Sin acuerdo político

La Reforma Fiscal no está entre las preferencias

A la hora de las preferencias, los senadores del oficialismo no mencionaron al mensaje del gobernador sobre impuestos, que a la Legislatura fue girado por el Poder Ejecutivo el 18 de abril.

En otras palabras, durante la sesión de ayer del Senado no ocurrió lo que los senadores radicales y socialistas -y el gobernador Antonio Bonfatti- anunciaron en un comunicado de prensa el martes pasado: que sería pedida por el oficialismo una preferencia a la Cámara Alta, de mayoría justicialista.

Del mensaje del Ejecutivo que llegó hace un mes y medio no se habló en la sesión. Pero fuera del recinto, en los pasillos, fue el tema principal de conversación.

Hubo versiones para todos los gustos. Una indica que el mensaje será retirado por el Poder Ejecutivo y que ése sería el menú que más resulta del gusto del justicialismo. Otra que la letra del mensaje sería cambiada por el oficialismo, una vez que salde sus diferencias internas sobre cómo aumentar el impuesto inmobiliario urbano y rural sin que los contribuyentes paguen más por otros tributos nacionales (ganancias y bienes personales).

En realidad, sobre lo que discuten los senadores del radicalismo (una bancada que tiene 7 integrantes), el senador que tiene el socialismo (Miguel Lifschitz de Rosario) y la mayoría justicialista dividida en dos bloques (9 en total), es quién asumirá qué costos políticos por los impuestos.

En ese mapa de apoyos y disidencias con el proyecto de ley para subir los impuestos, dentro y fuera del oficialismo, otro aliado para el mensaje del Ejecutivo es el vicegobernador Jorge Henn.

Obviamente, el PJ ya ha expresado que prefiere que -antes del debate entre oficialismo y oposición- haya una sola posición entre radicales y socialistas, y que esos cambios se expongan públicamente.

En ese sentido, los peronistas de los dos bloques (ambos se reivindican kirchneristas) buscan la manera de no quedar incómodos, como en un brete: entienden los planteos que les formulan los dirigentes de las entidades empresariales del agro, pero tampoco quieren quedar mal con los funcionarios del gobierno nacional que balconean el debate de Santa Fe, tal como lo hicieron antes con el que ocurrió en la provincia de Buenos Aires (y disparó un paro nacional del agro).

El radicalismo ha jugado fuerte sus cartas y el socialismo parece dispuesto a ceder, porque el gobierno necesita fondos. Incluso, cada vez cobra más fuerza la idea de que paguen ingresos brutos las 20 empresas más concentradas (con facturaciones anuales superiores a los 50 millones de pesos) que hoy gozan de una excepción. Se trata de conglomerados exportadores de granos y otras industrias grandes que se ubican sobre todo en el sur santafesino y en Rafaela. De esa ciudad y lógicamente de Rosario provienen las mayores objeciones al aumento sobre ese impuesto a industrias.

La intención del gobierno provincial es que la Cámara de Senadores dé media sanción a la Reforma Fiscal antes del receso de julio, para el que resta un puñado de sesiones.

Aunque ayer no quedó claro qué ocurrirá con el mensaje que está en comisiones (y todavía el PJ no reanudó su análisis, debido a las disidencias públicas entre la UCR y el PS), en el Senado todos creen que habrá una media sanción antes de las vacaciones de julio.

Eso sí, nadie se anima a hacer pronósticos sobre qué ocurrirá en Diputados, donde hay kirchneristas que asumieron esa posición desde hace bastante más tiempo que los ex reutemanistas del Senado. Cuesta pensar que toleren aumentar el inmobiliario rural sin tocar al menos en parte los avalúos fiscales.