Tragedia de Once: no hay funcionarios imputados

Bonadío prohibe salir del país a Schiavi y directivos de TBA

El mismo juez federal que el viernes pasado le permitió al gobierno nacional ser querellante, ahora dispuso la orden sobre el secretario de Transporte y empresarios del ex Sarmiento.

De la redacción de El Litoral

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La Justicia Federal prohibió dejar el país al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, al sindicalista Antonio Luna y a directivos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), entre otros, en el marco de la investigación por la tragedia ferroviaria de Once.

Así lo confirmaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que el juez federal Claudio Bonadío dispuso esta medida para evitar que los mencionados puedan “fraguar pruebas o evadirse de la Justicia”.

De todas formas, cabe destacar que hasta hoy no existe ninguna acusación concreta sobre los involucrados: no hay funcionarios ni empresarios imputados.

La medida judicial -que está hoy en todas las tapas de los diarios de tirada nacional- afecta a Schiavi, recientemente dado de alta tras sufrir una afección cardíaca, al subsecretario del área ferroviaria, el sindicalista Antonio Luna, y a responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Tampoco podrán salir del país, por orden del juzgado, los hermanos Roque y Claudio Cirigliano, dueños de la empresa TBA, entre otros directivos de la concesionaria del servicio de la línea Sarmiento, de estrechos vínculos con el gobierno nacional.

Ventajas

El juez Bonadío había aceptado -el viernes pasado- como parte querellante en la causa al Estado Nacional.

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a víctimas del hecho, apeló la decisión del magistrado de tener como parte al gobierno.

El letrado recusó al juez para que deje la causa y lo denunció por el delito de “prevaricato” por considerar que dicta resoluciones contrarias a la ley, indicaron a DyN fuentes judiciales.

Antes de conocer la prohibición de salir del país dispuesta por Bonadío, Dalbón objetó la decisión del juez de tener al Estado como querellante porque -dijo- funcionarios y personas del gobierno “pueden resultar imputadas” en la causa.

Dalbón explicó que así le daba “la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación”.

El letrado consideró que Bonadío cometió una “flagrante violación” del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante “en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública”.

Advertencias desde 2005

El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, le entregó ayer al juez Bonadío un informe que el organismo realizó en 2009, en el que da cuenta de irregularidades en el uso de subsidios por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).

Despouy se presentó en los tribunales de Comodoro Py y se entrevistó con Bonadío, a quien también le dejó la auditoría aprobada el viernes pasado y otro de 2005 sobre la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), informaron a DyN fuentes judiciales.

Pedido de juicio político

La Coalición Cívica promueve en la Cámara de Diputados de la Nación el juicio político contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”. Con la firma de Elisa Carrió, el bloque presentó un proyecto responsabilizando al funcionario por la tragedia en la ex línea Sarmiento.

Los trabajadores desconfían

“Es fulbito para la tribuna”, graficó el delegado gremial del Sarmiento Rubén “Pollo” Sobrero la medida del magistrado de no dejar salir del país a Schiavi y a directivos de TBA.

Para el dirigente, con la intervención del gobierno a la empresa lo único que cambió es que “tenemos menos trenes”.

Respecto del juez que sigue la causa el líder sindical expresó: “sabemos quién es” al recordarlo como “hombre de la servilleta de Carlos Corach”.

Recordó que se trata del magistrado que ya dejó prescribir una de las causas de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte kirchnerista.

Sobrero advirtió que la inédita medida del magistrado es “para decir: ‘una de cal y una de arena’, acepto al gobierno de querellante y por otra parte, no los dejo salir del país”.

Señaló que lo concreto es que “acá los que van presos son los trabajadores, no los funcionarios”.

“Sí, tenemos menos trenes”, manifestó Sobrero ante una pregunta sobre si hubo cambios desde que el gobierno nacional tomó la decisión de intervenir TBA. Sobre la puesta en servicio de algunos micros, destacó: “yo soy ferroviario, no soy colectivero; es un parche para un par de días”.

En declaraciones por Radio El Mundo, el delegado gremial dijo que “estamos en un estado deplorable de los trenes, que están obsoletos y que era una locura tenerlos en servicio”.

Para el delegado al que el gobierno acusó durante 2011 de ser responsable de la quema de vagones (una causa en la que se demostró su inocencia), “esta es una Presidenta que no le gusta el movimiento obrero”. Expresó que los dichos de Cristina Fernández de Kirchner sobre los docentes son “los mismos que usaba Carlos Menem en los ‘90”.

“Si alguien nos hubiese tomado en cuenta, esto no hubiese pasado” en virtud de las reiteradas denuncias realizadas por los trabajadores de TBA sobre los problemas de seguridad en los trenes.

“Vas a los talleres no hay vidrios, no hay zapatas de freno: no hay nada. Nos tenemos que arreglar como podemos”. Y al lamentar las muertes en la tragedia de Once, ejemplificó con el caso de Lucas Menghini, al añadir que “no sé si le hubiésemos salvado la vida a Lucas; ahora que lo habíamos advertido, fue hace mucho tiempo y nunca fuimos escuchados”, señaló.