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Contra el decreto presidencial

Meretrices repudian la trata y reclaman derecho al trabajo

Proponen que la oficina de control de avisos que creó Cristina sea para “monitorear” la actividad y no castigar la publicación. Dicen que el delito a combatir no es el trabajo sexual, sino la trata y la esclavitud de adultos y niños.

“Tapar el problema no es la solución”, dicen desde Ammar, la entidad que representa a las meretrices en el país. Foto: Archivo

De la redacción de El Litoral

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“El gobierno no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas. Prohibir la publicación de anuncios sólo logra criminalizar nuestra actividad”.

Así comienza el documento de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.

Ammar -nucleada en la Central de Trabajadores Argentinos- advierte en el texto que “es sólo a través de la regulación del trabajo sexual que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país”.

Expone que “la lucha contra la trata de personas es un tema profundo y complejo. Lo sabemos, porque Ammar camina desde hace 15 años toda la Argentina.

“Nosotras, las integrantes de Ammar no somos tratadas, no somos obligadas, no somos secuestradas ni nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales”, exponen.

Tras aclarar que “repudiamos terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas”, Ammar celebra que haya políticas de Estado pero advierte que “la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que esta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios”.

Otro análisis

“No desconocemos que detrás de muchas de las publicidades se esconden casos de trata. Pero no podemos dejar de decir que muchas otras vienen de una fuente de trabajo legítima como es el nuestro”.

Expone la entidad que la creación de una Oficina de Monitoreo de publicación de Avisos para el trabajo sexual es importante, “pero no para monitorear su existencia, sino para detectar casos de trata de personas con fines de explotación sexual”.

“Tapar el problema no es una solución, mucho menos si conlleva la triste consecuencia de seguir avasallando los derechos de miles de personas que hacemos de la oferta de servicios sexuales por propia voluntad, nuestra forma de vida”. Y concluye recordando que la entidad pidió en vano reuniones con el jefe de Gabinete y con legisladores, en su intento por regular el trabajo sexual en el país.

Más proxenetas

Ammar dice que “prohibir la publicación de anuncios es una medida que sólo criminaliza nuestra actividad; motivará a aquellas compañeras más débiles, o que cuenten con menores recursos, a acudir a las redes de proxenetas y tratantes, que en complicidad con las fuerzas de seguridad y amparados en el ocultamiento y la marginalidad de su actividad, tendrán vía libre para ofrecer su ‘amparo’, haciéndoseles así más sencillo el seguir creciendo y fortaleciéndose, a costa de la explotación y esclavitud de las trabajadores sexuales”.

Los proyectos en la provincia

En septiembre del año pasado, los diputados provinciales Santiago Mascheroni y Antonio Riestra presentaban en la Legislatura un proyecto de ley para sancionar la publicación de avisos de oferta sexual.

La iniciativa estipulaba el cobro de multas a aquellos medios de comunicación (tanto gráficos como radiales y televisivos o Internet) que difundiesen estos avisos y que “de manera directa o indirecta”, promovieran la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenetismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución. El proyecto también disponía que se prohibiese la asignación y contratación de publicidad oficial del Estado con aquellos medios, empresas periodísticas o de comunicación que publicitaran o difundieran ese tipo de avisos.

Esta mañana y consultado por El Litoral, Mascheroni celebró el decreto de la presidenta; dijo que es “una buena noticia que allana el camino”, pero lamentó que a nivel provincial, su proyecto nunca trascendió la esfera de las comisiones ni se logró dictamen para que el tema llegase al recinto. Tiempo después, la diputada Alicia Gutiérrez sumó un proyecto similar, pero tampoco tuvo éxito.

Respecto de los alcances de la medida presidencial, Mascheroni interpretó que no tendría efectos prácticos en la provincia. “En todo caso -opinó-, el gobernador debería firmar un decreto similar pero que sólo podría avanzar sobre el otorgamiento de la publicidad oficial”.

Según habían estimado oportunamente Mascheroni y Riestra, cada fin de semana los principales diarios de la provincia publican en sus secciones de avisos clasificados “cerca de 500 anuncios dirigidos a consumidores del comercio sexual, que podrían encubrir modalidades de explotación de la prostitución ajena”.

“Es un avance”

“El decreto presidencial que prohíbe la publicidad de oferta sexual es un avance en la lucha contra la trata de personas y busca evitar la representación de las mujeres como objetos sexuales en nuestra sociedad”. Lo afirmó la concejala Adriana Molina al hacer referencia a la Norma Nacional Nº 936, anunciada en el día de ayer por la presidenta de la Nación.

Pese a esto, la concejala oficialista manifestó “sabemos que no es suficiente con la prohibición en los medios gráficos, ya que Internet es hoy un escenario difícil de limitar, sin embargo reconocemos esta medida como positiva”.

Con respecto a la limitación de avisos clasificados de este tenor, cabe recordar que en el mes de septiembre del año pasado se aprobó la Resolución 13.654, autoría de la edil, la cual planteaba que el Ejecutivo Municipal realizara acuerdos con los medios gráficos de la ciudad a fines de evitar la publicación de avisos clasificados que hicieran ofertas de trabajo dudosas o engañosas, las cuales podrían derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas. Dicho proyecto se presentó con motivo de conmemorarse el 23 de septiembre, el Día anual Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Mujeres y la Trata de Personas. Al respecto, Molina explicó “la mayoría de las relaciones laborales que se dan a través de avisos clasificados tienen como víctimas a mujeres pobres, poco escolarizadas, donde aparecen ofertas de trabajos muy bien remunerados, con condiciones flexibles que garantizan seguridad económica. Esta forma de engaño es una de las principales formas de reclutamiento de adolescentes y mujeres”.

Por otra parte la edil fundamentó “este tipo de prácticas están prohibidas por la Ley Nacional de Violencia de Género, la cual condena la violencia simbólica hacia las mujeres, y un claro ejemplo es aquella que a través de avisos clasificados transmite dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Asimismo, Molina recordó que “el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, refiere en su artículo Nº 9 que los Estados parte establecerán políticas, programas y otras medidas con miras a prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización, siendo la trata de personas, más que una cuestión de delito o migración, un problema de Derechos Humanos y una manifestación de persistente desigualdad y de subordinación principalmente de mujeres y niños de baja condición económica”.