos la intención de crear un conflicto interno en el Poder Judicial y con el gobierno”, sostuvo un vocero de la Corte en relación a algunos medios de comunicación.

La fuente omitió abundar en consideraciones, sobre todo en el proyecto que plantea el voto popular para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, ya que los ministros creen que su constitucionalidad puede ser objetada por abogados y jueces, situación que deberá dirimir en algún momento el Alto Tribunal.

Tampoco hubo referencias a la limitación de las medidas cautelares, que la presidenta señaló que iban a reformarse, en el caso de que trataran cuestiones patrimoniales del Estado. El vocero también explicó que el Tribunal tiene “una responsabilidad histórica de lograr que haya un equilibrio y mantener una línea de principios” para colaborar con la gobernabilidad.

“Justicia legítima”

En la charla entre los jueces se criticó también la ausencia del ministro de Justicia, Julio Alak, al acto del martes pasado en el máximo tribunal por la apertura del año judicial y por los 150 años de la Corte. “Fue una decisión política de no mandar a nadie. No nos pareció bien. Son cuestiones de buen trato institucional. Lorenzetti y Zaffaroni fueron al Congreso y no pasó nada. No vamos a perder la cabeza porque no venga el ministro”, sostuvo la fuente.

En el acuerdo también se habló del surgimiento de “Justicia Legítima”, un colectivo de jueces, fiscales y defensores autoconvocados que reclaman cambios en el Poder Judicial y que están encabezados por la Procuradora General de la Nación (jefa de los fiscales), Alejandra Gils Carbó.

“Las peleas de vecinos no las compramos”, sostienen en la Corte y consideran que en el Poder Judicial “no hay un clima de fractura ni fundacional” ni se ve “una crisis”.

La fuente señaló que muchos de los que integran “Justicia Legítima” “son amigos y vienen siempre a la Corte”, pero se hizo notar, quizás para vincular al grupo con el gobierno, que los proyectos que impulsó el grupo en la Biblioteca Nacional “son las propuestas que hizo la presidenta”.

“Todos los ministros de la Corte coinciden en que el Poder Judicial tiene que cambiar”, concluyó la fuente.

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Lorenzetti, Zaffaroni, Highton, Argibay, Fayt, Maqueda y Petracchi tomaron contacto ayer por primera vez desde el discurso de Cristina ante la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo El Litoral

Inconstitucionalidad

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) pedirá la inconstitucionalidad de una eventual ley que establezca la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, tal como anunció la presidenta Cristina Fernández. El presidente del CPACF, Jorge Rizzo, adelantó que la entidad planteará la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que el artículo 114 de la Carta Magna fija que los abogados en el Consejo son elegidos por sus representantes.

“La Constitución habla de representación. Si se aprueba la ley se cometería una tamaña arbitrariedad, porque a los legisladores en el Consejo no los elige la gente, esa es una equivocación de la presidenta de la Nación”, criticó Rizzo.

El presidente del Colegio explicó que a los senadores y diputados que integran el Consejo “los eligen sus pares”, y que “los que los votaron en sus provincias lo hicieron para que sean legisladores, no consejeros”.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo además que las reformas “no serían conducentes para el mejoramiento del servicio de Justicia, sino que, por el contrario, lo entorpecerían fatalmente”.

El CPACF había pedido en 2006 la inconstitucionalidad de la ley 26.680 que redujo de 20 a 13 la cantidad de los miembros del Consejo con mayoría de integrantes de la política, en la que los representantes de los abogados pasaron de cuatro a dos. El amparo se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el planteo.

Ante la posible elección popular de los consejeros, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) también planteará la inconstitucionalidad de la norma.

Apertura

La Corte Suprema de Justicia de la provincia dispuso para mañana a las 11.30, el acto de apertura oficial del Año Judicial 2013, que será encabezado por la presidenta del Alto Tribunal, María Angélica Gastaldi, y del que participarán los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, Daniel Erbetta, y el procurador general Jorge Barraguirre. En la ceremonia, que contará con la presencia de autoridades provinciales, legisladores nacionales y representantes de diversas instituciones, se entregarán diplomas recordatorios a quienes cumplen 40 y 50 años de servicio en los tribunales provinciales. El acto se desarrollará en el Salón de Actos de la Corte (San Jerónimo 1551, 1er. piso).

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Punto por punto

La Corte Suprema dejó trascender su opinión positiva sobre la mayoría de los proyectos anunciados por la presidenta, aunque mostró reparos hacia el que cambia el método de elección de algunos miembros del Consejo de la Magistratura y evitó referirse a las limitaciones que se les quiere imponer a las medidas cautelares.

Elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación: “Es un tema para que el Congreso haga lo que le parece mejor. Sobre esa cuestión no opinamos porque nos puede llegar, ya que varias entidades anunciaron que van a pedir su inconstitucionalidad”, sostuvo una fuente. “El Consejo no funciona. Si le encuentran la vuelta, que lo hagan funcionar”, agregó sobre el organismo que se encarga de la selección y la acusación de jueces.

Pago del Impuesto a las Ganancias: la presidenta dijo que es un tema que debe resolver la Corte, porque en 1996 el Tribunal dictó una acordada por la que declaró la inaplicabilidad de una Ley que dispuso que los magistrados tributen ese impuesto. Desde la Corte, señalan que el tema se viene discutiendo desde el año pasado con la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de Magistrados y el gremio de empleados judiciales, pero que “no hubo acuerdo” para implementarlo. Desde la Corte, consideran que el tema puede generar una avalancha de juicios de jueces que sientan violado un derecho adquirido e inconvenientes en el funcionamiento de la Justicia por paros de empleados o jueces que son subrogantes que no quieran tomar juzgados por el recorte de ingresos.

Declaraciones juradas de jueces: explicaron que las declaraciones de los magistrados de la Corte son públicas, al igual que la del resto de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, ya que para ellos se aplica la Ley de Ética Pública desde 2005 a partir de una acordada de la Corte. “Las declaraciones no pueden ser colgadas en Internet porque muchos jueces tienen problemas de seguridad”, explicaron.

Publicidad de las causas judiciales: “Hace mucho que se aplica en la Corte. Todos los expedientes están registrados y se pueden seguir en qué estado se encuentra”, explicaron en el máximo tribunal y adelantaron que este año va a ocurrir lo mismo en la Justicia nacional y federal, cuando finalice el plan informático nacional.

Ingreso por concurso al Poder Judicial: en la Corte lo analizan desde el año pasado pero consideran que “es difícil su organización” .

Creación de nuevas Cámaras de Casación: se señaló que no hubo objeciones a la creación de tres nuevas Cámaras pero el vocero añadió que “hay que ver” los alcances del proyecto.



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